Caso Walter Omar Benítez: las muertes violentas en contexto de encierro

El 7 de noviembre de 2001 Walter Omar Benítez, de 25 años y un hijo de once meses, aparecía suicidado en su celda del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza. Venía sufriendo diversas torturas físicas y psicológicas, incluso denunciadas y comprobadas ante el poder judicial. Había sido detenido en enero en el marco de una causa por “robo y lesiones”, estaba pidiendo su traslado a la cárcel de Devoto, y un mes antes Alberto Santa Marina, del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, había ordenado, a partir de un habeas corpus, que se garantizara su “integridad física” -el mismo magistrado quedó a cargo de la investigación por las circunstancias de su muerte-.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) aportó los videos de circuito cerrado del pabellón, postulando que había sido sancionado en reiteradas oportunidades por negarse a ingresos o insultos. La familia siempre sostuvo que no se había suicidado, y que “las palizas” eran “casi diarias”. “Había intentado escaparse de Caseros en 1998, y eso perjudicó a muchos penitenciarios (…), los volvió a encontrar, esta vez en Ezeiza, y le dijeron que se las iba a pagar”, sostuvo Vanesa, su novia. Durante la semana previa, Mario Natiello, abogado de Benítez, hizo la denuncia, lo revisó un psiquiatra, le dieron calmantes, y lo revisó el Cuerpo Médico Forense de Capital. Volvió a la cárcel el jueves a la madrugada y a las horas lo encontraron ahorcado.

Durante 2001, la cárcel de Ezeiza acumuló, al menos, cinco “suicidios” en contexto de encierro por parte de los detenidos. En este caso, la investigación interna terminó con un guardia suspendido y otro en disponibilidad. Luego, el proceso judicial identificó dos grupos de imputados: primero, los coautores del delito de “tortura seguida de muerte”, compuesto por los agentes que llevaron a cabo la requisa -en la que lo acusaron falsamente de poseer un elemento cortopunzante-, lo golpearon en esos días, fraguaron la escena, conformaron expedientes adulterados, e incluso el médico que certificó sin consignar lesiones; segundo, el funcionariado que encubrió por no evitar ni denunciar. Los acusados, en reiteradas oportunidades y hasta la actualidad, retrasaron su juzgamiento solicitando su nulidad y prescripción, sobre todo después del procesamiento de una veintena de responsables.

A fines de 2015, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó los procesamientos de veinte agentes del Servicio Penitenciario Federal: el caso da “cuenta de la existencia de una práctica sistémica muy arraigada en la actividad carcelaria”, que “presupone una discrecionalidad absoluta de ciertos funcionarios para maltratar a los detenidos sobre la base segura” de que “quedarán impunes y ocultos bajo una actividad administrativa de complicidad”, se leía en el fallo. Pocos meses después, el juez Santa Marina elevó la causa a juicio y solicitó que sean apartados “de toda función” que “implique cualquier tipo de relación, contacto o trato” con “personas privadas de su libertad y/o sus familiares y/o visitas”.

El requerimiento de elevación a juicio incluyó a 20 integrantes del Servicio Penitenciario Federal, organizados según distintos niveles de responsabilidad: Gilberto Figueredo, ex jefe de Turno del Pabellón "C" del Módulo VI del Centro de Ezeiza, que años después llegó a ocupar la dirección de la cárcel de Villa Devoto; Rito Ramírez, ex director del Módulo III; Antonio Ojeda, ex encargado general de la Sección de Requisa; Eduardo Sabe, ex jefe de la División Seguridad Interna; José Luis Fernández, jefe de la División del Módulo VI; Roberto Acevedo, ex jefe de Requisa; Idelfonso Escobar, ex auxiliar de la Sección Requisa Módulo III; Ariel Santorio, ex Adjutor Principal; los agentes César Cabrera y Ricardo Salao; los ex ayudantes de Juan Pablo Rondeau y Rubén Godoy; y Roberto Amarillo, ex encargado del Pabellón “C”, en su calidad de médico. El juicio, hasta el momento, no tiene fecha, no se llevó a cabo, y sirve como un emblema de la impunidad para las muertes en cárceles y contexto de encierro en nuestro país.