"El problema es habilitar un espacio sin regulación entre adolescentes y una fuerza de seguridad militarizada"

Por Juan Manuel Ciucci

Agencia Paco Urondo: Han presentado un amparo contra el Servicio Cívico Voluntario. ¿En qué se fundamenta este pedido? 

Asociación Contra la Violencia Institucional: El miércoles 21 presentamos, efectivamente, un amparo contra la Resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad que crea y pone en funcionamiento el “Servicio Cívico Voluntario en Valores” (SCV). Además de la Asociación contra la Violencia Institucional de la que somos parte, nos acompañaron Diputadas Nacionales, Legisladoras y Secretarias Generales de ATE, tanto del Ministerio de Seguridad de la Nación, como de la SENNAF. Si se quiere, las dos dependencias del estado que tienen injerencia en el tema. Solicitamos como medida cautelar que se suspenda la implementación del SCV. 

Principalmente nos centramos en tres cuestiones: primero en la falta de fundamento de la Resolución. La resolución no explica absolutamente nada. Ni como se va a desarrollar el Servicio, ni los motivos que impulsan al Ministerio a tomar esta determinación, ni que es lo que motiva al Poder Ejecutivo a utilizar una Fuerza de Seguridad Federal para fines completamente ajenos a sus funciones. En este sentido, entendemos que nos encontramos ante una resolución que al carecer de fundamentación es nula y por lo tanto no puede tener efecto alguno. 

Las otras dos cuestiones tienen que ver por un lado con los objetivos y las funciones que tienen las Fuerzas Policiales y de Seguridad, y particularmente la gendarmería, según las leyes que regulan sus funciones y que nada dicen sobre la posibilidad de que eduquen o formen a la sociedad civil. La educación de los/as habitantes de nuestro país debe estar en cabeza del Ministerio de Educación y del sistema formal de educación y esta Resolución va en contra de esto. Por último, el Estado tienen determinadas obligaciones con los niños, niñas y adolescentes fundamentalmente, en garantizar sus derechos básicos. Ahora bien, esos derechos no pueden ser garantizados de cualquier manera y de manera alguna puede colocarse a una Fuerza de Seguridad a cumplir con funciones de capacitación, formación en valores o cualquier otra cuestión similar, de niños, niñas y adolescentes. 

APU: ¿Cuáles son los principales problemas que acarrea la norma? 

ACVI: Además de los problemas mencionados anteriormente, entendemos que la implementación del SCV posibilita que una Fuerza de Seguridad con una estructura militarizada este en contacto permanente con niños, niñas y adolescentes. Tarea para la que, además de no estar capacitados, es completamente ajena a sus competencias y a su formación. Otro de inconvenientes es que la resolución nada dice sobre cómo se desarrollará este “Servicio”, no se especifica cual será el contenido de los programas y si bien se establecen objetivos mínimos del mismo nada tienen que ver con las funciones que tienen una fuerza de seguridad. El problema central es habilitar un espacio de contacto directo y sin regulación alguna entre niños, niñas y adolescentes y una fuerza de seguridad militarizada. 

APU: Es preocupante la participación que se le brindaría a la Gendarmería, tan criticada en este último tiempo... 

ACVI: Es preocupante la participación en sí misma de la Fuerza en un programa de estas características. Sumado a la situación de poner en cabeza del Ministerio de Seguridad un programa que en caso que el gobierno esté preocupado por la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes tal como pretende fundamentar con la creación del SCV – cosa que sabemos que no es así, entre otras cosas por el recorte que han sufrido todas las políticas públicas dirigidas hacia el sector (hace poco se conoció que el 50% de los chicos/as menores de 14 años son pobres) – debería estar articulado por el Ministerio de Educación y Desarrollo Social en todo caso. Entonces, lo preocupante es que se intente instaurar una política de seguridad o de control de nuestros niños, niñas y adolescentes, con falsos fundamentos educativos y/o sociales. Nada tiene que hacer el Ministerio de Seguridad, ni las fuerzas que de él dependen, en una política de este tipo. Y en ese sentido es indistinto que sea cualquiera de las fuerzas, aunque pueda resultar atinado hacer la apreciación específica de los casos de violencia institucional en los que participó la Gendarmería Nacional. 

Sumado a la preocupación específica que genera que una fuerza militarizada esté en contacto permanente con adolescentes, sin marco de regulación y realizando una tarea completamente ajena a sus funciones, lo cierto es que estamos atravesando desde finales de 2015 un recrudecimiento de la violencia institucional por parte de las Fuerzas Federales con la particularidad que la Ministra Bullrich y el poder ejecutivo en general vienen justificando y habilitando ese accionar violento. Sumado a que ese discurso legitimante de la violencia institucional por parte del poder político genera un recrudecimiento de la violencia social a nivel general. No podemos dejar de relacionar esta legitimación con lo que sucedió ayer con el homicidio a golpes del hombre que sustrajo queso, aceite y chocolate de un Coto. 

Esta legitimación de la violencia, no solo repercute de manera directa en el personal policial y de las fuerzas de seguridad, sino que también tiene consecuencias a nivel social general. Se genera un clima en el que cualquier medio es adecuado para defender “lo nuestro”, un “vale todo”. En este contexto es donde se quiere implementar una medida de este tipo y eso no debemos perderlo de vista. 

APU: ¿Cómo analiza esta propuesta gubernamental? ¿Por qué cree lo han presentado ahora? 

ACVI: Desde nuestra óptica y análisis es completamente una barbaridad. Y más allá de que pueda señalarse como una medida del gobierno destinada a captar alguna voluntad electoral – cosa que no funcionó – es una medida que tiene el peligro de ejecutarse. O sea, puede ser que haya sido pensada como un mensaje dirigido a captar voluntades electorales, pero lo cierto es que, si no se frena, va a volverse operativa y va a traer consecuencias concretas en nuestros pibes y pibas, con todo el peligro que ello configura. Ese es el motivo fundamental de haber presentado este recurso. 

APU: ¿Qué pasos quedan por seguir una vez realizada esta presentación? 

ACVI: El amparo está recién presentado, está interviniendo el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12. Resta aguardar la resolución del juzgado que determine si nuestro pedido tiene fundamentos suficientes para suspender los efectos del SCV, declarar su nulidad e impedir que el Poder Ejecutivo pueda desarrollar el programa. Creemos que los fundamentos son más que suficientes para que nos den la razón. Nada tienen que ver las Fuerzas de Seguridad con la educación de nuestros pibes y pibas.