Numerosas fallas judiciales en conflictos que afectan a chicos y chicas

Los procedimientos judiciales en conflictos entre adultos y adultas tienden a descuidar la tutela de los derechos de niñas, niños y adolescentes, igual que en casos en que padres o madres están privados de libertad y en otros por denuncias de violencia sexual que no llegan a sentencia o cuando esta se cumple, lo que las y los expone a revinculaciones forzadas, según trabajos presentados al Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia que se realizó en Córdoba.

Las presentaciones hicieron notar también la necesidad de que el Estado redoble esfuerzos para que chicas y chicos que quedan fuera de su núcleo primario obtengan acogimiento familiar sustituto y que disminuya la derivación a instituciones, ya que en la primera opción su desarrollo y su trayectoria social y educativa es muy superior a lo que sucede en la segunda.

Uno de los trabajos propuso un cambio conceptual para el embarazo adolescente, y reemplazar la figura habitual del "embarazo no deseado" por el de "embarazo forzado", para que las instituciones y la sociedad en su conjunto tomen nota de la violencia sexual que procede la gestación por niñas y adolescentes.

Esas y otras propuestas fueron expresadas en ponencias acogidas en el Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia que organizó la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba del 16 al 18 de noviembre, con participación de autoridades nacionales y provinciales, así como representantes de UNICEF, el Comité de Derechos del Niño de la ONU y el Instituto Interamericano del Niño (OEA).

Niñas, niños y adolescentes con madres y padres privados de libertad, que eran 217 mil a 2021, tienen graves dificultades para mantener el vínculo, por falta de espacios apropiados en las cárceles, donde además sufren atropellos a su dignidad, dice la ponencia de Andrea Casamento, coordinadora de la Red Internacional de Mujeres Familiares e integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.

Además, estas niñas y niños deben asumir a menudo funciones de adultos y adultas, como cuidar a hermanos, y en escuelas, hospitales y otras instituciones el personal no está preparado para darles apoyo por su sentimiento de vergüenza por tener un familiar preso y frente a la estigmatización que a menudo padecen.

El mismo tema fue enfocado en la presentación del Ministerio Público Tutelar de Ciudad de Buenos Aires, que advirtió que las y los operadores judiciales deben tomar en cuenta acciones de protección y promoción de derechos esenciales de chicas y chicos y que es necesaria la coordinación entre juzgados que disponen privación de libertad de adultos y adultas y las áreas estatales que deben trabajar con las familias involucradas.

"Las vulneraciones de derechos preexistentes" que afectan a estos chicas y chicos, en su mayoría de familias empobrecidas, "se profundizan a partir del encierro de sus referentes".

La conflictividad judicial en las familias, advirtió otra ponencia, afecta gravemente el bienestar de niñas y niños, que a menudo no son escuchados, frente a lo cual un grupo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba propuso un modelo de restauración de derechos en el que la prioridad no sea el interés de adultos y adultas.

El objetivo, dice el texto, "es crear un ambiente sin hostilidad ni amenaza, haciendo especial énfasis en los intereses y las necesidades tanto de los niños, niñas y adolescentes, como de las relaciones familiares".

En el mismo campo, operadoras del Poder Judicial de Oliva, Córdoba, dijeron en una presentación que la Argentina padece un vacío legal ante situaciones de conflicto adulto que deriva en traslado dentro del territorio nacional.

Aunque la normativa vigente proclama la observancia del interés superior del niño y de la niña, afirman, el traslado sin consentimiento no tiene mención expresa, pues el Código Civil y Comercial, que rige desde 2015, menciona únicamente los "actos trascendentes" referidos a chicas y chicos.

La falta de previsión y los desacuerdos ante traslados derivan frecuentemente en conflictos judiciales en los cuales no se toma en cuenta el derecho de la niña o niño a ser oído, establecido por la Convención. También reclaman que se tome en cuenta el principio de "autonomía progresiva", incluido en el Código.

Por su parte, Albana Cruseño y Melisa Romano, del Programa de Prevención y Atención al Maltrato a las Infancias y Adolescencias de Mendoza, reclamaron la diferenciación conceptual que permita comprender que cuando una niña o adolescente queda embarazada por un miembro de su familia hay un acto de evidente violencia sexual que no puede quedar disimulado en la calificación "embarazo no deseado", empleado en numerosos ámbitos.

Embarazo forzado es, sostienen, el enunciado que debe primar frente a actos de violencia que, según datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud de la Nación, tuvieron como víctimas a 1.938 niñas de menos de 15 años que dieron a luz solo en un año, 2019.

El trabajo dice que además de los riesgos físicos que un embarazo y parto representan para una niña o adolescente, hay que tomar en cuenta el impacto emocional de la violencia, la culpa y el silenciamiento. Asimismo, agrega, se observan situaciones de “ambivalencia afectiva hacia la figura agresora”, lo que requiere personal estatal capacitado especialmente.

Un grupo de especialistas de CONICET y de la Universidad Católica de Mendoza presentó al Congreso Mundial una investigación que demostró que niñas y niños que pasaron por sistemas de acogimiento familiar alcanzan un desarrollo muy superior a quienes estuvieron en instituciones.

La separación de la familia original por vulneración de derechos, como maltrato o violencia, deriva por lo común en esas dos posibilidades, pero es con las familias sustitutas donde se observan "desarrollos familiares", con mejores resultados en la socialización, educación y superación de los llamados "problemas de conducta".

Por eso sostienen que los Estados deben poner el esfuerzo en esta posibilidad, en lugar de llevar a niñas y niños a instituciones que, en no pocos casos, no despliegan acciones que permitan la inserción social, la recuperación escolar y la salida laboral.

El Congreso en Córdoba recibió en total 200 ponencias, varias de ellas de otros países. Entre otros temas, expresaron:

- La provincia de Santa Fe está registrando un “fuerte crecimiento” de la institucionalización de niñas y niños que requieren medidas de protección excepcional, con un promedio de duración de 904 días, muy por encima de los plazos establecidos en las normas.

- Las decisiones judiciales que obligan a revincular a niñas y niños con padres que los agredieron sexualmente se adoptan a menudo sin conocimiento, prevención y acompañamiento necesarios.

- El acoso sexual callejero persiste en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres.

- Una parte de los adultos que consumen por internet material pornográfico que incluye explotación sexual infantil niega que chicas y chicos sufran algún tipo de daño o perjuicio según una ponencia.