Cientificidio: el plan del gobierno para el sector científico-tecnológico

Desde el comienzo del gobierno de Javier Milei, la ciencia y la tecnología en Argentina están pasando por uno de los peores momentos de su historia. Esto forma parte de una situación más general, muy grave, que está viviendo el pueblo argentino. Porque el actual gobierno está haciendo un daño enorme a los trabajadores, a los jubilados, a los empleados estatales y a todos los sectores de la sociedad que considera población sobrante, descartable, de una manera que no se había visto nunca antes.

En el marco de una remarcación desenfrenada de precios, sobre todo de alimentos, sin ningún control del Estado, la devaluación de casi el 120% de diciembre del 2023 y el brutal ajuste económico que la siguió, basado esencialmente en recortes a las pensiones, jubilaciones y transferencias a las provincias y en el congelamiento de salarios, pulverizaron en estos seis meses el poder adquisitivo de la mayoría de la población. A esto se suman los despidos del sector público, la paralización de la construcción, la caída de la actividad en la industria y una política exterior de sumisión colonial y de entrega absoluta de la soberanía nacional. En el paroxismo de su desprecio y crueldad hacia los que menos tienen, este gobierno esconde y deja que se pudran toneladas de alimentos, antes de entregarlos a los comedores populares, donde chicos y grandes están pasando hambre. La distopía imaginada se ha hecho realidad y un gobierno payasesco y cruel, que promociona la injusticia y reivindica los peores sentimientos y valores de la sociedad, nos está llevando vertiginosamente a la destrucción de la Argentina como nación.

En el sector CyT, como lo señala la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, se está cometiendo un verdadero cientificidio. Las principales medidas que han impactado con mayor inmediatez y dureza están relacionadas, en primer lugar, con la disminución de recursos en todos los organismos de CyT y el ahogo presupuestario de las universidades públicas. El gobierno está incumpliendo además la Ley 27.614, que establece el incremento progresivo y sostenido del Presupuesto Nacional destinado a la CyT. Por otro lado, la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, que está a cargo de algunas de las funciones del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), ha paralizado o disuelto todos los programas que llevaba a cabo el MINCyT y en el primer semestre ejecutó menos del 2% de su presupuesto anual. Asimismo, la inflación interanual del 280% ha licuado los fondos para funcionamiento transferidos a los institutos y centros de investigación. Los salarios del personal del sector (científicos, técnicos, becarios y administrativos), ya de por sí bajos al inicio de esta gestión, han perdido más del 25% de su poder adquisitivo en los últimos seis meses. Se ha despedido a más de 200 empleados administrativos que cumplían funciones esenciales y hay aproximadamente 1.200 más cuyo vínculo laboral podría culminar el 30 de junio próximo. El CONICET redujo el número de becas doctorales de este año en un 50% (de 1300 a 600) y los nuevos ingresos a las carreras del investigador y personal de apoyo se encuentran paralizados. Huelga decir que estas políticas están alentando muy fuertemente una nueva fuga de cerebros.

Hay, además, una indefinición presupuestaria para la continuidad de proyectos de desarrollo nuclear como el CAREM, el RA-10 y el plan de medicina nuclear. En el caso del INTI está en marcha una reducción del 30% de su estructura, que conlleva el cierre y desmantelamiento de todas las unidades de extensión provinciales que brindan asistencia técnica y capacitación a entramados productivos locales. Por otra parte, si se diera curso a la “Ley Bases” que, al momento de escribir estas líneas, tiene media sanción en el Congreso, se dejaría en manos del Poder Ejecutivo Nacional, entre otras medidas, la facultad de modificar las funciones, reorganizar y disolver, total o parcialmente todos los organismos descentralizados, entre los cuales se encuentran gran parte de las instituciones de CyT. Como lo señalaron en la carta enviada al presidente Milei los 68 premios Nobel de ciencias:

El sistema argentino de ciencia y tecnología se acerca a un peligroso precipicio y nos desesperamos ante las consecuencias que esta situación podría tener tanto para el pueblo argentino como para el mundo.

En términos similares se ha expresado recientemente la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), así como empresarios y cámaras de PyMEs del país, entre otros sectores.

El cientificidio que se está llevando a cabo tiene un objetivo muy claro. Milei y su gente, como ellos bien lo dicen, buscan “destruir el Estado desde adentro”. Y para ello se proponen eliminar de raíz la identidad y las capacidades acumuladas por el estado argentino a lo largo de su historia en materia de leyes y derechos laborales, educación, salud, ciencia y tecnología, política previsional, entre otras. Si en algún momento esta situación cambia y asume, como ha ocurrido en otras etapas del país, un gobierno que tenga al menos una mínima perspectiva de desarrollo más industrialista y soberana, el objetivo del gobierno actual es que sea imposible, o al menos muy difícil, reconstruir estas capacidades que tiene la Argentina y poner en práctica derechos elementales. Por ello, el ataque al sistema científico tecnológico argentino es el ataque a sus capacidades desarrolladas y a sus potencialidades para construir un país más justo, equitativo y soberano.

El proyecto que impulsa el gobierno de Milei no necesita de la ciencia y la tecnología porque se propone convertir a la Argentina en un país de economía primarizada, que en el mapa geopolítico mundial y de América Latina posibilite los negocios de los sectores de poder locales transnacionalizados y las empresas multinacionales con intereses en energía, minerales, alimentos y otros recursos naturales. Un complejo CyT como el que, con contradicciones y dificultades, ha logrado construir la Argentina representa un impedimento para la consolidación de este proyecto.

Para poder llevar a cabo esta tarea, el plan de Milei y sus seguidores consiste, por un lado, en paralizar, desfinanciar, desmantelar, sub ejecutar presupuesto, e impedir el funcionamiento de las instituciones y recursos del sector con medidas concretas como las ya mencionadas. Por otro lado, poniendo al frente de los organismos e instituciones de CyT a personajes sin experiencia, aptitudes, ni voluntad, para ejercer las funciones para las que son nombrados. No se trata de improvisación, como algunos suponen. Es parte del mecanismo de destrucción, que suma además la mentira, y la provocación. Tal el caso de la designación de Lilia Lemoine como 1ª secretaria de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados de la Nación, quien ha asegurado, entre otras manifestaciones, que la Tierra es plana, duda de que el hombre haya llegado a la Luna y ha difundido teorías conspirativas sobre el coronavirus. Este personaje se fotografía con el presidente del CONICET, Daniel Salamone, quien festeja su designación y es capaz, como lo ha demostrado, de censurar publicaciones de becarios e investigadores del organismo si se lo ordenan, de mentir sobre el presupuesto de la Institución y sobre la productividad de sus investigadores. O de vanagloriarse del ajuste que está llevando a cabo en el CONICET con los despidos de empleados y la reducción de las becas doctorales. Con estas acciones, los funcionarios de Milei buscan amedrentar, dilatar respuestas y distraer la atención sobre la magnitud del daño que se está produciendo en el sector, mientras este ocurre a pasos acelerados.

Por eso, en el caso de algunos de estos funcionarios, como el presidente del CONICET, cabe preguntarse si la comunidad de CyT nacional debe aceptar, y más aún naturalizar, como está ocurriendo, que uno de sus integrantes sea el responsable de tomar medidas que efectivicen la destrucción del organismo. O si, por el contrario, es necesario ponerle un límite a quienes, siendo integrantes de la comunidad científica, habiendo usufructuado de la universidad pública y realizado sus carreras pagadas por el estado argentino, presten abierta y desembozadamente su concurso para la destrucción de la ciencia y la tecnología del país. Más allá del hecho político que representa exigir su inmediata renuncia, es apropiado asumir que se trata de un imperativo ético.

Está claro que el sector de ciencia y tecnología en Argentina no se puede salvar solo. No hay posibilidades de modificar esta situación si no es en conjunto con aquellos sectores de la sociedad que, o porque no votaron a este gobierno o porque comienzan a darse cuenta que está llevando el país a su disolución, estén dispuestos a ponerle un límite a la actual situación. La extraordinaria marcha en defensa de la universidad pública y gratuita que tuvo lugar el 23 de abril es un claro ejemplo del camino a seguir, así como las movilizaciones y paros emprendidos por las centrales sindicales y movimientos de trabajadores. Porque lo que está en juego en esta etapa histórica de la Argentina es la existencia del país como nación y la posibilidad de un futuro digno para las próximas generaciones.

* El contenido de este artículo es parte del editorial del N° 12 de la revista Ciencia, Tecnología y Política publicado en mayo del 2024. El autor es investigador emérito CIC-BA y director de la revista Ciencia, Tecnología y Política y miembro de la RedPLACTS gbilmes@gmail.com