Jujuy: la empresa Ledesma (de los Blaquier) suma 9 muertos por su irresponsabilidad con los trabajadores
Por Fernando Latrille
La empresa Ledesma de Blaquier, con más de 221 trabajadores que contrajeron Covid-19, con 80 recuperados y 9 fallecidos -Ledesma solamente reconoce 7 muertos por Covid-19-, no cumple con las medidas adecuadas en reguardo del personal. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), Rafael Ariel Vargas, realizó una denuncia penal por el delito de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa en contra de los responsables de la empresa Ledesma.
Desde finales de marzo con el conocimiento de la pandemia desde la Federación Azucarera Regional habían enviado un comunicado a todo el empresariado de Salta y Jujuy, desde los sindicatos de los Ingenios: Tabacal, San Isidro, Río Grande, La Esperanza, “planteando a las patronales la necesidad de realizar los comités mixtos, los protocolos, para poder salvaguardar las vidas de los compañeros y de sus familias. No nos dieron importancia, fue pasando el tiempo y lo denunciamos ante el Ministerio de Trabajo”, contó en diálogo con AGENCIA PACO URONDO Rafael Vargas. “Veíamos que se incumplía licenciar a los mayores de 60 años, lo que sucedía con el transporte”, señala. Fue en julio cuando lograron sentarse desde el sindicato en el Ministerio de Trabajo y representantes de la empresa Ledesma. Plantearon que necesitaban bajar la circulación de las personas y que sean licenciadas las personas mayores de 60 años.
Rafael Ariel Vargas que terminó realizando una denuncia penal el 27 de julio- dado que lo planteado no ha tenido respuesta aún por parte de la empresa-, expresó que los responsables son Javier Goñi quien es gerente general de la empresa Ledesma y Diego Paredes, responsable médico del departamento medico de Ledesma. A Goñi lo denunció por considerarlo responsable de la toma de decisión de mantener el número de trabajadores activos de la planta habitual y aglomerar así la mayor cantidad de trabajadores, en contra de las recomendaciones, exigencias y prácticas adoptadas por el resto de las empresas de la Provincia. La empresa argumentó que tenían que producir al máximo su capacidad, privilegiando los ingresos monetarios y no la salud de les trabajadores. Al responsable médico, Diego Peredes, lo denunció por no otorgarles a trabajadores las licencias que por derecho le correspondían, porque recibiendo órdenes del directorio, debía mandar a trabajar a la mayor cantidad de trabajadores.
También Vargas señaló en su denuncia penal que dentro de la empresa Ledesma rige el viejo aforismo del derecho indiano: “Se acata, pero no se cumple”. Desde la empresa redactan los protocolos de manera unilateral, pero no hay cumplimiento. Señaló que un compañero trabajador de la sección Ingeniería de Campo que maneja la retroexcavadora, su esposa contrajo Covid- 19, y él estuvo con síntomas de la enfermedad y desde la empresa Ledesma lo sabían a través del encargado, igual lo hicieron pernoctar en El Talar compartiendo los ambientes comunes con otros empleados. Así también- en su denuncia penal-, expresó que “en los trailers de traslado, no ponen alcohol, a pesar de que tienen una destilería y los compañeros viajan hacinados, sin guardar la distancia de bioseguridad”.
“La exposición de los trabajadores también se produce, porque la empresa Ledesma aún desde los momentos más críticos de la pandemia no ha reducido sus actividades con empresas tercerizadas, que cumplen tareas que no comprometen la producción de azúcar y ni del alcohol, productos ‘esenciales’. Por ello en el complejo agroindustrial, hay circulando trabajadores de otras provincias de manera innecesaria”, señaló en otro párrafo de su denuncia el Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Azúcar del Ingenio Ledesma.
Vargas enumeró la problemática: “El doctor Paredes que manda a trabajar a los compañeros con síntomas, con problemas de salud; no se está cumpliendo licenciar a los pacientes con dificultades crónicas; no se hacen testeos; no hay un control ni seguimiento de los pacientes; la ART brilla por su ausencia, no hay una prevención; los elementos de seguridad que se entregan no son de calidad y tenés que estar siguiéndolos para que te los puedan dar”, expresó y agregó que por todo “ese mar de problemas es que estamos transitando una conciliación obligatoria por 7 días de paro que se venció el miércoles 5 de agosto y se extendió por cinco días más hasta el 12 de agosto que vence la conciliación y estaríamos facultados para tomar las decisiones que sean necesarias”.
El sindicalista afirma “que esto no da para más, se está agravando, tenemos 9 compañeros fallecidos y éste problema que tenemos con la empresa se ve mucho más complejo cuando tenemos un sistema de salud cuando lo peor que puede hacer es mentirnos porque no se están haciendo los testeos, los compañeros se nos están muriendo en sus casas no están alcanzando las camas”, señala Vargas.
Juan Barrionuevo, de 64 años, fue uno de los fallecidos por Covid-19 de la empresa Ledesma. Con casi 50 años de antigüedad. Responsable con su trabajo no quería faltar, su familia y sus compañeros más cercanos lo aconsejaban para que pidiera la licencia por su edad pero él no quería faltar “no quería que su jefe se enoje”, cuentan sus compañeros. “Responsabilidad, sentido de pertenencia…temor…no sé. Pero los encargados de cuidarlo no lo hicieron”, expresa un compañero. “Siempre hablaba de sus hijos y su sueño que se truncaba año tras año, viajar para reencontrarse con su hija que vive en Estado Unidos y no la veía desde hace años. ‘Me jubilo y me voy’, decía mientras miraba las fotos de su hija por Facebook. Tenían que cuidarlo…no lo hicieron”, describió un compañero de trabajo.
“Ledesma es patrón de todos los políticos. Domina el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El gobernador Gerardo Morales denunció penalmente a la minera Exar con 200 casos positivos. Ledesma blanquea más de 200 y 7 muertos, según ellos, y el Gobernador no dice nada, ¿raro no?”, dice Rafael Vargas que entró a trabajar en Ledesma en 1996 y que desde 2011 está al frente como Secretario General del SOEAIL al ser consultado sobre la actuación del gobernador.
Morales que vaticinaba en marzo que Capital Federal y el conurbano bonaerense iban a explotar, hoy tiene en Jujuy a una de las empresas agroindustriales más importantes del país y de América Latina, como Ledesma que construyó su poder económico gracias a beneficios y prebendas del Estado durante la dictadura de Onganía y que en la década de 1970 la ubicó primera como grupo de empresas beneficiadas por las políticas estatales que posibilitaron el proceso de concentración y centralización de la economía. Cuando hablamos de la última dictadura cívico militar empresarial en Argentina, Ledesma está entre las empresas responsables con los hechos represivos donde “directivos y altos empleados de Ledesma SAAI se involucraron en los secuestros de los trabajadores, algunos de los cuales se produjeron en la misma fábrica. Asimismo, hay elementos de sobra que subrayan el uso de camionetas y listas de personas a detener que fueron provistas por la compañía”, como afirmó el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad realizado en conjunto por la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Centro de Estudios Legales y Sociales , entre 2014 -2015.
“Ante la sorpresiva medida de fuerza anunciada por el SOEAIL para mañana 4 de agosto, informamos que la jornada de trabajo será normal porque continúa vigente la conciliación obligatoria”, expresó Ledesma en un comunicado donde lamentó las muertes diciendo: “Asimismo y dada la difícil situación que vive la comunidad hemos organizado para el día viernes 7 de agosto, en cada uno de los turnos, un homenaje en memoria de nuestros trabajadores fallecidos durante la pandemia”. Eso sí, la función debe continuar, les trabajadores deben concurrir a su puestos de trabajo más allá de la edad que tengan, como si no hiciese falta licenciarlos, al igual que cumplir con las medidas de seguridad para los mismos que desde el gremio reclaman.