A 40 años de la sospechosa muerte del Obispo de San Nicolás Horacio Ponce de León

Por Fernando Latrille*

El 11 de julio de 1977 el Obispo de San Nicolás Carlos Horacio Ponce de León perdió su vida en la Ruta Nacional número 9, kilómetro 212, partido de Ramallo. Existen pruebas que obran en la causa que se reabrió en el año 2004- por el impulso en ese momento del fiscal federal Juan Patricio Murray y que continúa la fiscal Paula Moretti- que investiga su deceso para creer que no se trató de un accidente de tránsito la circunstancia de la muerte acaecida en la tarde de ese día luego que una camioneta Ford F-100 conducida por Luis Antonio Martínez se le cruzó en forma transversal en la marcha al Renault 4L que conducía el Obispo que en esa mañana se dirigía de San Nicolás a la ciudad de Buenos Aires.

Cuatro personas fueron los protagonistas: Ponce de León que estaba acompañado por Víctor Martínez, el conductor de la camioneta y un acompañante. Del estudio realizado por la fiscalía federal sobre el expediente que tramitó ante el poder judicial ordinario en lo penal del Departamento Judicial de San Nicolás en el año 1977 se concluyó que la investigación no había agotado las diligencias necesarias como para llegar a un estado de certeza de que se trató de un accidente.

Como así también, la existencia de la denuncia formulada en el año 1984 por Víctor Oscar Martínez ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Por todo ello, se pidió la reapertura de la causa que ya lleva trece años y que desde organizaciones sociales y de derechos humanos como lo es la Mesa de la Memoria por la Justicia Regional, entre otros organismos, solicitan al juez Bailaque el inicio del juicio ya que existen demasiados elementos en la investigación para justificar ese pedido.

 Son muchas las anomalías detectadas en aquel expediente de 1977 para asegurar que la muerte del Obispo fue un accidente: a) no se practicó luego de la muerte de la víctima examen médico externo del cadáver por parte del médico de policía o perito médico forense como para determinar evidentes las causas de la muerte que desaconsejaran practicar la correspondiente autopsia tal cual lo indica el Código Procesal Penal; b) tampoco se agregó al expediente certificado médico alguno que estableciera las causas de la muerte de la víctima, sino solo un supuesto “testimonio” de la historia clínica, de la Clínica San Nicolás; c) el certificado de defunción agregado tampoco hace referencia a la presentación de certificado médico alguno que establezca la causa de la muerte; d) no se practicó pericia accidentológica por parte de perito policial en dicha especialidad, ni de perito ingeniero mecánico que estableciera en forma fehaciente e inequívoca o presuntiva la mecánica del siniestro.

 Por otro lado, se ha colectado una serie de prueba documental, testimonial e instrumental desde la fiscalía que acreditó-en forma fehaciente- que el Obispo estaba siendo objeto de operaciones de inteligencia por parte de los órganos represivos de la dictadura cívico militar, como también que recibía en forma constante amenazas de muerte como lo acredita la correspondencia epistolar presentada por el presbítero Roberto Teodoro Amondarain donde de puño y letra de Monseñor Ponce de León le escribe: “[…] Hoy he recibido 2 amenazas de muerte-y otra de volar el edificio […]”, despidiéndose del mismo con, “[…] un abrazo y hasta el 22 o hasta el cielo[…]”, carta fechada el 12 de julio de 1975.

También, existen documentos que acreditan la condición de perseguido de Monseñor Ponce de León por parte de las autoridades militares y los organismos de inteligencia que tenía origen en la Jefatura del Área Militar 132 a cargo del entonces teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, particularmente el informe que dirige al jefe de la Zona 1 y del primer cuerpo del ejército, general de división Carlos Guillermo Suárez Mason, fechado el 16 de diciembre de 1976, refiere: “[…] El Obispo Ponce de León, enemigo acérrimo de Monseñor Bonamin, trata por todos los medios de crear fricciones entre la Unidad a mi mando y la congregación saleciana para reinar en una diócesis dividida y de alguna manera copada por el M.S.T.M cuya dirección ejerce […]”, evidencia de como falsamente se lo acusaba a Ponce de León como líder del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo (M.S.T.M) en la Argentina y lo que eso significaba para la dictadura cívico militar gobernante.

Asimismo, en el punto 4 del informe se manifiesta: “[…] Se reconoce él personalmente como de la misma línea de Monseñor Devoto, Monseñor Angelelli, Monseñor Brasca y ha elogiado a estos dos últimos en ocasión de sus muertes, insinuando en el caso de Angelelli, que dicha muerte fue provocada […]”. El punto 5 del mentado documento de inteligencia afirma: “[…] Es evidente que la Iglesia opera en la diócesis de San Nicolás bajo la dirección de Monseñor Ponce de León como una resultante de fuerzas enroladas sustancialmente en las filas del enemigo. En situaciones claves dicha fuerza opera como tal unificada bajo pantallas religiosas […]”, y agrega en su paranoia que: “[…] Esta fuerza, que es la única institución a la que el gobierno le permite sacar una multitud a la calle contra el gobierno, será la principal fuerza enemiga […]”.

En carta del por entonces teniente coronel Saint Amant al director general de culto de la cancillería teniente coronel José Luis Picciuolo fechada el 8 de marzo de 1977 se puede leer: “[…] La acción desarrollada por el Obispo Ponce de León posibilita: 1. Aumentar su prestigio en deterioro del accionar de las FF.AA. 2. Facilitar la acción del MSTM al ver estos la impunidad con la cual pueden moverse. Evolución Probable. Nuevas manifestaciones contra FFAA y GM. Curso de Acción Propuesto. […] Que mediante la negociación se retire al Obispo Ponce de León de la Diócesis, a cambio del salvoconducto para López Molina. La propuesta se fundamenta en razón de que el obispo representa el respaldo más importante que tiene el MSTM en su accionar […]”. 

El sacerdote López Molina párroco de la iglesia de Ramallo apresado y acusado falsamente es con quien se extorsionó al Obispo para que deje la diócesis. López Molina pudo exiliarse y así salvar su vida por la intervención de Ponce de León que lejos de retirarse de su diócesis como pretendían siguió adelante y quizás por eso encontró su muerte de la mano de Saint Amant en la ruta.

Quien lo acompañaba al Obispo, Víctor Oscar Martínez, que se encontraba haciendo el servicio militar en la Prefectura Naval Argentina desapareció de la ciudad de San Nicolás luego del accidente, no culminó su servicio militar en la Prefectura Naval de acuerdo a lo que han expuesto múltiples testigos, compañeros de él, del servicio militar, incluso propios suboficiales de la Prefectura Naval a contramano de lo que sigue afirmando la Prefectura de que terminó y culminó normalmente su servicio militar el 11 de septiembre del año 1977.

“Yo recuerdo que me han golpeado, que me han torturado”, expresó Martínez aunque su testimonio fue  puesto en duda por el juez Villafuerte Ruzo que se ocupó del estancamiento de la investigación quizás por tener intereses encontrados, su cuñado es Enrique Benjamín Bonifacino quien fue jefe de Regimiento de Infantería de montaña 11 “General Juan Gregorio Las Heras” en Mendoza en 1976-1977, regimiento que participó del ‘‘Operativo Independencia’’ en Tucumán comandado por el genocida domingo Bussi.

Con toda una carrera al servicio del terror, Bonifacino es el cuñado de Villafuerte Ruzo que eludió el banquillo de los acusados por problemas de salud mental en el primer juicio por los crímenes cometidos en el marco del Operativo Independencia orquestado por el ejército en 1975 que finalizó el pasado viernes 15 de septiembre con 10 condenas y 7 absoluciones. Quizás su señoría, como cuñado, pueda pagarle un buen tratamiento a Bonifacino.  A lo mejor por eso Villafuerte Ruzo se ocupó de tratar al testigo-víctima como culpable hasta que fue apartado de la causa que ahora continúa en manos del juez Bailaque . 

“Soy poco propenso a ser optimista”, expresó Martínez con respecto a que se avance a  juicio oral y agregó: “Estuvo el doctor Villafuere Ruzo, después pasó a Martín Martínez ahora está el doctor Bailaque de Rosario, esto significa que hay anomalías para que la causa haya comido a tres jueces”, enfatizó y el letargo judicial le da la razón.

 No parece azaroso que la empresa titular registral de la camioneta Ford F100 que se le cruzó en la marcha al Obispo, empresa denominada Agropolo S.A, tuviera su domicilio legal en calle Viamonte al 1800 de la ciudad de Buenos Aires, lindante justamente con el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Esa empresa no tuvo ningún tipo de actividad hasta el año 2002, en que finalmente fue inscripta ante AFIP-DGI. El hermano de un directivo de esa empresa, el señor Atilio Alejandro Bottini, era directivo de la empresa (Carlos Bottini) y se conducía de acuerdo a las constancias del expediente del año 1977 junto al señor Martínez chofer de la camioneta, su hermano era personal civil de inteligencia de Ejército, que prestaba servicios en los momentos del hecho en el Ministerio de Defensa, y posteriormente en la Jefatura II de Inteligencia de Ejército, una casualidad muy causal para la época.

Consultada la fiscal Moretti para esa nota relata que “la hipótesis del Ministerio Fiscal es que bajo el ropaje de un accidente se desarrolló un atentado que culminó con la muerte del Obispo Ponce de León y que Agropolo fue una pantalla con el propósito de dotar de mayor verosimilitud a la hipótesis del accidente”.