Apuntes para la flaca memoria de Gil Lavedra

Por Carlos Martín Amad (*)

Que con motivo de las declaraciones publicadas en el Diario Infobae – versión digital del Dr. Gil Lavedra en el sentido de que deben terminar los procesos por delitos de lesa humanidad, ya que se están juzgando a personas que llevan a los tribunales en silla de ruedas o usando pañales, me parece oportuno expresar las siguientes reflexiones.

Ante todo, es del caso señalar que causa una profunda tristeza manifestaciones de esta índole, lo cual no hace otra cosa que desconocer los tratados internacionales signados por este país y asimismo desconoce su propia historia cuando otrora formara parte del tribunal que juzgara la junta de comandantes.

También, debo señalar que la opinión de este señor no es desinteresada, ya que él es el abogado defensor del ex juez federal de Salta Ricardo Lona, quien se encuentra acusado en múltiples causas por su participación en graves delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico – militar, cuando ejerciera la magistratura judicial.

Concretamente, se encuentra procesado como partícipe necesario de los 11 homicidios de la “Masacre de Palomitas”, y por la su actuación en la investigación del secuestro y desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone. Ambos procesamientos fueron confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. A su vez, tal como se publicó recientemente en el sitio Fiscales.org.ar, en un tercer proceso que enfrenta Lona la fiscalía amplió las imputaciones por los casos de 54 víctimas, que comprenden 23 homicidios y hechos de imposición de tormentos, privaciones ilegítimas de la libertad, entre otros delitos.

En su momento, la aparición de Gil Lavedra como defensor del ex juez Lona motivó la inmediata reacción y repudio de organismos de derechos humanos y del propio partido radical salteño, cuyos referentes pidieron la desafiliación de ese partido del ex diputado radical Gil Lavedra y que se le retirara el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Salta.

Flaca es la memoria del señor Gil Lavedra, ya que él no dice ni cuenta que siendo él el abogado del imputado Lona lo único que ha hecho su defensa es impedir el avance normal de la causa recurriendo a todo tipo de maniobras dilatorias, a un sinnúmero de recusaciones y planteos de nulidades, que son dilatada y trabajosamente atendidas por los tribunales y finalmente rechazadas. Existe incluso un examen médico ordenado sobre Lona que hasta podría determinar una favorable morigeración de las consecuencias del proceso en contra de Lona y aun así la defensa integrada por Gil Lavedra se opuso de modo inexplicable y sistemático a este examen. Todo esto en nada se condice con la necesidad que expresa Gil Lavedra de terminar rápidamente con estos procesos y de evitar que los imputados sean llevados a juicio en males condiciones de salud.

Aquí vale recordar que en la causa “Ragone” y “Palomitas” Lona había sido citado por primera vez a indagatoria en el año 2007, y recién su procesamiento quedó confirmado por la Cámara Federal de Salta, el año pasado luego de transcurridos 8 años de planteos defensivos. Y por último, que en la causa en la que recientemente se ampliaron las imputaciones la Fiscalía había requerido la indagatoria de Lona en agosto de 2006, y debido a planteos de su defensa, transcurrida ya prácticamente una década, todavía el imputado no se presentó a dar explicaciones por su actuación en los procesos judiciales que tramitaba durante el terrorismo de estado en la última de las causas mencionadas.

En definitiva, quiero manifestar con toda claridad que esta reacción mediática a dos días de que se conocieran las nuevas imputaciones que pesan sobre Lona no es desinteresada y no puede dejar de ser leída como la respuesta de un abogado de la defensa que ante el fracaso de la estrategia jurídica acude a los medios, utilizando el prestigio ganado, para defender el interés particular de su cliente.

Si pretendemos evitar que los procesos judiciales se prolonguen “eternamente” debemos apelar a la responsabilidad y coherencia en la práctica de quienes contribuyen a la formación de la opinión pública.

 (*) Fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal de Salta.