Censo 2010: los números del déficit habitacional

Por Enrique de la Calle

El censo que cada 10 años lleva adelante el INDEC define “hacinamiento familiar” como "aquellos hogares que comparten viviendas con otro hogar” mientras que “hacinamiento en el hogar” refiere a la cantidad de personas que viven en una misma casa. En ese sentido, “hacinamiento crítico”, es cuando más de 3 personas comparten una misma habitación y “moderado” cuando conviven entre dos y tres. El último informe del CELS sobre los Derechos Humanos en Argentina propone un análisis del censo de 2010 para determinar el alcance del denominado “déficit habitacional”.

Entre 2001 y 2010, el número de hogares se incrementó un 20,8%, por encima del aumento de la cantidad de viviendas. De ese modo, en una década, el “hacinamiento familiar” pasó de representar el 6,5% del total de hogares al 12% actual. En números: 1,4 millones hogares compartiendo vivienda con otro. En el mismo período se redujo levemente el “hacinamiento crítico” al interior de los hogares: de 4,8% a 4%. Con relación al “hacinamiento moderado”, también se achicó: del 19% al 18%, diez años después.

Los datos y el análisis corresponden al capítulo VII (“Vivienda adecuada y déficit habitacional”) del nuevo trabajo del CELS sobre el estado de los derechos humanos en el país.

La comparación entre censos permite observar una disminución del porcentaje de hogares que son propietarios: del 70,6%, del 2001, al 67,7%, del 2010. Esos números no necesariamente soslayan la intervención estatal durante la década, aunque señalan su insuficiencia.

Según el último relevamiento oficial, los arriendos de casa tipo B (ranchos, casillas, cuartos de hotel, pensiones), que pueden considerarse alquileres informales, alcanza al 2% de los hogares del país, es decir, casi 300 mil. En Capital Federal, ese porcentaje llega al 4% de los hogares: ese tipo de vivienda se concentra en villas y asentamientos porteños.

De la lectura de las cifras, los investigadores del CELS concluyeron: “(hay una) persistencia de un número significativo de hogares con problemas de vivienda”. Según el trabajo persisten más de 2 millones de hogares que habitan en viviendas deficitarias, 1,5 millones en condiciones de hacinamiento y otro medio millón en hacinamiento crítico.

Problema estructural

Según el CELS, el déficit perdura a pesar de la “intervención estatal -especialmente del Gobierno nacional-, en planes de viviendas y su relativo impacto en mejoras del parque habitacional”. Concluye el texto: “persisten y se agravan problemas estructurales que afectan a los sectores más pobres”.

Se llega a esta realidad en simultáneo con la destacable expansión del negocio inmobiliario durante la década en curso. Ambos fenómenos se complementan. El boom inmobiliario presionó sobre los precios de los alquileres y el suelo habitable, excluyendo a un importante porcentaje de familias a la posibilidad de acceder a una vivienda digna.

Dentro de la actividad estatal, el CELS destaca los créditos PROCREAR cuyo impacto se podrá medir con mayor precisión a partir del año próximo (cuando se terminen de construir miles de casas). El informe exige que esa línea de acción se profundice con otros programas (algunos ya existentes) destinados a sectores que subsisten en la informalidad laboral o el desempleo y que por lo tanto no pueden acceder al financiamiento.

Por último, el trabajo celebra la ley de “acceso al hábitat” votada en la provincia de Buenos Aires en 2012, que es un instrumento que permite regular a los desarrolladores urbanos (entre otras cuestiones, les exige destinar un porcentaje de la inversión a “viviendas sociales”). En este punto resta esperar por el impacto de la legislación.