Encubrimiento al cura prófugo Vara: la trama sin fin

Por Diego Kenis

La trama de la cobertura institucional de la Iglesia católica al sacerdote Aldo Vara, acusado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca y prófugo de la Justicia argentina hasta fines de abril, parece no tener fin y profundizarse a medida que pasan las horas.

Imputado por su participación en crímenes contra la humanidad perpetrados en el Batallón de Comunicaciones 181 del V Cuerpo de Ejército bahiense, donde se desempeñaba como capellán y con el rango militar de capitán, Vara permaneció prófugo entre el agosto de 2013 en que la Justicia Federal emitió el pedido de captura internacional y el 28 de abril último, cuando Interpol logró detenerlo en Ciudad del Este, Paraguay, donde el sacerdote continuaba participando de servicios religiosos al amparo de la parroquia Virgen del Rosario, del barrio Pablo Rojas.

Un día después de la detención del ex capellán del Ejército, el sociólogo Fortunato Mallimaci denunció en una radio bahiense que Vara continuaba percibiendo un haber jubilatorio mensual pagado por la Iglesia católica a través del Arzobispado local, pese a que había permanecido los últimos ocho meses prófugo y el Ministerio de Justicia de la Nación ofrecía una recompensa por datos que pudieran servir para conocer su paradero.

Ante la afirmación de Mallimaci, los fiscales de Derechos Humanos Miguel Palazzani y José Nebbia –que habían formulado la imputación contra el sacerdote y requerido su detención, en abril de 2013- concurrieron a la sede del Arzobispado, que debió reconocer el pago del beneficio, que se hacía efectivo a través de un apoderado que resultó ser el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile.

El haber jubilatorio no figuraba en registros oficiales y las autoridades eclesiásticas bahienses jamás lo notificaron ante la Justicia, que en los meses que duró la búsqueda internacional del cura prófugo le había remitido oficios solicitando información sobre su paradero a varios Arzobispados, incluido el bahiense, y a la Conferencia Episcopal y el Vaticano.

En todos los casos la respuesta fue negativa, con la única excepción de la obtenida de la arquidiócesis de La Plata, que informó que Vara había vivido en la capital provincial bonaerense entre 2006 y 2007 y solicitado dos años más tarde su radicación allí, lo que le fue denegado. El titular de la Conferencia Episcopal, José María Arancedo, contestó por su parte que la entidad no poseía registro de sacerdotes aunque añadió que había trasladado la consulta al Arzobispado de Bahía Blanca, lo que arrojaba claridad respecto de quiénes eran los superiores jerárquicos inmediatos del ex capellán del Ejército. Tanto a la Justicia como a la Conferencia Episcopal o a los organismos de derechos humanos, la jerarquía eclesiástica bahiense siempre les respondió que ningún dato poseía respecto del paradero de Vara, al que sin embargo pagaba mensualmente un beneficio jubilatorio no denunciado en ninguna de las respuestas.

Tan pronto como obtuvieron la confirmación del pago del haber por parte del Arzobispado local, los fiscales Palazzani y Nebbia denunciaron al arzobispo Guillermo Garlatti ante el fiscal federal Antonio Castaño por el encubrimiento del cura atrapado horas antes en Paraguay.

Pocas horas después, el miércoles 30, el diario paraguayo La Nación informó que Vara continuaba oficiando servicios religiosos en la parroquia que lo cobijó mientras permaneció prófugo. El mismo día, la Diócesis de Ciudad del Este emitió un comunicado donde reconocía que el cura buscado por Interpol ayudaba “en la liturgia y otras actividades” en la parroquia y expresaba su agradecimiento “por la entrega y sacrificio demostrados” por Vara. El documento informaba además que el ex capellán y capitán del Ejército “fue recibido en la Diócesis de Ciudad del Este a pedido de su Obispo”. Con ello, nuevamente la mirada se posaba en el arzobispo de Bahía Blanca denunciado por encubrimiento, monseñor Garlatti.

Sin perjuicio de ello, en las últimas horas fuentes allegadas a la Curia bahiense indicaron que Garlatti no habría sido el único que realizó gestiones para que Vara sea recibido en Paraguay. De acuerdo a estas afirmaciones, provenientes de la intimidad clerical de Bahía Blanca, el arzobispo de Mendoza también habría aportado para ello, pese a que al responder a oficios judiciales su arquidiócesis había afirmado desconocer cualquier dato del paradero del cura. En su protección habría intervenido también la congregación del Verbo Encarnado, ligada al sector más reaccionario de la Iglesia, donde el ex capellán se refugió en los últimos años.

“Estar del lado de las víctimas”

Este miércoles 7 quienes se pronunciaron en torno a la detención de Vara y la red de cobertura que su captura comenzó a revelar fueron los curas del grupo en Opción por los Pobres, quienes mediante un comunicado recordaron los resultados de la Asamblea Plenaria de obispos argentinos que expresó su deseo de “estar cerca de cuantos sufren todavía por hechos no esclarecidos ni reparados” y manifestó su compromiso para “promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad”, al tiempo que expuso haber entregado a la Justicia la información a su alcance y exhortó a que lo mismo hicieran “quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina”.

Con ese antecedente, y a la vista de la imputación que pesa contra el arzobispo Garlatti en el encubrimiento de un sacerdote acusado de participar en delitos de lesa humanidad, el grupo de curas en Opción por los Pobres subrayó que “estar cerca de los que sufren las nefastas consecuencias del terrorismo de estado es estar del lado de las víctimas” y “cooperando con todo lo que pueda ayudar a esclarecer estos delitos de lesa humanidad”. “Sería bueno que los obispos contribuyeran con sus gestos y palabras a que les creyéramos que lo que afirman es realmente lo que piensan y harán”, cuestionaron.

En un documento que recuerda el ejemplo dado por el padre Carlos Mugica y pide a su vez por la apertura de archivos institucionales que contengan información relativa a los tiempos del terrorismo de Estado, los sacerdotes en Opción por los Pobres manifestaron que si la causa del comportamiento que se objeta a Garlatti hubiese sido el miedo o el desconocimiento “debería expresarlo públicamente para facilitar una mejor comprensión de la situación y en todo caso pedir disculpas a la sociedad más allá de lo que la justicia pueda requerir de él”. “El silencio episcopal sobre el tema no hace más que reforzar la idea de encubrimiento de un imputado en un delito de lesa humanidad, sospecha de la que el episcopado argentino no ha podido despegarse”, remarcaron.

Escueto

También el miércoles, pero a última hora, el Arzobispado de Bahía Blanca emitió un comunicado referido a las acusaciones que pesan contra su titular, Guillermo Garlatti, por el encubrimiento del ex capellán Aldo Vara. En el texto, la jerarquía eclesiástica local argumenta que el arzobispo Garlatti “llegó a esta arquidiócesis en el año 2003, y el sacerdote Aldo Vara, había abandonado la Arquidiócesis, en el año 2001” (sic). El dato aparece como endeble para refutar una imputación por encubrimiento que cuenta con el sustento de numerosos elementos.

El escueto documento, difundido a través de la Agencia Informativa Católica Argentina, no refuta ninguno de los indicios del delito por el que se acusa al arzobispo: no explica por qué se omitió notificar a la Justicia del pago de un beneficio jubilatorio a un prófugo, ni desmiente las afirmaciones de la Diócesis de Ciudad del Este, que indicaba que había alojado a Vara a partir de un pedido de “su obispo”.

Mientras tanto, la causa por el encubrimiento avanza. El juez Santiago Martínez decidió delegar la investigación en el fiscal Castaño, quien requirió el lunes 5 que se cite a prestar declaración indagatoria a Garlatti y al apoderado Bochile, sobre cuyas cuentas y movimientos demandó informes al Banco Central, además de solicitar que se suspenda de inmediato el pago del haber jubilatorio que disparó la investigación por encubrimiento. Asimismo, el fiscal pidió recibir declaración testimonial al administrador de la Curia, Bruno Cucchetti, y el sociólogo Mallimaci, quien denunció públicamente el pago del beneficio jubilatorio al prófugo Vara y confirmó que su superior jerárquico inmediato es el arzobispo Garlatti.

De acuerdo a los anticipos de los diarios más conservadores del país, entre ellos La Nueva Provincia, la Iglesia difundirá hoy un documento “sobre la grave situación de inseguridad” del país. Será tras el cierre de la 107 Asamblea de del Episcopado, de la que participan un centenar de obispos. Podrá comprobarse entonces si entre los delitos que los alarman los asambleístas incluyen a los de genocidio, falso testimonio y encubrimiento.