Encuentro nacional en defensa de lo conquistado en Memoria, Verdad y Justicia
Comunicado
Los juicios contra los genocidas, que hace más de una década se vienen desarrollando en nuestro país, son el resultado de 30 años de lucha del movimiento popular argentino y en particular de los organismos de derechos humanos, los sobrevivientes y los familiares que asumieron el compromiso de que no quede ningún genocida sin condena, ningún compañero sin que se esclarezca su caso y una reparación social que empieza por toda la verdad y se completa con el señalamiento de los beneficiados con tanta muerte y tanto sufrimiento.
Con el esfuerzo y la lucha de todas y todos logramos junto a todo nuestro pueblo, acompañados en los últimos años por el gobierno nacional y las agencias estatales creadas a tal fin, ser un país respetado internacionalmente en el terreno de la justicia y los derechos humanos.
Luego de estos más de 10 años de procesos judiciales en todo el territorio nacional contamos hoy con más de 160 sentencias en las cuales más de 660 imputados fueron condenados por los delitos cometidos sobre unos diez mil de compañeros que equivalen a 7 mil casos procesales. Estamos orgullosos que, a pesar de la desaparición forzada de Julio López en La Plata (2006) y el asesinato de Silvia Suppo en Rafaela (2010), más de tres mil sobrevivientes de los centros clandestinos y las cárceles de la dictadura prestaron su testimonio en los juicios constituyendo la prueba fundamental contra los represores, tal como se había resuelto en la sentencia del Juicio a la Junta que le dio carácter jurídicamente necesario al testimonio de los sobrevivientes.
A pesar de todo lo que se ha avanzado en la última década en materia de justicia, notamos hace tiempo con preocupación la lentitud con la que se desarrollan las causas, que en el caso de hechos que ocurrieron hace 40 años conlleva el deterioro en la salud tanto de imputados como de víctimas y familiares que ven trunco el acceso a la justicia. A pesar de algunas condenas puntuales: la del dueño de la Veloz del Norte, la del religioso Von Wernich en La Plata, la del Juez Brusa en Santa Fe o la del ex ministro Smart, el grueso de los empresarios, religiosos, políticos y periodistas que fueron parte del plan de exterminio, no han sido juzgados y ni siquiera procesados. Los casos de Massot en Bahía Blanca o de Blaquier en Jujuy son paradigmáticos.
A esta situación que venimos acarreando desde la reapertura de los juicios, se suman en el último tiempo indicadores que resultan preocupantes y que ponen en riesgo el proceso que se viene desarrollando. Los despidos en distintos ámbitos dedicados a la investigación de los crímenes perpetrados por el Estado argentino entre 1975 y 1983, la demora en la constitución de tribunales orales y en la elevación de las causas por delitos de lesa humanidad a etapa oral, la renuencia a cumplir con el cronograma de los juicios, entre otras cuestiones.
A pesar de las promesas formales de los funcionarios del gobierno nacional y del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es evidente que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia no está siendo impulsado con énfasis por el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial.
Por todo ello, y por nuestro compromiso histórico con la causa de la Memoria, la Verdad y la Justicia es que convocamos a un encuentro nacional para socializar el estado de los juicios, nuestras demandas y propuestas y hacer visible nuestra exigencia de toda la verdad, toda la memoria y toda la justicia.
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
MADRES DE PLAZA DE MAYO LINEA FUNDADORA
FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS POR RAZONES POLITICAS
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
H.I.J.O.S. CAPITAL
MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DERECHOS HUMANOS
FAMILIARES Y COMPAÑEROS DE LAS 12 DE LA SANTA CRUZ
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA ZONA NORTE
ASOCIACIÓN BUENA MEMORIA
APDH LA MATANZA