Juicio Chavanne Grassi: el secuestro de empresarios durante la última dictadura cívico-militar

Por Elizabeth Pontoriero

Comenzó el juicio oral por la causa Chavanne-Grassi que investiga la persecución sufrida por empresarios durante la última dictadura cívico-militar, que involucró la detención ilegal de 28 personas, incluidas directivos de las empresas, familiares y abogados, que permanecieron detenidas en el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo.

El emblemático caso que desde hace bastante tiempo estaba esperando ser elevado a juicio, está en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los doctores Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Enrique Méndez Signori.

Dicho Tribunal se encargará de juzgar a Raúl Antonio Guglielminetti, exagente civil de Inteligencia del Ejército Argentino y a Juan Alfredo Etchebarne, expresidente de la Comisión de Nacional de Valores (CNV), acusados de ser responsables de la privación ilegítima de 28 empresarios de los grupos Chavanne, del Banco de Hurlingham, y Grassi, dueños de la Industria Siderúrgica Grassi.

Ambos fueron reconocidos por varios testigos que afirman haberlos visto en el centro de detención, como, así también, a abogados y contadores de la CNV y del Banco Central, que actuaban como colaboradores del grupo de tareas del Primer Cuerpo del Ejército.

Este juicio es paradigmático, porque pone en evidencia la participación del sector civil en el proceso perpetrado durante la última dictadura cívico-militar, en la que distintas personas civiles, a través instituciones, colaboraron brindando ayuda al Estado terrorista para su propio beneficio.

La investigación revela la persecución de la que fueron objeto los grupos económicos que se opusieron al régimen impuesto por la dictadura del proceso de Reorganización Nacional, que incluyó, no solo la imposición de un plan económico tendiente a favorecer los intereses de ciertos sectores económicos del país, sino la apropiación de las empresas mediante el secuestro o apremios ilegales.

Según se explica en un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los hechos se iniciaron cuando el titular de la Cámara de Valores (CNV) durante la última dictadura “impulsó una denuncia penal contra ambas empresas por “subversión económica” por sus vínculos con la familia Graiver, a quienes habían comprado el Banco de Hurlingham. A los pocos días comenzó a intervenir el comandante del Primer Cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason. Se conformó entonces un grupo de tareas mixto entre las fuerzas armadas y la CNV para investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham entre los grupos económicos Graiver-Chavanne-Industrias Siderúrgicas Grassi S.A”.

De acuerdo con esto, el juez federal Daniel Rafecas que instruyó la causa, en la resolución de elevación a juicio, detalló que existía un “interés específico de los represores en dar con el dinero que habría obtenido la organización Montoneros a raíz del secuestro extorsivo de los hermanos Juan y Jorge Born”.

Esto surge del hecho de que las empresas Gavanni y Grassi habían comprado el Banco de Hurlingham a la familia Graiver en 1978, y que presumiblemente allí se guardaba el dinero que la organización Montonero habría cobrado el secuestro.

De acuerdo con lo que se detalla en una noticia del sitio Espacio Memoria y Derechos Humanos, Ex Esma, la Comisión Nacional de Valores recibió una denuncia anónima, “metodología habitual usada por el poder de entonces para abordar a un grupo económico competidor o considerado “molesto” por algún otro espacio empresarial o económico”, lo que motivó que “autoridades civiles y militares de las entidades de contralor del ámbito financiero, -el interventor del Banco Central, General Alfredo Cassino y de la CNV, Etchebarne-“ intervinieran el Banco de Hurlingham por supuestas irregularidades”.

De este modo, según continúa la publicación, desde ese momento comenzó “un proceso en el que se acusaba a los empresarios de “subversión económica” en el marco del articulado de la Ley de “Seguridad Nacional” 20.840 sancionada en septiembre de 1974, bajo el pretexto de establecer penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”. Más tarde se dispuso la quiebra, lo que los llevó a despojar a sus dueños del Banco.

Así, desde principio de septiembre de 1978, comandantes del Ejército secuestraron a abogados, empresarios, contadores y familiares, es decir, aquellos que hayan estado relacionadas con la adquisición del Banco, entre los que se encontraban los hermanos René Carlos y Luis Arnoldo Grassi, Juan Claudio Chavanne y su esposa Sara Duggan. Todos ellos fueron alojados en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo, donde fueron sometidos a torturas y vejámenes y liberados al siguiente año, con excepción Juan Claudio Chavanne que fue liberado en 1981 luego de estar a disposición del PEN.