La historia se escribe en papel, por Joge Lanata (cuando estaba a favor de investigar el caso)

Sirve para envolver huevos, para limpiarse el traste, para recortar personitas tomadas de la mano, para hacer aviones o barquitos, para reprocesarlo y hacer trapo y también para difundir ideas. Sirve para abrir los ojos y para dar noticias, y estamos condenados a él desde hace tres mil años antes de Cristo, o quizá más. Ha comenzado su agonía pero fue, desde siempre, la materia prima soporte de la comunicación. Controla mucho quien controla el papel. Es quien puede hacer que este texto desaparezca, ahora, de sus manos. O que llegue tarde, o nunca. O que cueste cien pesos, o diez. Por eso la historia que sigue puede presentar personajes tan diversos y, sin embargo, tan unidos: Lanusse, Víctor Civita, Videla, los Montoneros, Graiver, Clarín, La Nación, La Razón, el fiscal Molinas, Menem, Kirchner, bailando alrededor del papel.

En esta historia el “periodismo independiente” se hace trizas, la libertad se vuelve una broma pesada y el doble discurso reina y se multiplica, en un eterno juego de espejos.

Barrotes de papel

En 1950 el gobierno peronista comenzó a utilizar tenazas de papel como instrumento de presión: el Estado concedía los permisos de importación y se encargaba de fijar las cuotas de compra del insumo a cada diario.

En aquel año La Nación, un diario crítico al oficialismo, importaba 8.388 toneladas de papel, ocupando el tercer lugar en el ranking de circulación, debajo de La Prensa (que fue expropiado al año siguiente) y de El Mundo, de Editorial Haynes. Tres años más tarde el matutino de los Mitre pasó al séptimo lugar: el gobierno sólo autorizó la importación de 2.097 toneladas.

Años después la dictadura de Onganía creó el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel y Celulosa (decreto ley 18.312 de agosto de 1969) y fijó una “tasa de contribución” del 10% a la importación de papel hasta que la fábrica de papel argentina se pusiera en marcha. Todos los diarios del país pagaron, durante diez años, el 10% de sus importaciones para montar una planta que, finalmente, sólo se adjudicó a algunos de ellos.

El 31 de marzo de 1971 otra dictadura, la de Lanusse, dispuso que la fábrica de papel debía tener un 51% de capital nacional y que el Estado aportaría el resto. Se llamó a licitación el 19 de abril de ese año y ninguno de los oferentes cumplió con los requisitos. César Civita, de la entonces poderosa Editorial Abril, editora de Claudia, Panorama y Siete Días, entre otras revistas, presentó una oferta superadora pero después de la apertura de los sobres.

En mayo de 1972 Lanusse declaró desierto el concurso público y firmó una adjudicación directa con Civita, Doretti y Rey. El “Grupo Fundador” de Papel Prensa recibió acciones clase A y el Estado, acciones clase B. A finales de 1973 Rey ya había comprado el ochenta por ciento de las acciones clase A y es entonces cuando entra en escena el banquero David Graiver, financista ligado a los Montoneros. “Dudi” Graiver estaba al frente a un imperio multinacional valuado en doscientos millones de dólares de la época, y manejó parte del rescate de 60 millones de dólares que Montoneros cobró por el secuestro de Jorge y Juan Born.

En 1976, a través de testaferros, Graiver controlaba la totalidad de Papel Prensa. El banquero, entonces de 35 años, murió en un confuso accidente de un vuelo privado que cubría el trayecto Nueva York-Acapulco. En David Graiver, banquero de los Montoneros Juan Gasparini relató el momento del traspaso de acciones: “Lidia, la viuda, fue convencida para firmar el preboleto de venta sin chistar. Reunió a Juan (el padre de David) y a Isidoro (su hermano).

Mordiéndose de rabia, les pidió que la acompañaran al solemne acto, celebrado en La Nación, en Florida entre Corrientes y Sarmiento, en el despacho del Dr. Bartolomé Mitre, a quien acompañaban Patricio Peralta Ramos de La Razón y Héctor Magnetto de Clarín, encontrándose también como invitado Máximo Gainza Castro de La Prensa”.

El traspaso a los tres diarios se firmó el 18 de enero de 1977. Después de ceder las acciones los miembros del Grupo Graiver fueron detenidos e intervenidos en todos sus bienes para evitar que algún reclamo de heredederos afectara la tenencia de Clarín y sus socios. El general Camps, jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires, efectuó personalmente las detenciones.

Los Graiver ni siquiera cobraron la cesión de las acciones. Gracias a gestiones de la dictadura, los diarios lograron dos créditos: del Banco Español del Río de la Plata y del Banco Holandés Unido sucursal Ginebra, por 7.200.000 dólares, a sola firma y sin avales. Años más tarde, ante el fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas, Magnetto declaró que el préstamo tuvo un aval de una papelera internacional, pero se negó a ratificarlo por escrito a pedido del fiscal.

En mayo de 1977, en una solicitada publicada en su tapa, Clarín, bajo el título “A la opinión pública” dio su versión de la compra de Papel Prensa, aclarando que “la transacción se celebró a la luz pública y con el consentimiento previo y posterior del Estado”, algo que se hizo –decía– “resguardando el abastecimiento para todos los diarios de su principal insumo, en defensa de la libertad de prensa, de conformidad con una centenaria tradición argentina y respetando uno de los soportes de nuestro estilo de vida”. El primero de agosto de 1978, en la tapa de La Nación, puede verse una fotografía cívico-militar de inauguración de la planta.

¡Uy, prescribió!

En los ochenta Papel Prensa recorrió dos curiosos vericuetos judiciales:

–Durante la quiebra del diario La Razón la empresa papelera pasó a ser el único activo valioso del grupo. El juez Héctor Foiguel López decidió venderle a Clarín el porcentaje de La Razón. La Cámara de Apelaciones acusó al juez de haber celebrado la venta a “precio vil” y pidió el juicio político al juez de la quiebra. El caso llegó a la Corte, que mantuvo un criterio similar al del tribunal de alzada, llamando a Foiguel López “magistrado indigno” y expresando su “convicción inequívoca de una conducta grave”. De pronto el legislador Alberto Balestrini propuso un juicio político a la Cámara de Apelaciones y todo quedó en la nada. Foiguel López dejó la magistratura y vive ahora con la tranquilidad de sus ahorros.

–El fiscal Molinas emitió un duro dictamen sobre Papel Prensa el 29 de febrero de 1988, en el que acusó:

–al ex dictador Lanusse de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

–al Grupo Graiver de haber utilizado testaferros en violación al pliego de condiciones.

–a la Junta Militar de encubrimiento y omisión de denuncia por la operación de transferencia de acciones y posterior interdicción de los Graiver.

–a todos los representantes del Estado en la empresa por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Cuatro años después la causa penal fue sobreseída por prescripción.

“Papel Prensa es uno de los casos de corrupción más graves de la historia argentina –escribió, junto a su hijo, el fiscal Molinas en su libro Detrás del espejo–. Pone de manifiesto las relaciones y procedimientos empleados por los grandes grupos de poder.”

“Crónica se editará, dentro de pocas semanas, con el papel más caro del mundo”, escribía en octubre de 1986, en la tapa del vespertino, su creador, Héctor Ricardo García. Ya García como Julio Ramos, fundador de Ámbito Financiero, fueron de los pocos editores que se animaron a denunciar el negociado de Papel Prensa en público.”

“Se regaló Papel Prensa sólo a tres diarios –escribió Ramos–. Luego se elevó el arancel de importación de papel a 44-48% para que no hubiera otra escapatoria que comprarle a esa fábrica a precio exorbitante. Cuando bajó el arancel, con los radicales, y el precio bajó, Papel Prensa no le vende a nadie. A precio bajo sólo se benefician los dueños”.

A excepción de Clarín y La Nación, claro, el resto de los cupos para poder comprar papel nacional barato se decide en las reuniones de directorio de la empresa. Casualmente los cupos siempre coinciden con los diarios asociados: la presidencia y vice de la empresa se alterna, desde hace años, entre Julio César Saguier, CEO del diario La Nación, y Héctor Magnetto, de Clarín. Durante el menemismo representaron al Estado en la empresa Alejandro Mac Farlane, yerno de Hugo Anzorreguy, y Luis Juez, ex intendente de Cordoba.

El primer representante puesto allí por Kirchner fue Dante Divena y la duhaldista Norma Rosende. Hace dos años asumieron Juan Drucker y Carlos Mauricio Mazzón, hijo de uno de los principales operadores K.

En julio del año pasado, cuando la Secretaría de Medio Ambiente decidió empezar a preguntarse si la planta de Papel Prensa en San Pedro era contaminante, el diario respondió con una investigación sobre los “extraños manejos” de Romina Picolotti en sus gastos y nombramiento de funcionarios nuevos. Ahora, frente a un nuevo análisis las presiones se multiplicaron, pero a nivel técnico judicial y en las sombras.

Este miércoles Alberto Fernández y Héctor Magnetto volverán a sentarse en la mesa del cuarto piso de Bartolomé Mitre 739. La mesa es larga, oscura y está ambientada en la Argentina de los setenta: chocolate, vidrios esmerilados, colores tibios y opacos. Es la quinta reunión de directorio a la que Alberto asistirá. Pero el contexto no es el mismo: hay una foto del presidente Kirchner sosteniendo en alto un cartel de “La Cámpora” en el que se fustiga al Grupo Clarín como parte de la “patria sojera”. Hay una causa por apropiación ilegal de menores en la Corte, con un análisis de sangre pendiente en la familia Noble. Hay un cambio de número del canal de noticias en el cable. Hay una pelea entre socios que nunca se sabe en qué puede terminar.