"La violencia respondía a la política de tierra arrasada"

AGENCIA PACO URONDO: Queríamos hablar sobre los juicios en Bahía Blanca, ya que tienen mucha importancia, no solamente por ser una causa de lesa humanidad y en sí mismo representa un gran valor, sino por la ciudad y el imaginario conservador que siempre despierta ¿Cómo está la situación en Bahía respecto a los juicios?

Abel Córdoba: El juicio que estamos llevando a cabo por los delitos cometidos, el primer juicio oral que hay por lesa humanidad por los delitos en el V cuerpo del ejército, está llegando al final. Es un hecho obviamente relevante, no sólo para la ciudad, porque la dimensión de este juicio -estamos juzgando 38 homicidios y en total un centenar de crímenes de lesa humanidad- es de consideración a nivel nacional pero está desarrollado en una ciudad muy particular, más que en la ciudad, en un ámbito judicial local que ha sido adverso al avance de estas causas por lo tanto, llegar al final de este juicio, haberlo hecho con el desarrollo correcto durante todo el debate, con los acusados detenidos  -lo que ha permitido que los testigos se expresen con libertad acerca de cada una de las circunstancias- es un avance rescatable que se da, obviamente, en el contexto de una constante tensión con los poderes corporativos y  los intereses que se van afectando a medida que esta causa avanzó y sigue avanzando en etapas anteriores.

Me refiero concretamente, por ejemplo, a que hubo que cambiar el tribunal oral. No hay ningún miembro del Poder Judicial de Bahía Blanca que esté integrando el tribunal de juzgamiento porque no aseguraba de ningún modo la viabilidad de un juzgamiento justo por los vínculos con algunos de los acusados, así que a partir de esos planteos y haber podido hacer procedente la renovación del tribunal oral, fue posible juzgar con jueces de otras jurisdicciones.

APU: ¿De dónde son los jueces que vinieron?

AC: Tanto de Mar del Plata como de Azul, de  Buenos Aires y La Pampa. Esto fue así a partir que los jueces locales no aseguraban la imparcialidad por sus vinculaciones con los acusados. A partir de allí, sin que hayan sido para nosotros jueces que conocíamos de actuaciones anteriores en la jurisdicción, ha sido un tribunal oral que ha respetado a las víctimas y a los testigos. Este juicio tiene la característica de que por allí, no es como otras jurisdicciones que se juzga un centro clandestino de modo concreto, acá el juzgamiento abarca necesariamente una parte de la región y de Bahía Blanca, por eso también se ha hecho referencia constante durante el alegato al entorno, al contexto histórico local donde los hechos fueron consumados, con lo cual ha habido que repasar para hacerlo entendible. Por qué los hechos ocurrieron de determinada manera y dónde ocurrieron, por el contexto tanto de la Iglesia Católica local -de central responsabilidad en estos hechos- de empresas de comunicación, de los medios de prensa o concretamente de La Nueva Provincia, cuál fue su rol dentro de este esquema…

APU: ¿Decías que la Iglesia había tenido responsabilidad en esto?

AC: Sí. Sobre todo a partir de la actuación de Emilio Ogneñovich y Jorge Mayer, incluso el testimonio de la presencia de algunos de ellos en los centros clandestinos.

APU: ¿Los obispos participaban de los centros clandestinos de represión?

AC: Ese fue uno de los testimonios que se dio en el juicio, que se lo veía ir a Mayer en el centro clandestino, que estaba en el medio del campo, con lo cual no había otra posibilidad más que ir a ese lugar y a la vez hay algunas referencias de cautivos que hablan de la presencia de religiosos en ese lugar. Además, lo que es el caso ENET que se conoce en Bahía Blanca, que es una especie de noche de los lápices, con los secuestrados sobrevivientes, luego del secuestro de adolescentes que participaban del secundario, en esos casos los testigos ubican, haber hablado durante su cautiverio con el capellán del ejército. Hay una constante ingerencia de los religiosos de la iglesia católica en estos hechos, además de referencia de decenas de hechos a esta  participación y lo que daban a entender a los familiares. También hemos planteado que la persecución que hubo hacia los militantes políticos y sociales, luego se cambió, se fue orientando una vez que ellos estuvieran ya secuestrados o eliminados, fue cambiando hacia los familiares. Durante el alegato recibimos documentación secreta que daba cuenta que, aún cuando los familiares en el año 78 / 80 organizaban misas en memoria a sus familiares desaparecidos, el cura, que ellos mismos elegían por ser alguien que suponían cercano, se reunía con las autoridades de los distintos cuerpos para acordar los términos de sus sermones y asegurar que no haya ninguna arenga.

APU: ¿Acordaban los sermones?

AC: Eran responsables de lo que iba a ocurrir en esa evocación de la memoria.

APU: Usted está hablando que hubo complicidad de la Iglesia y complicidad de civiles como en el caso del diario La Nueva Provincia ¿Eso quedó demostrado en el juicio o esto derivará en otros juicios diferentes?

AC: Eso está en etapa de instrucción, en otros tramos, por allí no necesariamente la actuación de –bueno Ogneñovich y Mayer han muerto- pero hay que evaluar obviamente la responsabilidad de quienes están vivos, que han participado en eso, eso sí forma parte de la instrucción y en cuanto al rol del diario es materia de análisis. Lo que sucede ahí es que la exigencia de la dogmática penal, justamente para formular una imputación y avanzar respecto de los responsables desde ese aspecto, implican, a partir de tratarse de una persona jurídica y del directorio de esa empresa, evaluar otra serie de consideraciones, que están siendo evaluadas pero que no necesariamente derivan en una imputación penal. Lo que sí es claro, al menos en el sentido de abstenciones en el alegato fue que formaron parte del contexto y que hicieron posibles esos hechos.

APU: La verdad que yo mismo estoy sorprendido de muchas cosas que no sabía y que se están empezando a descubrir ¿Cómo fue la cobertura del diario La Nueva Provincia, con la enorme presencia mediática que tiene en Bahía Blanca, permitió que el juicio pueda desempeñarse como debe ser?

AC: Esta causa ya lleva años de instrucción. Durante todo este tiempo lo que ha habido fue un reflejo de cables nacionales simplemente hasta que el juicio estuvo en la etapa decisiva antes de iniciar los alegatos y a fines del año pasado han llevado un ataque hacia mi persona de diferentes aspectos vinculados e intencionados, obviamente, a afectar el funcionamiento de los profesionales en esta causa, con lo cual, parte de lo esperado quizás ha sido esa la repercusión que han adoptado. Una cobertura,-no sigo diariamente la editorial- pero por lo que he visto ha habido una fuerte ofensiva hacia mi persona tratando de afectar el funcionamiento profesional, eso es parte de lo que hay que esperar de un medio que todavía sigue predicando, también fue dicho en el alegato, a partir de estas líneas editoriales. Podemos decir que en Bahía Blanca escriben las editoriales más antidemocráticas de la lengua española.

APU: ¿Cómo se referían a tu persona?

AC: Hubo un cuestionamiento a partir de vinculaciones con víctimas y esto tuvo su inicio cuando el año pasado solicité el allanamiento del archivo de La Nueva Provincia. En el entendimiento que era imprescindible que en la causa penal, me refiero a otra causa, donde se investigan los crímenes de la armada, era imprescindible que un juez tomara conocimiento de la documentación, que en los cuarteles ya no está, que está oculta o ha sido destruida. Y a partir de evidencias de que en ese archivo podían llegar a estar imágenes y fotos de los cautivos que ellos publicaban mientras se producían los hechos. Hay fotos de algunas de las víctimas que fueron ultimadas durante la dictadura, quedó una sola foto, los familiares no tienen fotos, fueron destruidas y la única foto está en La Nueva Provincia.

Más allá de los comunicados donde el ejército se hacía cargo de los hechos conocidos como falsos enfrentamientos, un material documental que era imprescindible incorporar a la causa, a partir de allí hubo un cuestionamiento de La Nueva Provincia hacia a la actuación fiscal.

APU: ¿Sos bahiense?

AC: Soy de Villalonga, un pueblo cercano a la región.

APU: ¿Qué reflexión te despierta que para que en Bahía se juzgue a los asesinos que cometieron crímenes, se haya tenido que convocar una justicia de afuera de Bahía Blanca?

AC: Es indicativo justamente de que el funcionamiento institucional del Poder Judicial de la Justicia Federal al momento de largar estas causas sea con la conformación que tenía entonces. Juzgado Federal con el retirado juez Álvarez Canale y luego con la demora en que incurrió la Cámara de Apelaciones, ese ha sido el principal escollo durante la instrucción, tanto la actuación de Canale, como las demoras que fueron subsanadas con las denuncias ante la Corte Suprema. Pudimos así remediar un conflicto con la Cámara muy fuerte a partir de que hubo un cuestionamiento de esas medidas que partían de la Corte Suprema, no era admisible los tiempos que se tomaban y al haber podido excavar eso, surgió la conformación del tribunal oral.

Uno de los tres jueces que estaba en el tribunal y que debió haber juzgado estos hechos fue defensor de algunos de los acusados, por ejemplo, de Vila y a la vez fue uno de los que pidió pena de muerte durante la dictadura. Hay dos funcionarios argentinos que tienen ese  mérito, de haber pedido la pena de muerte durante la dictadura militar, uno es Casanova y el otro Orozco que sigue en funciones como juez del tribunal oral de Bahía Blanca, por eso también en el alegato han dicho que está pendiente el proceso de desnazificación del Poder Judicial local –de algunos de sus integrantes al menos- y eso ha podido subsanarse con el remedio procesal de las excusaciones, recusaciones y, finalmente, Casación integró el modo rápido con jueces que han asegurado el desarrollo del juicio.

Veremos cuál ha sido la decisión pero es un avance relevante que se haya podido realizar el juicio, que los acusados estén detenidos –una medida imprescindible- si bien uno de ellos se dio a la fuga producto de una excarcelación del tribunal anterior. Es un avance importante y es indicativo de que no estaba la estructura del Poder Judicial preparada para juzgar un caso de lesa humanidad, ni ningún caso de crimen producido desde el poder.

APU: Pasan los años de democracia y todavía nos seguimos sorprendiendo con algunas cosas ¿Esto ustedes lo van a tratar de enmarcar en lo que se considera un genocidio? ¿Cuántos casos son puntualmente y cuántos hay en el banquillo?

AC: Este juicio abarca cien hechos que van desde desapariciones, dos apropiaciones de bebés nacidos en cautiverio, privaciones de libertad, tormentos obviamente, por el paso por centros clandestinos. Los acusados son 17 y tenemos la particularidad que hay hechos anteriores al 24 de marzo del 76, desde fines del 75 a mediados del 77 y  acusados están, desde quienes fueron jefes de la cárcel -de la Unidad 4- en ese momento, las jefaturas de inteligencia del ejército y también miembros de la Policía Federal Argentina que han consumado secuestros y traslados a los centros clandestinos. El genocidio, por allí, es posible sostenerlo y darlo por comprobado en términos históricos, sociales o sociológicos pero jurídicamente existen algunos impedimentos así para declararlo como para solicitar la pena. De todos modos, sí los consideramos delitos de Lesa Humanidad y a partir de ahí son imprescriptibles y pueden ser juzgados.

Luego, la línea de imputación ha sido que estos crímenes tienen, en todo su relato, el aspecto de la violencia desatada, han sido direccionados con precisión por Inteligencia. Demostramos con documentación cómo se hilvanaron los hechos, cómo cada víctima era perseguida, por allí desde el año 70, en cada una de las asambleas en que hablaba, esos datos fueron cruzados, cómo cada testimonio da cuenta de la persecución y cómo ésta está plasmada en documentación secreta que fue direccionando el aparato represivo con mucha precisión. La violencia respondía a la política de tierra arrasada y, también, una racionalización muy grande del proceso represivo, con un registro constante.

Esto es lo que hizo la máquina de matar local del 5º cuerpo de ejército, un mecanismo implacable de muerte y desaparición.