“Puede hablarse de un uso intencionado del derecho en la legitimación del régimen dictatorial”

Por Juan Ciucci

APU: ¿Cual fue el papel de las asociaciones profesionales del derecho en la última dictadura cívico-militar?

Virginia Vecchioli: En mi artículo me propuse indagar sobre la actuación de tres asociaciones profesionales durante la última dictadura: el centenario Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (1913), la integrista Corporación de Abogados Católicos San Alfonso María de Ligorio (1935) y el Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia (Fores), que publicó apenas iniciada la democracia el libro “Definitivamente Nunca Más, (La otra cara del Informe de la Conadep)” (1985), en el que se cuestionaban los resultados del informe oficial y reivindicaba la lucha contra la “subversión”.

Me interesó entender en particular el lugar específico de estas asociaciones en tanto tales en un contexto de interrupción del Estado de Derecho, con independencia de las contribuciones individuales que pudieron realizar sus socios, muchos de ellos relevantes figuras públicas durante la dictadura. En primer lugar porque sobre esas trayectorias políticas y profesionales ya existen excelentes trabajos publicados (como los de Horacio Verbitsky, Juan Pablo Bohoslavsky, Vicente Muleiro, Sergio Morresi y Emiliano Alvarez) que muestran la participación decidida de los socios de estas asociaciones en ministerios,  cortes, tribunales, etc. Y en segundo lugar porque me interesó mostrar que estas asociaciones profesionales no se reducen apenas a la sumatoria de sus socios, sino que constituyen instancias colectivas de representación profesional que, en tanto tales, impulsan sus propios intereses (adoptar decisiones estratégicas respecto de la propia profesión,  intercambiar y consensuar puntos de vista sobre el propio mundo profesional,  disputar el lugar de la propia expertise jurídica y de sus profesionales en la conformación del Estado) según un repertorio de movilización también específico:  la emisión de ‘declaraciones’, ‘opiniones’ ‘observaciones’ e ‘informes’ dados a conocer a través de ‘comunicados’ y ‘solicitadas’, la organización de ‘ciclos de conferencias’, ‘congresos’, ‘cursos’, ‘reuniones científicas’, ‘seminarios’, la edición de revistas especializadas, la publicación de ‘boletines’, ‘artículos’, ‘notas jurisprudenciales’, la creación de ‘comisiones de estudio’, la formulación de ‘pareceres técnicos’ a pedido del ejecutivo, la realización de ‘encuestas’ y la puesta en marcha de ‘programas de entrenamiento’ profesional. Esta es la dimensión específica a través de la cual estas asociaciones intervinieron y se posicionaron en relación a la última dictadura militar.

Las tres asociaciones tuvieron un rol importante en varios frentes: por un lado, porque con toda la autoridad que derivaba del prestigio que tenían para “la buena sociedad” de la época, se pronunciaban públicamente sobre asuntos que generaban controversia pública, prescribiendo así los cursos de acción a seguir en relación a la educación universitaria, la reforma de la justicia, la situación de los derechos humanos, etc. Esto último se puso especialmente de manifiesto en relación a la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, cuando las tres asociaciones publicaron respectivas declaraciones públicas en las que rechazaban los cuestionamientos al gobierno argentino al tiempo que denunciaban a sus denunciantes. Por ejemplo en el comunicado de la Corporación se afirmó que “las mayores violaciones a los derechos humanos han sido cometidas por las mismas personas que, ante la derrota que le infligieron las FFAA huyeron al exterior”  y que “los Argentinos de bien” gozan de libertad ya que los derechos humanos “están suficientemente amparados por la ley y las autoridades del país”.

En segundo lugar contribuyeron aportando su saber experto al importante trabajo de construcción e interpretación de la realidad política de la época, teniendo en cuenta que el régimen dictatorial no se consolidó apenas a través de la conquista militar sino también en función de su capacidad de imponer una nueva hegemonía. En este sentido estas asociaciones se instituyeron en importantes usinas de ideas “técnicas” que hicieron posible conciliar el apoyo explícito al orden dictatorial con el ejercicio de la virtud cívica que impone la profesión de abogado. Resulta interesante remarcar que estas asociaciones profesionales creían encarnar la noble tarea de defender el Estado de Derecho, que paradójicamente se realizaba en nuestro país en contextos dictatoriales y se violaba durante los gobiernos democráticos, no apenas en relación al período 1974-1976 sino a lo largo de todo la primera mitad del siglo XX. Así, el ciclo de conferencias públicas sobre la historia del Estado de Derecho en la Argentina que organizó el Colegio de Abogados en el año 1980 me resultó particularmente revelador de la manera en que conseguían articular la reivindicación del ideario propio de un Estado de Derecho con la defensa de  los sucesivos golpes de Estado.

APU: ¿Por qué puede hablarse de un uso intencionado del derecho en la legitimación de la gestión del régimen dictatorial?

VV: Si bien la existencia de relaciones de fuerza en torno al derecho es lo que lo sitúa a la práctica de esta profesión en el corazón del ejercicio de poder - en tanto una de las vías privilegiadas de la acción del Estado, esta dimensión coercitiva del derecho se reveló en sus formas más extremas durante la vigencia del terrorismo de Estado, cuando estas asociaciones profesionales suministraron cuadros técnicos a la dictadura y sirvieron de legitimación experta a los horrores de la represión. En este sentido, puede hablarse de un uso intencionado del derecho en la legitimación del régimen dictatorial.

Sin embargo, me interesa enfatizar también una dimensión menos intencional que la sugerida por el término “complicidad” y que es la profesión de fe que sostenían los integrantes de estas asociaciones en relación la causa que defendían: el Estado de derecho, las libertades individuales, el derecho divino, etc. Si ampliamos la mirada, extendiéndola más allá del período acotado de la última dictadura, vamos a poder ver  que muchos de los socios de estas asociaciones participaron en la alta función pública en muchos gobiernos, inclusive democráticos. En mi trabajo pude reconocer que el compromiso con la dictadura fue y es parte de un compromiso más amplio con una comunidad moral de pertenencia que vincula entre sí a un segmento de la profesión de abogados con las elites dirigentes de la Argentina.

Muchos de quienes integran o han integrado estas asociaciones forman una densa red de relaciones tejidas tanto por proximidad social como profesional y política: socios de estas tres asociaciones participan de numerosos espacios académicos, científicos, políticos y asociativos comunes. Integran o integraron el cuerpo de profesores y los  consejos directivos de las carreras de derecho de la UBA, de la Universidad Católica y la Universidad del Museo Social Argentino desde donde crean y recrean vínculos profesionales. Asimismo, establecieron vínculos familiares y sociales centenarios -  los hijos se forman en los propios estudios familiares o en los estudios de otros socios amigos - y también a partir del hecho de compartir espacios de sociabilidad propios de las elites porteñas como el pasaje por determinados colegios católicos (como el Champagnat), la participación en la liturgia de la Iglesia Católica (privilegiadamente en las iglesias Nuestra Señora de las Victorias y la Basílica Nuestra Señora del Pilar), la membresía a clubes de golf, la asistencia y participación en torneos deportivos de rugby y de polo (como el Torneo de Polo para Graduados organizado por el colegio y la Copa “Diario La Nación”), etc. Lo que estos indicadores nos muestran es que los socios de estas asociaciones participan de un mundo común de valores, de relaciones y de representaciones más amplias que los aproxima, vincula y cohesiona. Son estas dimensiones las que hacen comprensible que un mismo abogado participe de todas ellas aún cuando tengan perfiles diferenciados. Lazos profesionales, de amistad y parentesco los cohesionaron a lo largo de generaciones de manera de conformar una verdadera comunidad moral desde la cual van a movilizarse a favor de creencias comunes respecto de qué es el derecho y el Estado de derecho.

En este sentido, en el contexto de la última dictadura, se movilizaron perspectivas, intereses y cosmologías preexistentes en torno al derecho y la vida política nacional y que trascienden al período 1976-1983 y que se extienden, inclusive, hasta nuestros días, como se evidencia en una nota publicada por el Diario La Nación en febrero de 2014, en la cual Alberto Benegas Lynch, socio del Colegio de Abogados discute – en los mismos términos que lo hacían sus colegas a lo largo de la historia reciente del país – el carácter ficticio de la actual democracia fundada en el principio de la voluntad de las mayorías. Citando a autores tan disímiles como Giovanni Sartori, Karl Popper y Cicerón, el autor nos presenta su diagnóstico sobre la actual situación del país: no debemos caer en la trampa de creer que estamos frente a "procesos democráticos" frente a los desquicios actuales de los aparatos estatales, al tiempo que nos advierte sobre su preocupación por las “mayorías ilimitadas enquistadas en el poder que … atropellan lisa y llanamente los derechos de las personas, mientras compran votos con políticas dadivosas. Citando a Benjamin Constant concluye: la voluntad de todo un pueblo no puede convertir en justo aquello que es injusto” (Diario La Nación “La gran mentira de nuestro tiempo”)

APU: ¿Cuál era la relación entre estas asociaciones y el régimen? ¿Qué lugar éste les brindaba?

VV: Una dimensión menos observada cuando se piensa sobre la relación entre dictadura y asociaciones profesionales es la importancia que tuvo la dictadura para estas instancias de representación colectiva de la profesión, ya que las posicionó en el centro de la escena política, como interlocutores privilegiados de las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil, lo que les permitió instituirse - en tanto especialistas en derecho y a través de las herramientas provistas por el saber experto jurídico - como actores significativos dentro del campo de poder del Estado. Cuando se mira esta relación en el dirección inversa, es posible reconocer una mayor complejidad de este vínculo ya que estas asociaciones no solo se movilizaron para legitimar al régimen sino que el régimen representaba – imperfectamente- sus propios intereses, ambiciones y aspiraciones, que al ser publicitados a través de estas instancias de representación profesional, fueron dotados de una existencia legítima.

Una dimensión interesante – y que no pude desarrollar en profundidad en el libro, es que estas asociaciones tenían también sus propios conflictos y enfrentamientos. El análisis de estos conflictos – como por ejemplo el que se suscitó ante el proyecto de la dictadura de gravar los estudios universitarios, iniciativa que la Corporación apoyó y el Colegio rechazó o las disputas en torno a la implantación de la educación católica obligatoria en las escuelas públicas – permite ver que, a pesar de sus afinidades de tipo ideológicas y políticas, de sus acciones estratégicas en apoyo al régimen dictatorial, estas asociaciones no conformaban necesariamente un conjunto homogéneo. Así, integraron el Colegio de Abogados tanto presidentes democráticos -  Arturo Frondizi (1958-1962) y Fernando De la Rúa (1999-2001) - como de facto - Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958) - y figuras públicas tan antitéticas como Alfredo Palacios, Mario Bravo y Beccar Varela y Alfredo Martínez de Hoz.

También es importante reconocer que el poder de facto no siguió necesariamente sus lineamientos. Si bien estas asociaciones emitían pareceres públicos, éstos no siempre eran atendidos por las juntas militares. Son numerosos los documentos y declaraciones del Colegio, por ejemplo, reclamando atención para con los pronunciamientos públicos de esta asociación. Creo que sería interesante que futuras investigaciones relevaran en detalle la complejidad de los vínculos entre las asociaciones profesionales y las directivas emanadas desde las Fuerzas Armadas.

APU: ¿Cuál es el papel de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia? ¿Qué relación mantienen con el accionar de ciertos abogados durante la dictadura?

VV: Las tres asociaciones examinadas en mi trabajo continúan existiendo y desarrollan hoy un activo activismo jurídico vinculado a temáticas como salud reproductiva, el Estado de Derecho y los juicios de lesa humanidad. Los vínculos establecidos a lo largo del tiempo entre los integrantes de estas asociaciones se continúan hoy en la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, creada en el 2009 para “defender los valores de la República, luchar contra toda injerencia y presión espuria sobre la Justicia, fomentar la concordia y superar las diferencias que han engendrado tantos odios en nuestro país y promover una visión de memoria completa sobre los hechos ocurridos en la década del 70” que incluye, entre otras reivindicaciones, un  reconocimiento oficial para los soldados, sobrevivientes y familiares de “los caídos en defensa de las instituciones de la República” y una declaración de una amnistía general que permita la libertad para los “presos políticos”.

Dentro de esta Asociación se encuentran a varios de los defensores de los represores actualmente condenados o imputados de crímenes de lesa humanidad. Desde esta asociación instan a participar en movilizaciones públicas, se publican comunicados, declaraciones, manifiestos, cartas de presos políticos, se organizan visitas a cárceles, se asiste a los familiares de los represores, se adhiere y participa en los actos en homenaje a las Víctimas del Terrorismo, se convoca a la participación en misas, se interponen denuncias ante los tribunales, se hace acto de presencia en las audiencias de los juicios, se realizan encuentros, jornadas, coloquios, congresos, mesas de diálogo testimonial y se establecen vínculos con otras asociaciones afines de la Argentina (como la asociación Será Justicia, que ocupó las calles durante el 2013 y el 2014 denunciando el juicio político contra el fiscal Campagnoli, uno de los organizadores del 18F, bajo la consigna “todos somos Campagnoli o la asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina” (AFAVITA) y del exterior (Chile, Venezuela, España, etc) y se conmemoran los aniversarios de la asociación. En síntesis, se pone en juego el repertorio de movilización largamente aprendido en el marco de las asociaciones profesionales antes descriptas. Y esto porque en la conformación de la asociación Abogados por la Justicia y la Concordia se verifica la perdurabilidad de esta comunidad moral descripta anteriormente e integrada no sólo a través de lazos profesionales sino también a través de vínculos familiares y de amistad. Hecho que se verifica cuando vemos que su actual presidente, Alberto Solanet, es integrante de la Corporación de Abogados Católicos, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de FORES. Nuevamente, la defensa del Estado de Derecho no es contradictoria con la impugnación de la actual situación política y el saber experto es puesto en beneficio de las instituciones de la república, dado que en el espíritu de esta asociación: “No hay entre sus miembros ningún tipo de actividad política pues, aunque algunos la tienen docente o vocación jurídica, por lo común ejercen la profesión de abogado y comparten la adhesión por las instituciones forjadas por la Argentina durante 200 años de vida independiente. La defensa de los derechos de la Constitución y la preocupación por superar antinomias fijando las pautas básicas para la convivencia pacífica y organizada son los cultos por venerar si no se quiere extraviar el rumbo una vez perdido en Argentina”.