Repudio a la Cámara Federal de Bahía Blanca por el cesanteo del juez que investigó a la familia Massot

Por José Cornejo

Hasta su cesantía, Coleffi se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal bahiense. Desde ese rol había asumido como juez subrogante en trascendentes causas de la jurisdicción. La decisión de Montezanti lo deja ahora incluso sin su trabajo de empleado judicial.

Álvaro Coleffi fue el único juez que avanzó con la investigación a sectores civiles y eclesiásticos implicados en la última dictadura cívico militar en Bahía Blanca, llegando a indagar a Vicente Gonzalo Massot, director del diario La Nueva Provincia (LNP), y a dar con el hasta entonces prófugo cura Aldo Vara, fallecido sin ser juzgado, y procesando por su encubrimiento al actual arzobispo de la Iglesia católica Guillermo Garlatti.

A fines del año último, luego de ser sistemáticamente hostigado con operaciones judiciales y mediáticas y denunciado vilmente por Mario Fernández Moreno, decidió apartarse de la causa Massot.

Fernández Moreno es el alfil, servil a la familia judicial y a la impunidad bahiense y es quien opera dentro del Juzgado Federal 1, para no dejar cabos sueltos. Es hijo del ex camarista Augusto Fernández, recordado en la ciudad por liberar a tres docenas de represores en 2011, antes de su juicio y posterior condena.

Una nueva maniobra para asegurar la impunidad del clan Massot, esta vez con el armado de una causa por la filtración de escuchas que fueron casualmente publicadas en un blog de la ciudad, que opera en forma satélite a LNP y es conocido como reducto habitualmente consultado y hasta citado como fuente por los genocidas y sus abogados defensores.

"Esta decisión tiene un efecto ejemplificador y está dirigida a disciplinar a cualquiera que como el juez intente avanzar con las causas de los civiles en Bahía Blanca", aseguraron los organismos de DDHH de Bahía Blanca, quienes luego del repudio público, convocaron a marchar y manifestarse ante este nuevo atropello.

La concentración y movilización se desarrolló por la tarde del martes 12 y contó con la participación de un centenar y medio de personas que cortaron la calle, frente a las oficinas de la Cámara Federal, haciendo notar a los funcionarios judiciales que el silencio no gana Nunca Más y repudiando su decisión de dejar cesante a Alvaro Coleffi, único juez que avanzó en las causas contra los civiles partícipes de la dictadura genocida en Bahía Blanca.

Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S. manifestó a través del documento leído que “La única manera de cortar con la impunidad es que intervenga el Consejo de la Magistratura, Casación, la Corte Interamericana o la Corte Suprema para que Bahía Blanca frene la violencia judicial cuando se habla de dictadura”.

Para Eduardo Hidalgo de APDH Bahía Blanca, lo ocurrido “no es un hecho nuevo, porque hace treinta años que la Justicia frena la pesquisa sobre la complicidad civil. Pero hoy es más virulento y despojado del disimulo. Es un acto desvergonzado y una prueba de cómo se violenta la ley”.

El histórico luchador por los derechos humanos en aquella ciudad, mencionó a su vez que el ex PCI Néstor Montezanti y profesor de Derecho en la Universidad del Sur, tiene un juicio académico en contra que está pendiente. Pronto será desplazado de la Universidad y eso afectará la injerencia de sus resoluciones, pero hasta ahora sigue siendo el ejecutor fundamental de obstaculizar los avances en los delitos de lesa humanidad.

Es este sin duda un nuevo capítulo en la habitual práctica de obstaculizar el desarrollo de la investigación en los juicios por Delitos de Lesa Humanidad que se desarrollan en esa ciudad portuaria, y que en este caso en particular busca establecer las responsabilidades por los crímenes de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, dos delegados sindicales de La Nueva Provincia enfrentados con la patronal. Además, se acusa a la cúpula directiva del diario bahiense de haber efectuado “aportes esenciales” en materia de propaganda negra y operaciones psicológicas destinadas a contribuir con el genocidio.

A partir de testimonios, la recopilación de información públicamente difundida por el mismo diario en sus editoriales y la secuestrada el año pasado en el allanamiento ordenado por Coleffi, se pudo poner luz a la investigación y se comenzó a delimitar los roles y responsabilidades que tuvieron tanto Diana Julio, como sus hijos Federico y Vicente Massot.

Visto está, que en este gran juego por sostener la impunidad reinante hay un gran despliegue estratégico alfiles, peones y rey.

¿Y la reina? Sí, la reina también está. Ella fue conocida y denunciada oportunamente. Ella, la jueza “de la democracia” Ana María Araujo esposa del contador de LNP Domingo Marra e hija del genocida y ex capitán de navío Ricardo Araujo, es otra pieza en el gran ajedrez que tejió su estructura filiatoria y está dispuesto a poner en jaque la tan reclamada Justicia.