Vulneran condiciones de detención de mujeres para garantizar las de genocidas

Por Diego Kenis

Alrededor de cuarenta mujeres, hasta este mes privadas de su libertad en la Unidad Penitenciaria 31 de Ezeiza, fueron trasladadas el viernes 23 al Complejo IV de la misma localidad, calificado como prisión “de máxima seguridad”, y a la Unidad 13 de La Pampa, lo que las ubica a kilómetros de sus familiares.

La medida fue tomada por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, que la plasmó en una resolución el último 7 de mayo, a fin de habilitar cupos en la Unidad de origen para el alojamiento de detenidos por delitos de lesa humanidad, cuyo índice de encarcelamiento experimentó un “incremento” y la “consecuente insuficiencia de plazas existentes para el alojamiento de detenidos varones adultos”.

La resolución supone la readecuación del sector A de la Unidad 31, destinado hasta este mes al alojamiento de mujeres detenidas, para convertirlo en un Anexo Residencial para adultos mayores que funcione hasta que se construya “una residencia específica” para ese grupo dentro del Complejo Penitenciario Federal I y permita el fácil acceso de los reos al Hospital Central I.

La contracara a de dichas garantías es el perjuicio que ello ocasionó a las mujeres que se encontraban detenidas en la Unidad 31, de “mínima seguridad” y preparada para alojar a mujeres con buena conducta y aquellas que sean madres de criaturas menores de cuatro años. Los traslados compulsivos al Complejo IV y a la Unidad 13 pampeana representan un deterioro en las condiciones de sus detenciones, en un caso por la distancia y en otro porque el régimen es más riguroso al tratarse de una unidad de máxima seguridad, que además registra deficiencias edilicias y menor capacidad de cupos de acceso a la educación y la salud.

Preguntas sin respuesta

La situación fue denunciada el lunes 26 de mayo pasado por “Yo no fui”, una organización social que trabaja en proyectos artísticos en las cárceles de Ezeiza y acompaña a las internas una vez que han recuperado la libertad.

A comienzos de la semana, la entidad emitió un comunicado donde recuerda que “sigue su curso el hábeas corpus colectivo que fuera remitido al Juzgado Federal de Lomas para exigir que se dé marcha atrás al traslado de las compañeras y al alojamiento de genocidas en la unidad”, al tiempo que informa que la decisión originó una huelga de hambre entre las mujeres alojadas en la Unidad 31, en reclamo de que se revierta la resolución y se garantice la permanencia en el penal de mujeres y niños. El último punto fue consentido por la Dirección Nacional del SPF, y resultó en el cese parcial de la huelga de hambre.

En su comunicado, “Yo no fui” se preguntó “por qué garantizar derechos de imputados por genocidio primó por sobre todas las consideraciones que las sucesivas administraciones vienen realizando” en torno a la prisión, calificada como un modelo continental, y “qué posición toma el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante esta situación, que en pos de resolver la situación de un grupo de internos vulnera los logros alcanzados por la propia gestión en pos de otro grupo históricamente vulnerado en sus derechos por su condición de género”.