Las movilizaciones en Mendoza reflotaron el debate sobre la megaminería

Por Nadia Mayorquin

La minería a cielo abierto es una actividad industrial que consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, que es posteriormente procesado para extraer el mineral. Este mineral puede estar presente en concentraciones muy bajas, en relación con la cantidad del material removido. Este tipo de minería utiliza grandes cantidades de cianuro, sustancia altamente venenosa: para desarrollar este proceso se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte del proceso, se cavan cráteres gigantescos que llegan a tener 150 hectáreas de extensión y hasta 200 metros de profundidad.

Ninguna actividad industrial es tan devastadora como la minería a cielo abierto por las dimensiones del terreno que afecta. Los terrenos pueden ser bosques tropicales, laderas de montaña, cuencas hidrográficas o suelos agrícolas. En su explotación utiliza cantidades enormes de materiales químicos y tóxicos. En el proceso de extracción se vierten desechos contaminantes al ambiente.

Provoca el colapso de las economías agrícolas locales y produce impactos sociales tales como: desplazamiento de las poblaciones y pérdidas de los derechos colectivos, territoriales y ambientales. Después de la explotación, la minería a cielo abierto genera millones de toneladas de desechos, material venenoso que es abandonado sobre el terreno. Todos los estudios e investigaciones serias sobre la minería coinciden en que ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente, como la minería a cielo abierto.

Entre los principales impactos ambientales ocasionados por la minería se pueden identificar la afectación de la superficie y del entorno en general, contaminación del aire, afectación de las aguas superficiales y subterráneas, afectación de los suelos, impacto sobre la flora y fauna, cambios en el micro clima e impacto escénico posterior a la explotación.

¿Es sustentable en el tiempo?

La discusión sobre la conveniencia de la minería a cielo abierto y en gran escala ha dejado por fuera el cuestionamiento ético. No es la primera vez que ocurre en la historia humana; razón por la cual el pragmatismo económico ya ha justificado en otras épocas negocios tan deshumanizadores y vergonzosos como la esclavitud y la guerra.

Desde lo ético, se pueden enumerar argumentos que hacen inaceptable la minería a cielo abierto. El calentamiento global sigue en avance y con ello la indiferencia e irresponsabilidad de quienes detentan el poder económico y político en escala supranacional y global. Afectar grandes extensiones en países y regiones como que hoy mitigan ese impacto, y que mantienen producción de oxígeno, agua y biodiversidad para el país y el mundo, debería verse como un crimen de lesa humanidad porque agrede, en un momento de extrema fragilidad, la vida planetaria.

Por otra parte la naturaleza no es una estantería infinita de recursos, ni el ser humano es el soberano con el privilegio de agotarlos. La naturaleza es el vientre que nos acoge y nos proporciona las condiciones para vivir, es la Pacha Mama con la que se conectaban los ancestros originarios. Una montaña y un río son parte del espacio y territorio de quienes allí viven, son el paisaje con el que interactuamos naturalmente y nos media con la vida.

No es ético sacrificar un bien colectivo para favorecer un interés privado o una urgencia fiscal. El territorio y la riqueza de su biodiversidad son bienes comunes vitales. No es lícito, entonces, entregarlos para el negocio colosal de las multinacionales que regresa a las industrias extractivas del siglo XVI, en vez de proponernos industrias con insumos sostenibles desde el conocimiento científico al servicio de los pueblos y valor agregado.

El medio ambiente sano y protegido es el principal patrimonio de las generaciones futuras. Es la herencia más valiosa para garantizar su supervivencia. Por lo tanto, es un deber ético preservarlo en las mejores condiciones como nicho vital para los que vienen, por encima de alternativas no necesarias, como la minería a cielo abierto. Existen otros caminos para el desarrollo económico. El negocio minero pone en riesgo la soberanía de los territorios, que sería entregado en extensiones enormes por vía de los títulos mineros y por compra de tierras que ya están adquiriendo las multinacionales como medio para facilitar sus operaciones.

¿Cuál puede ser, una posición digna y una decisión ética frente a estos procesos? Resulta ingenuo pensar que las empresas mineras están interesadas en nuestro desarrollo. Ellos no son organizaciones humanitarias. Están aquí, como ya estuvieron en África, por su interés en un negocio que no es permitido en sus países de origen. En síntesis, más que la ponderación de argumentos económicos y técnicos lo que está de fondo es una postura y decisión frente a dilemas éticos y humanistas. Por tal razón se tienen dos caminos, por un lado aceptar que el buen vivir es un derecho y un bien colectivo que los Estados y gobiernos tienen la obligación de proteger y cuidar como garantía de supervivencia de los pueblos o aceptar sin oponerse que puedan ser lesionados gravemente y de forma irreparable por un interés privado.

El Estado debe ser garante de preservar la salud pública y soberanía de quienes habitan los territorios y no de los intereses económicos sin respeto a la vida de quienes buscan países pobres e institucionalmente débiles para realizar sus negocios. El dilema es aceptamos que nuestra generación no tiene otra vía económica que la depredación inmisericorde de su entorno, o entendemos que hay otros caminos de desarrollo económico y que ese bien no es solo individual, sino de las generaciones futuras.

La lucha por la vida

El pasado 23 de diciembre del 2019 alrededor de 50 mil personas se manifestaron en contra de la modificación de la Ley 7722, que abre las puertas a la megaminería. Sobre el final, hubo palos y gases. Sin duda es la marcha más grande en toda la historia de Mendoza.

La represión y la masiva movilización provocaron reacciones en el arco político mendocino y nacional. Aunque el Frente de Todos en su mayoría acompañó la sanción de la ley, el presidente del Partido Justicialista mendocino, Guillermo Carmoma, solicitó al gobernador que la vete. “Las movilizaciones son impresionantes, el peronismo tiene que estar del lado del pueblo”, señaló Carmona. A través de su cuenta de Twitter, la senadora Anabel Fernández Sagasti advirtió que si el gobernador “elige el camino de la represión, estaré siempre en la vereda opuesta”. “Uno de los límites que planteé claramente es que se deje que la gente se exprese y se los escuche”, señaló

Por su parte, el senador electo por el Frente de Todos y flamante embajador en Francia, Fernando “Pino” Solanas, plantó su posición: “La Ley 7722 de Mendoza protegía el agua prohibiendo el uso de sustancias tóxicas en la minería. Esta norma había nacido en las calles. Su modificación significa una regresión ambiental que pone en peligro el futuro de la región”.

El pasado viernes 27 de diciembre de 2019 el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció que enviará el proyecto de derogación de la Ley 9209. Los intendentes de toda la provincia llegaron a Casa de Gobierno para reunirse con el gobernador y dialogar sobre la modificación de la 7722 y resolvieron que el mandatario enviara el proyecto de derogación de la 9209 a la Legislatura. Estuvieron presentes 17 jefes comunales porque Roberto Righi, de Lavalle, se encontraba fuera de la provincia.

Rodolfo Suárez, en conferencia de prensa, señaló que hizo lo que dijo en su campaña. Afirmó que "para la exploración minera se necesitaban dos condiciones. Por un lado que se hiciera con estrictos controles y por el otro con el consenso social y esa licencia social no existe en Mendoza". El mandatario agregó: "En la campaña dijimos que éramos un gobierno de puertas abiertas y de diálogo. Por esa razón hemos decido enviar a la legislatura un proyecto para la derogación de la ley minera 9209".

"Esta decisión se toma sobre una decisión de que esta ley es legal pero no tiene la legitimidad del pueblo". También sostuvo que su proyecto para la reforma de la ley 7722 se envió para modificar la matriz productiva de Mendoza y dijo que buscaba un cambio. "Las decisiones no sólo deben ser legales sino también legítimas".

También Suárez hizo un llamado a los manifestantes: "Les pido que cesen los cortes y las protestas. Somos un gobierno que escucha. Queremos garantizar la paz social". Para finalizar el gobernador afirmó: "Mendoza está en contra de la minería y buscaremos alternativas para el sector productivo".