¿Quién se acuerda del represivo Plan Conintes que implementó Frondizi?

Este 1 de mayo se cumplen 65 años de la asunción de Arturo Frondizi como Presidente de la Nación. Había ganado las elecciones en febrero de 1958 como candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente. Mucho se ha dicho sobre el apoyo de los peronistas a esta candidatura: desde un “pacto” cuyo documento original jamás salió a la luz (si se conoció una copia con firmas falsificadas, según pericia caligráfica) hasta un gesto de Juan Perón de instar a sus seguidores en el voto hacia Frondizi.

En su discurso de asunción, Frondizi expresó: “Respetaremos los derechos humanos porque así lo ordenan la Constitución y las leyes, pero además porque ese respeto forma parte de nuestra concepción del hombre como ser sagrado. En tal virtud se preservará celosamente el ámbito de la vida privada en la conciencia y en el hogar. Bajo nuestro gobierno estarán plenamente garantizados las libertades y derechos esenciales que hacen a la conciencia: la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de reunión y, sobre todo, el derecho a la crítica y a la oposición en medida legítima. Esas garantías concretas alcanzarán a las comunicaciones personales, a la correspondencia y a la intimidad del hogar, que serán otros tantos reductos inviolables, liberados del temor a los ultrajes y a los allanamientos practicados sin orden de autoridad competente.”

Ese mensaje fue, seguramente, tranquilizador para muchos ya que significaba la restauración de la democracia y por lo tanto la plena vigencia constitucional. Sin embargo, fue rápidamente olvidado. Lo que casi nadie cuenta de su período de gobierno fue la implementación del Plan Conintes.

El mismo consistió en dejar en manos de las fuerzas armadas la represión de las huelgas y protestas obreras, movilizaciones estudiantiles y ciudadanas en general y las acciones de sabotaje y guerrilleras de grupos pertenecientes a la resistencia peronista. Este empoderamiento militar les permitió suspender las garantías constitucionales y proceder al reclutamiento militar obligatorio de la población, la detención de personas sin orden judicial, el enjuiciamiento de civiles por consejos militares de guerra, la conformación de zonas bajo mando militar y la subordinación de las policías provinciales y federales a las fuerzas armadas.

Mediante una serie de decretos que se gestaron secretamente se pretendió encontrar sustento jurídico en el estado de excepción contra las "perturbaciones sociales" que "amenazaban las instituciones y el orden público". Al día siguiente de comenzar a aplicar el plan Conintes, el General Larcher, en su calidad de Ministro de Guerra, le pidió de manera urgente a Frondizi que declarara la ley marcial.

Por su parte, Frondizi consideraba que la puesta en vigencia de la ley marcial implicaba reconocer que el país se encontraba en medio de una guerra civil, algo que iba más allá de la situación real. Entonces, decidió convocar a los asesores legales militares con el objetivo de dar con la herramienta legal que mejor pudiera justificar esta decisión. Sin embargo las recomendaciones coincidieron en que no había medios legales para que, en un sistema constitucional, un presidente pueda declarar la vigencia la pena de muerte.

El Plan Conintes fue aplicado en las zonas geográficas de mayor densidad de población: Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Rosario, eligiendo lugares de detención en la Patagonia, por ejemplo en la cárcel de Ushuaia, que Perón había cerrado en 1947 por razones humanitarias. Lo cierto es que en esos ámbitos, los presos de ese sistema represivo, además de ser torturados, sufrieron terribles condiciones de detención agravadas por el clima y las pocas pocas horas de luz solar al día.

Así lo contó el sobreviviente Néstor Peretti: “En junio nos trasladaron a Ushuaia, en realidad iba a ser la Isla de los Estados, pero el servicio penitenciario se opuso porque no había lugar donde alojarnos. Yo estuve encerrado 22 horas por día, solo se abría la puerta para ir a hacer las necesidades, desayuno o merienda. El penal no reunía las condiciones físicas para alojarnos. Las paredes estaban descascaradas, los pisos destruidos, la cama resorte con una colchoneta que era dura como una piedra, no tenía sábanas, sólo una frazada. Nos hacían bañar con agua fría, no teníamos elementos de aseo personal. A los 60 días recibí una encomienda donde tuve algo de abrigo y elementos de higiene. La comida era pésima, a veces venía con olor a orina, resto de carozos, escarbadientes. En una palabra, ahí me di cuenta que nos llevaron allí para morir, no teníamos retorno”.

Memoria sesgada

Los motivos historiográficos y sociológicos que llevaron a priorizar la memoria de otros actos del gobierno de Frondizi (su encuentro secreto en 1961 con el Che Guevara, por ejemplo) pretenden dejar al plan Conintes en el olvido, lo que impide comprender que la violencia estatal en la Argentina durante el siglo XX no comenzó en 1976, sino que se mantuvo desde junio de 1955 en adelante (aunque la última dictadura la llevó a límites nunca antes traspasados), con breves momentos de recuperación democrática. 

Una reciente desclasificación de documentos y nuevas investigaciones intentan poner a Conintes y sus víctimas en el lugar de memoria y justicia que les corresponde.