Vicentin: primero investigar y luego expropiar... si es conveniente, por José Pierri

Por José Pierri | PROINGRA / FCE / UBA

La situación de la empresa, hoy en convocatoria de acreedores y que probablemente derive en una quiebra fraudulenta, obliga a un estudio preciso que ahorre al Estado perjuicios mayores que los sufridos hasta el presente. 

El carácter  ¿fraudulento? del accionar de la empresa se manifiesta en el trámite y otorgamiento irregular de créditos millonarios por parte del Banco Nación en el mes de noviembre de 2019 (antes que la asunción del nuevo gobierno nacional que posiblemente habría impedido la operación), la recepción de miles de toneladas de granos cuando la empresa sabía sobre su imposibilidad de abonarlos (Ej. un productor de Córdoba  que inicio acciones penales contra la empresa entregó 6 mil toneladas de trigo entre el 17 de noviembre y 2 de diciembre). De particular importancia fue la cesión de acciones el 2 de diciembre por parte de Vicentin Paraguay que permitió a Glencore, empresa Suiza, alcanzar el papel de controlante de RENOVA, empresa poseedora del la “Joya de la Abuela” de Vicentin en nuestro país, las plantas de biocombustibles en San Lorenzo y aceitera en Timbues con sus correspondientes puertos  (de concretarse la pérdida de esos bienes reduciría enormemente el valor de  la empresa en convocatoria). Todas estas acciones fueron concretadas dentro del mes anterior (se destaca la cesión de acciones el 2/12)  a la cesación de pagos de la firma el 5 de diciembre del 2019, a sabiendas de la empresa su situación de quebranto. 

En efecto, la denuncia penal presentada por el productor cordobés que entregó las toneladas de trigo señala: “Al tiempo de celebrar los contratos con el productor, los directivos de Vicentín estaban, cuanto menos, en perfecto conocimiento de su imposibilidad de afrontar el pago de la mercadería que se le entregaría”.

Hoy la empresa en convocatoria presenta una deuda cercana a los 100 mil millones de pesos, entre los cuales habría bancos acreedores extranjeros que reclamarían unos 500 millones de dólares y entre las deudas al Banco Nación, impuestos nacionales de distinto tipo, los granos impagos a productores/acopios/cooperativas y a proveedores se conformaría el resto de las deudas calculadas en unos 1500 millones de dólares.

La situación de la empresa merece una investigación de la intervención, de la justicia penal y del parlamento (la abundancia no daña) para evaluar su presunto carácter fraudulento. De comprobarse el fraude en el período de ”sospecha” de la Ley de Quiebras (art. 119), que abarca a los dos años previos a la convocatoria, podría anularse una decisión de fundamental importancia, la de la transmisión del control de la mayoría accionaria a Glencore  sobre RENOVA, la “joya de la abuela” y “corazón” del negocio. 

Hoy el debate transcurre entre cuestiones no dichas, intereses y estupideces. Así, si bien algún periódico señala que “a sottovoce Nardelli pedía hace meses la intervención del Estado”, miles de personas hicieron oír sus cacerolas y/o se manifestaron en la ruta en contra de la posibilidad que el Estado expropie la empresa. 

¿El Estado no puede expropiar bienes por razones de utilidad pública? Martínez de Hoz expropió en 1978  la Compañía Italo Argentina de Electricidad sin mucha oposición y la cantidad máxima de expropiaciones sobre viviendas familiares las realizó la dictadura militar (1976/83) cuando expropió miles de viviendas familiares para luego construir autopistas.... en fin...decir que el Estado no puede expropiar surge de la ignorancia o intereses inconfesables. Expropiar bienes por razones de bien público lo han hecho diferentes gobiernos a lo largo de la historia.

La cuestión hoy, es si es conveniente que el Estado Nacional vuelva a ser el estado “bobo” que pague a proveedores, acopiadores, cooperativas, productores y a la banca internacional (algo más de 1000 millones de dólares) y se quede con un Vicentin residual, carente de los puertos industriales de San Lorenzo y Timbues, el corazón del negocio... sin cuya propiedad la empresa vale mucho menos de lo que se estima.  

A los que hoy piden que “el Estado inyecte capital” para que reabra la empresa privada se les podría decir que prueben con pedir esos créditos a la banca privada (¿más eficiente?), pero saben que esa banca privada siempre opera sobre seguro... a una empresa en convocatoria nada le prestarán.  

Por todo lo expuesto, una decisión apresurada de expropiación, sin saber con claridad cuál es la verdadera situación patrimonial de la empresa, puede ocasionar que el Estado Nacional y el Banco Nación , asuman la pérdida de sus acreencias y puedan verse obligados a negociar con acreedores externos sumas millonarias en dólares, pagar otros millones a los abogados y peritos  que intervendrían en la quiebra y hacerse cargo de una empresa que sin la posesión de aquellas plantas industriales y sus puertos perdería la mayor parte de su valor. 

En resumen, lo conveniente antes de tomar decisiones apresuradas  “primero investigar y luego expropiar... si es conveniente”.