Las muertes de las no-viviendas de la Ciudad

Por Eduardo Reese*

El abandono y el deterioro del complejo habitacional de Soldati no son nuevos. En 2001 la legislatura porteña sancionó las leyes 623 y 831 donde se estableció la emergencia edilicia y ambiental del complejo en el que habitan 3200 familias. Dos años después el gobierno se comprometió a realizar las obras necesarias. Desde entonces, los sucesivos gobiernos incumplieron estos compromisos. Distintos fallos judiciales ordenaron la aplicación de esas leyes y la ejecución de las medidas necesarias para la solución de las fallas estructurales y los vicios de construcción, las mejoras en la infraestructura y el saneamiento ambiental. En 2009 la Asesoría General Tutelar de la Ciudad demandó al GCBA para que ejecute las obras comprometidas en 2003 respecto a uno de los módulos del complejo. Dos instancias judiciales ratificaron la necesidad de una pronta solución. En 2014 la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario inició una demanda por la precariedad edilicia de otro de los módulos. Esta presentación también fue avalada por el Poder Judicial. El Gobierno de la Ciudad incumplió los fallos judiciales.

Aunque la situación del complejo habitacional de Soldati es una grave expresión de la vulneración de derechos, no se trata de un caso aislado. La zona sur de la ciudad es la evidencia del abandono. La semana pasada el CELS se presentó como amicus curiae ante le Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario que debe resolver el recurso de amparo impulsado por Poder Ciudadano y la Asesoría Tutelar de la Ciudad donde se exige al gobierno porteño que garantice el hábitat digno para los vecinos de Zavaleta, en Barracas.

Las distintas administraciones de la ciudad de Buenos Aires solo han desplegado políticas cosméticas sin impacto favorable en la calidad de vida de la población. En los últimos años se ha reducido la asignación presupuestaria en materia habitacional al mismo tiempo que han aumentado el precio del suelo y la especulación inmobiliaria. En simultaneo, las políticas habitacionales están alejadas de los sectores populares y no buscan resolver la grave crisis que afecta a una ciudad donde entre 2001 y 2010 aumentó el 52% la cantidad de personas que viven en villas y asentamientos.

En este contexto de déficit de infraestructura urbana, las muertes de Cristian Crespo en Soldati y la de Gastón Arispe Huamán, en marzo de este año, en el barrio Rodrigo Bueno, son el claro testimonio del grave problema de hábitat en la ciudad de Buenos Aires. Es indispensable que el gobierno porteño cumpla con la legislación vigente y modifique sus prácticas de exclusión socio urbana en resguardo del valor de la vida humana y el bienestar social.

* Director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS.

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