Teresa García: "Cuando el Estado no regula de forma consciente, regula el mercado de forma salvaje"

Por Martín Massad

AGENCIA PACO URONDO: ¿Cómo es la situación de recaudación en la provincia de Buenos Aires con respecto a los inmuebles que están dentro de los countries?

Teresa García: En el momento actual, tenemos que hablar de tierra pública y tierra privada. En materia de tierra privada, estamos trabajando con ARBA, y acá quiero aclarar que con Cristian Girard, su titular, tenemos una pequeña diferencia respecto a la cantidad de barrios y hectáreas que estamos chequeando. Esta diferencia refiere a que la provincia de Buenos Aires hace 25 años que tiene descuartizado en siete áreas de gobierno el manejo de la tierra y el cumplimiento de la ley. Esto hace muy difícil tener una política única con la manda de siete ministros distintos. Por lo tanto, la decisión del gobernador Axel Kicillof ha sido crear una unidad de coordinación, ubicada en el Ministerio de Gobierno, para reunir todas aquellas acciones administrativas que responden al tema de regularización de las tierras. ¿Por qué este Ministerio? Porque es el que tiene la Dirección de Ordenamiento Urbano con cumplimiento de la ley 8912 que es la Ley de Uso de Suelo y la 14.449 que es la Ley de Hábitat. Ambas leyes indican que toda urbanización privada o nuevo emprendimiento debe ceder tierra a los efectos de creación de espacio libre, verde y público y equipamiento comunitario. En el caso de la ley 14.449, al modificar la zona, que es a lo que hace referencia Girard, es decir, de zona rural a zona urbana, obviamente se genera una valorización de la zona, y la ley establece que el 10% de la valorización tiene que ir al municipio en materia de tierra o dinero para la compra de tierras para viviendas sociales. Esta es la disposición legislativa y el ordenamiento de las áreas.

Hasta ahora, el Estado es quien debe hacer cumplir la ley de uso de suelo. Sin embargo, al estar en siete áreas diferentes, al haber puesto la mirada en otro lado, al disimular con respecto a algunas cuestiones, hoy tenemos alrededor de 602 barrios cerrados, urbanizaciones nuevas o clubes de campo sin convalidar. A ARBA le pagan como un macizo de tierras, o sea la totalidad de la tierra del emprendimiento, y, luego, las administraciones de esos barrios la prorratean entre todos sus habitantes y se los descuenta por expensas. Esto le implica a la provincia una pérdida de 1500 millones de pesos. Además, hay otra pérdida en esto, y tiene que ver con la gente que ha comprado su tierra en esos lugares y se ha construido una casa pero sin tener la escritura, es decir, no tiene título de propiedad porque no está convalidado el barrio. Si quieren vender su caso por el motivo que sea, la tienen que vender con el boleto en la mano, lo que disminuye el valor de la propiedad. A raíz de esto pierden el propietario y la Provincia en materia de recaudación, y la responsabilidad sobre esto la tienen, en parte, los desarrolladores inmobiliarios que no han activado la puesta en norma de sus urbanizaciones, pero fundamentalmente es el Estado que no hizo cumplir la ley. Todo esto en materia de tierra privada.

En cuanto a la tierra pública, la provincia de Buenos Aires es la que cuenta con mayor extensión de territorio, por lo tanto, debería ser la provincia que cuente con mayor extensión de tierra pública. Sin embargo, al ordenar el mapa que estamos conformando desde el mes de febrero, nos dimos cuenta que aquello que figuraba como tierra pública, finalmente no lo era. Por ejemplo, el Delta bonaerense cuenta con 330 mil hectáreas de las cuales, en el día de hoy, hay 40 mil hectáreas que están siendo usufructuadas para emprendimientos privados, producto de un convenio o un comodato legalmente firmado. Sin embargo, hay algunas empresas que hacen explotación sobre tierra pública y hace 25 años que no pagan el canon a la provincia de Buenos Aires. A partir de la conformación del Registro de tierra pública del Delta, que ya está en vigencia, hemos convocado a todos los emprendimientos privados que accionan sobre tierra pública para que regularicen su situación de canon.

El manejo de la tierra en la provincia, a mi entender, ha sido desidia del Estado desde hace 25 años, a veces por la propia desidia, otras por intereses y otras veces porque quienes gestionaban no le dieron importancia al tema, cuando en verdad cualquier gobierno sabe que, desde la política social, del hábitat, de la necesidad de vivienda, desde nuevos emprendimientos, desde parques productivos y tecnológicos, se necesita la tierra. Como suelo decir, es importante no perder de vista que cuando el Estado no regula de forma consciente, regula el mercado de forma salvaje. Eso es lo que ocurrió con la toma en Presidente Perón, donde había ofertas de venta de tierra por parte de los privados para resolver la toma. Estas tierras acusaban un valor que no estaba en el imaginario de nadie. Cuando hay una situación compleja, el privado que tiene tierra obviamente aumenta su valor, producto, además, de las modificaciones de las ordenanzas.

APU: Respecto al caso de la tomas de tierras en particular, ¿cómo ve la situación?

T. G.: En relación al tema de las tomas, quiero referirme seriamente a algo que tiene que ver con la aparición de oscuros personajes en las tomas que instan a la gente a ocupar un lugar. Esto ocurrió en distintos distritos, no solo en Guernica, y luego se ve en las redes sociales la frase: “Venta de lote en toma $50 mil”. Ante la necesidad y la urgencia, mucha gente a la que se ha terminado el alquiler y no puede pagar otra cosa, que no cuenta con otra alternativa, muchas veces accede a este tipo de ofertas ilegales porque no les queda otra posibilidad. Todos hemos visto la situación de Guernica, donde encontramos a los privados que elevan el valor de la tierra sin sentido y a estos personajes que instan a que la tierra se ocupe de cualquier manera para hacer negocio. Estos personajes, entonces, le hacen mucho daño a la administración de la tierra pública y privada.

Creo que en esto tiene que mediar el Estado, como lo hizo el gobernador Axel Kicillof poniéndose en el medio de la situación y administrando lo más importante que tiene un gobierno que es su tierra.

APU: ¿Cómo analiza los esfuerzos de acompañamiento de las administraciones municipales en relación a los countries y las construcciones de las viviendas populares?

T. G.: Claramente esto tiene vinculación con la falta de planificación que ha tenido el Estado. Es esperable que las modalidades de hábitat que toma la gente cambien con cada década, y que van desde casas bajas, edificios y countries hasta barrios cerrados y clubes de campo. Lo que está mal es que el Estado no planifique y no regule, fundamentalmente el Estado provincial, porque cualquier Administración municipal puede tener interés en que se proyecten infinitamente estas nuevas urbanizaciones. La urbanización se hace cargo de la apertura interna de calles, de la iluminación, de la seguridad y saca problemas al municipio. Sin embargo, si la Provincia indica que el crecimiento en una zona es de determinada manera y, además, tiene que convalidar esas nuevas urbanizaciones, debe hacer observaciones como, por ejemplo, el daño ambiental que causan en muchos casos a raíz de la construcción de espejos lagunarios y movimientos de suelo que producen daños en barrios vecinos.  Entonces, hay que gestionar sobre la mitigación del daño, que es una de las tareas que estamos llevando adelante. En otras palabras, aquel barrio que perjudicó a las zonas vecinas por haber hecho movimientos de suelo tiene que mitigar el daño que ha hecho.

Por eso insisto en la responsabilidad del Estado en este tema de tierras que es como cualquier otro tema, ya sea la seguridad pública o la salud pública y privada. Hay un punto en el que el Estado se tiene que parar en el medio de la situación porque si hay algo que se regula naturalmente por el mercado es la tierra, al igual de lo que sucede con la educación y la salud pública. De aquí que es necesario tener un Estado presente limitando acciones desmedidas, que es lo que venimos haciendo desde el mes de febrero.

APU: En relación a la toma de Guernica, ¿cómo es la situación de los dueños de los terrenos de Guernica que gestiona la inmobiliaria Campos de Bellaco?

T. G.: Efectivamente son los dueños quienes lo acreditan, tenemos la plancheta catastral de dominio de ese predio como de todos los demás, que creo que fue comprado en el año 1997. Sin embargo, cabe señalar que debe una suma de 1,9 millones de impuestos a ARBA. Además de este, hay otros cuatro predios que están ahora en una resolución que gestionó el Ministerio para que se pongan en norma. Al respecto, ya hicimos la constatación de los certificados de dominio y, efectivamente, son de quienes dicen serlo.

APU: ¿Podría haberse extendido el plazo para el desalojo de Guernica?

T. G.: Es importante que quede claro que esta fue una acción de la Justicia. Fue el juez quien solicitó el desalojo y luego el fiscal lo activó. El gobierno de Axel Kicillof lo que hizo fue darnos instrucciones a todos los ministros de intervenir en el tema para que el desalojo determinado por la justicia tuviera el menor daño colateral posible. Para esto había que resolver la situación individual de las 1200,1400 familias que estaban en la toma. El ministro Larroque trabajó intensamente durante dos meses y nosotros también.

Cabe aclarar que el Gobierno, además de delimitar rápidamente la tierra disponible para loteo, solicitó inmediatamente a la justicia la postergación de los plazos. Se consiguieron tres postergaciones, siendo la última el 15 de octubre. Luego conseguimos una más y la semana pasada el ministro Larroque y el ministro de justicia volvieron a pedir una postergación de 4 días más porque quedaba un remanente de familias muy pequeño y entendíamos que podíamos resolverlo en ese plazo de días.

APU: ¿Podría explicar el motivo por el cual quedó ese remanente de familias? ¿Estaban representadas por algún sector político?

T. G.: Las familias tuvieron el acompañamiento de los organismos de derechos humanos como el Cepal, el CELS, la Comisión de la Memoria de la Provincia, el Defensor del Pueblo y de todos nosotros. Hubo un sector intransigente dentro de la toma que representaba algunas familias que, incluso después de una gran tormenta que hubo un viernes, el Gobernador dio indicación de asistir a cada una de estas familias, y ese sector no dejó entrar al Ministerio de Desarrollo Social a la toma ni para asistir a las familias ni para terminar de censarla. ¿Por qué digo esto y no busco culpables? Cuando se intenta ayudar en situaciones de emergencia y de mucha miseria no se pueden anteponer otros intereses, se tiene que hacer eso y punto. Este sector intransigente, que representaba a un grupo de familias, decidió no formar los acuerdos que firmaron las 800 familias restantes.

El ministro Larroque los citó en una mesa de diálogo, se fue corriendo el arco día tras día y en la ultima semana no accedieron a firmar el acuerdo que planteaba la Provincia, con testimonios de los mismos abogados de las familias que estaban inicialmente de no entender cómo no se firmaba un acuerdo de estas características que resolvía transitoriamente la situación. Luego, nos encontramos ese día con la manda de desalojo final, sin posibilidad de postergación, y con su concreción efectiva.

Me interesa contar que hemos hecho el esfuerzo hasta el último momento, y también que hubo una situación de intransigencia de algunos sectores políticos que representaban a estas familias.

APU: ¿Qué opinión tiene sobre el ministro de seguridad Sergio Berni y su accionar en la toma?

T. G.: El ministro de seguridad Sergio Berni viene siendo controvertido para muchos desde que comenzó su gestión en el mes de diciembre. El gobernador Axel Kicillof menciona que cada cartera tiene su modo de acción y su modo de comunicación. Quizás algunos somos un poco más prudentes y más cuidadosos en nuestro accionar personal y en la comunicación porque entendemos que formamos parte de un gabinete, es decir, de un hacer colectivo.

En función de lo que pude ver en los medios de comunicación hasta que pude hacerme presente en La Plata, el desalojo del predio fue hecho con el mayor cuidado posible, en el sentido de no dañar a las personas y evitar corridas dentro del predio. Luego se sucedieron una serie de situaciones de violencia que sucedieron fuera del predio donde hubo uso de piedras, gases lacrimógenos, etc. Específicamente, estas fueron las cuestiones que se intentó evitar desde el primer día. 

APU: ¿Cómo sigue el proceso de reubicación final de Guernica y el resto de la Provincia de Buenos Aires?

T. G.: En este plano, lo que hay que hacer es trabajar sobre los municipios con las ordenanzas que producen tierra. En este sentido, hemos trabajado en Presidente Perón para la producción de 80 mil lotes con servicios como una de las medidas decididas por el Mandatario de la Provincia de Buenos Aires en un plan de tres años. Luego, en acuerdo con Presidencia de la Nación y con el Ministerio de Infraestructura, se comenzará con planes de vivienda de diferentes alcances, algunos más pequeños y otros de mayor dimensión.

Con respecto a las familias que quedaron sin firmar el acuerdo con la Provincia, el ministro Larroque estuvo en contacto directo con ellas porque en verdad están todas censadas, y son las familias que están censadas las que van a ser poseedoras del lote con servicios que va a armar la Provincia. Algunas de ellas incluso han mencionado que fueron conminadas a no firmar el acuerdo, a pesar del esfuerzo del Estado y las propias familias que tienen que andar con las chapas y las pertenencias de un lado a otro.

Tenemos ya un predio identificado para el plan de lote con servicios, pero sabemos que esto no va a ocurrir de un día al otro, ya que hay que nivelar la tierra, hacer la zanja, poner el agua, la cloaca, etc. Aquí no se trata de resolver la miseria con decisiones miserables, se trata de resolver la indignidad con decisiones dignas. Este loteo con servicios está pensado para las familias que estuvieron en la toma de Guernica y para aquellas familias que acrediten que no tienen ningún posible lugar para vivir por razones diversas.

El gobierno va a otorgar un subsidio de excepcionalidad que existe desde el 2008, y cuya última actualización es del 2009. El monto es hasta 50 mil pesos y tiene como objetivo dar a las familias que han echado de su casa por no poder pagar el alquiler la posibilidad de que puedan volver a esos lugares hasta tanto sea resuelto el predio de lote con servicio.

APU: ¿Cuáles son las características del subsidio por excepcionalidad?

T. G.: En principio, la persona tiene que acreditar el valor que paga de alquiler, por eso el subsidio es hasta 50 mil pesos. Este pago aplica por un período de tres meses, con la posibilidad de ser renovado por seis meses más. Es un subsidio que estuvo armado para la emergencia y la excepcionalidad, sea por inundación o por incendio, y lo que ha hecho el gobernador Kicillof en este contexto es actualizarlo.