¿Vamos Manaos?: con la sangre en el monte

Por Nicolás Adet Larcher

“Así como ustedes dicen ‘¡Vamos Manaos!’, yo digo ‘¡Vamos Argentina!’”, dijo el presidente Mauricio Macri un 29 de agosto de este año desde un atril mientras junto a él se encontraban la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y el dueño de Manaos, Orlando Canido. Luego del acto, los tres posaron sonriendo mientras por detrás formaban en fila los empleados de la fábrica de gaseosas. La presencia de Macri en el acto, en un principio, se había suspendido durante la mañana para evitar escraches con el argumento de “razones climáticas”, aunque luego fue reanudada. Allí, una vez en el lugar, Macri expresó “el camino no es agredir”.

La empresa Manaos, extiende su presencia territorial en gran parte del país, valiéndose de publicidades que incluyen a figuras reconocidas como el Chaqueño Palavecino, Martín Palermo y Rodolfo Ranni, entre otros. La marca, fue conformada en 2004 por Canido, un emprendedor que hoy tiene 61 años y que aglutina bajo su órbita a otros productos como La Bichy Ahora, Fernandito-VII su marca de fernet y Villamanaos. En su planta, se elaboran 300 mil packs de botellas por día, lo que le permite una rentabilidad envidiable que le permite jactarse – además – de haberse creado desde cero a diferencia de otros empresarios que heredaron sus empresas.

En los medios empresariales, en el ambiente del establishment local y entre muchos de los círculos políticos, Canido es reconocido, es elogiado y es saludado por sus pares nacionales con entusiasmo. Sin embargo, otra historia que involucra a Canido como una pieza clave, tiene que ver con la toma de terrenos en el norte de nuestro país. En particular, Santiago del Estero, donde la soja forma parte de otras de las diversificaciones empresariales de Canido.

La sangre en el monte

Desde hace años, Canido mantiene conflictos con comunidades campesinas en la provincia de Santiago, lo que motiva a denuncias constantes de parte de quienes integran el MOCASE Vía Campesina (VC) por la llegada de patotas armadas al lugar que intentan quedarse con gran parte del territorio. El accionar es regular, varias personas armadas llegan en camionetas (a nombre de Canido) y amenazan a las familias que habitan el lugar. La comunidad en cuestión habita en Bajo Hondo, una localidad ubicada en el departamento Juan Felipe Ibarra del interior provincial.

Solamente en este año, hubo distintos hechos de violencia entre febrero, abril y julio, denunciados por el MOCASE VC que dejaron un saldo de viviendas quemadas, animales asesinados (alrededor de 12 vacas muertas), una camioneta incendiada, agua envenenada y, en el último ataque, también, fue herido de bala por un disparo de escopeta, Pedro Campos y otro integrante de la comunidad fue atropellado. Campos recibió el disparo durante la primera hora de la mañana del último sábado, cuando “los sicarios” de Canido descendieron del vehículo que los transportaba y comenzaron a disparar, entre gritos y corridas.

El interés de Canido por el interior santiagueño es la necesidad de extender la frontera sojera. Un informe del Sistema Integrado de Información Agropecuaria de fines del año pasado, determinaba que alrededor de un millón de hectáreas habían sido sembradas en Santiago, lo que dio lugar a una notable cosecha colocando a la provincia como una de las provincias insignia en el dominio de la soja.

Según los testimonios, para que las bandas armadas lleguen al lugar, deben pasar cerca de un control policial que está ubicado a unos 200 metros. Para algunos, los policías son cómplices al dejar ingresar a las bandas, para otros, tienen miedo. Lo cierto es que en muchas ocasiones las agresiones se llevan adelante ante la ausencia policial, mientras en algunos casos son los propios agresores que integran las bandas, quienes se hacen presentes en el lugar uniformados cargando armas.

A principios de este mes, Canido fue citado por la justicia para ser indagado por “tenencia y portación ilegal de armas de guerra, abuso de armas, amenazas calificadas por el uso de arma y usurpación de propiedad en concurso real”. En julio, había llegado una orden de desalojo a las comunidades, pese a que desde abril ya se había presentado un recurso judicial contra esta acción. Uno de los actores claves en esta ofensiva judicial contra las comunidades, fue la – ahora – ex jueza Lucrecia Martínez Llanos, quién en los últimos meses había tomado decisiones que favorecían al empresario, (dio lugar a que se permita fumigar cerca de las viviendas) sin respetar requisitos mínimos de leyes que rigen en la provincia y sin haber realizado inspecciones en el lugar. A principios de este mes, Llanos se vio involucrada en un escándalo dentro de la justicia santiagueña, lo que motivó su apartamiento, luego de que fiscalía de Tucumán denunciara una presunta estafa que la colocó como imputada en una causa que también incluyó a otros dos jueces del fuero penal provincial, a empleados judiciales y a un empresario mediático de Tucumán.

En las últimas horas, el Ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Daives, mantuvo una reunión con representantes del MOCASE VC y el Secretario de Derechos Humanos en la provincia, Hugo Figueroa. Luego de esa reunión, integrantes del llamado “Comité de Emergencia” bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, viajaron al lugar para interiorizarse sobre el tema.

Los conflictos territoriales en la provincia, no son cubiertos por los medios locales, o solo son tomados en cuenta cuando los mismos se solucionan con la intervención de algún funcionario del gobierno provincial. Sin embargo, en esta ocasión, llamó la atención el tratamiento de la noticia por parte de los medios que si publicaron el hecho.
En 2015, Amnistía Internacional, había realizado un relevamiento sobre conflictos territoriales en el país. De esa investigación, se desprendió que existían 183 conflictos donde comunidades exigían el cumplimiento de sus derechos. En Santiago del Estero, existían – según esos datos – nueve conflictos en todo el territorio provincial, en donde eran 4 los casos que llegaban al estado de violencia. De parte de las comunidades, se intenta aclarar la problemática a través de la vía judicial, mientras las armas del empresariado se hacen presentes en el territorio para avanzar por la fuerza. Una lucha por defender lo propio que lleva años.