El ajuste de Milei: dólar oficial se dispara un 118%, tarifazo y recortes en las jubilaciones

Las primeras medidas económicas del gobierno de Javier Milei llegaron sin muchas sorpresas. Gran parte de lo que expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había sido anunciado durante la campaña presidencial del libertario y se anticipó en parte en estas horas.

El anuncio fue por medio de un video demorado que debió ser regrabado más de una vez a causa de los nervios del ministro. Sentado, frente a cámara, Caputo anunció el ajuste, pero antes intentó introducir un pequeño relato para aceptar el golpe. De esta manera la administración actual instala algo que no le funcionó a ningún gobierno: el relato de que nos están salvando de algo peor. Es una estrategia que puede funcionar un tiempo pero que va a repercutir en el corto plazo y lo hará directamente sobre el bolsillo de la clase media. Nadie te vota por el desastre que logras evitar, porque es algo que materialmente no se ve. Lo que se ve es la economía de cada día en las góndolas.

Concretamente, Caputo anunció: aumentos en el boleto de colectivo (en campaña Milei sugirió que cueste más de 300 pesos), tarifas de luz, dólar oficial a 800 pesos (lo que se va a traducir en un nuevo aumento de precios en las góndolas), apertura de importaciones sin restricciones (que implica la destrucción de la industria nacional y genera desempleo) y se terminará la construcción de obra pública por parte del Estado (que también genera pérdidas de puestos de trabajo).

El sistema que propone Milei tiene a las empresas privadas en el centro. Es difícil pensar que un empresario se interese por asfaltar caminos rurales, llevar agua potable a parajes perdidos o financiar una cloaca en un barrio. Sobre todo si tenemos en cuenta que, para el libertario, el mercado se regula a partir de la oferta y la demanda, que siempre esconde un interés económico por detrás. Hay que decirlo de nuevo: la obra pública cumple una función social porque crea infraestructura en ciudades donde al mercado no le interesa vender.

¿El modelo podría funcionar en Argentina? Hay que decir que durante la presidencia de Mauricio Macri, si bien no se pararon las obras públicas, si se redujo la inversión. De representaron un 1,2% del PBI en 2015, pasaron a representar el 0,9% para el final del mandato del ex presidente. Durante esos años, Macri intentó implementar algo que se denominó obras de Participación Público-Privada (PPP). El sistema ponía al Estado en el rol de diseñador de contratos a la medida del sector financiero, lo que además le representaba al propio Estado un gasto que era tres veces superior al que hubiese tenido.

Bajo el sistema implementado por Macri, las empresas privadas solo ejecutaron el 2% de las obras que se comprometieron a realizar. Los contratos finalmente fueron rescindidos por “incumplir obligaciones” después de dos prórrogas otorgadas por el gobierno de Alberto Fernández.

El plan de Milei puede ser mucho más ambicioso en ese sentido (y mucho más agresivo), ya que incorpora en la ecuación al dogmatismo de los pensadores del libre mercado que proponen fórmulas inalterables sin tener en cuenta los contextos sociales, políticos y económicos de cada país. El economista Francisco Eggers advirtió que los planes de obra pública para privados se elaboran a partir de contratos de leasing en donde el Estado le paga al privado en concepto de “alquiler” de la obra y le garantiza la propiedad de la obra. En ese punto cabe preguntarse si para un empresario es más redituable una autopista con peaje o una red de agua potable en un pueblo del interior.

Suspender la obra pública también provocaría una sangría brutal en los puestos de trabajo de miles y miles de personas. Entre 2020 y 2021 el 50% de aumento en el empleo nacional fue gracias a la inversión en infraestructura. Según cálculos de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), la suspensión de la obra pública implicaría el despido de alrededor de 220 mil trabajadores de manera directa y pondría en riesgo a otros 250 mil empleos indirectos. Además, provocaría gastos innecesarios para el Estado en materia judicial (por la suspensión de contratos) y el cierre de Pequeñas y medianas empresas.

Realmente no hay manera de abordar con precisión la magnitud del daño que pueden provocar estas medidas en la población. Ya no estamos hablando de números, estamos hablando de miles de familias.