"¿En qué contexto se nos presenta esta voracidad represiva que pone la mira sobre las economías populares?"
Por Pedro Biscay, Ileana Arduino, Nahuel Berguier y Gabriela Carpineti
En su editorial del pasado 6 de febrero, titulado “Venta callejera y mafias” el diario La Nación establece un vínculo directo entre manteros, comerciantes callejeros y delito. La operación es tan burda como eficaz, se coloca al emergente de esas economías informales en las que conviven prácticas legales e ilegales, como el ícono de lo criminal, ilegalizando a los trabajadores que a diario se despliegan en las calles y plazas de los grandes centros urbanos.
Todo ello, aunque es música vieja, mientras atravesamos un contexto social, político y cultural redefinido a diario mediante políticas de shock y show, apoyadas en la retórica del par emergencia/amenaza que privilegia como estrategia de intervención el sobrecontrol de los sectores populares y sus territorios, con la misma intensidad con que retrocede el control público sobre las finanzas y el capital global.
Otra vez, quien se pasee por ciertas zonas de la ciudad verá escuadrones policiales de uniforme variopinto, dirigiendo el peso de la violencia estatal hacia la superficie más visible de esa enorme marea que son las economías informales, nos referimos a feriantes, manteros y artesanos, en su gran mayoría tironeados entre la explotación patronal y la coima policial. .
En casi las últimas dos décadas la industria textil local se expandió, de la mano de una economía muy informalizada en la que se transitan extremos que van desde personas que llevan adelante estrategias de subsistencia, explotadores que someten a la clandestinidad, intermediarios crediticios que obtienen suculentas ganancias y se benefician de la condena al pago ad infinitum de montos excesivos mientras se restringe el acceso a créditos propios de los sectores formalizados, pasando por las grandes marcas que hacen de la esclavitud laboral el ingrediente clave de sus recetas del éxito.
Sin embargo en ese complejo entramado de relaciones y roles la intervención estatal privilegia una vez más el show policial, que agrava la dependencia de los más débiles; así se renuncia a la integración y reconocimiento a través de derechos mientras ni siquiera se conmueven las estructuras criminales, más bien las robustecen. Cada operativo de limpieza – dirigido a los feos, sucios y malos de siempre- también fortalece la pantalla que asegura opacidad y discreción para que las dimensiones realmente sofisticadas y beneficiadas de esa informalidad mantengan los negocios de siempre.
No nos es posible dejar de señalar, que esta rutina de la ilegalización a través de diversas formas de humillación comparte la escena pública con la decisión de ofrecer a lo más granado del capital financiero el manejo de los mecanismos soberanos de control.
¿Por qué es importante tener clara esa coexistencia? Porque mientras los sectores más dependientes de esa economía popular son asfixiados, el establishment financiero mantiene sus cuantiosos negocios sometiendo a los pobres en un espiral de endeudamiento a través de préstamos con tasas salvajes, colocados a través de empresas financieras especialmente armadas para dar crédito a los sectores populares. El pibe de barrio saca en estas financieras un préstamo pagando tasas que oscilan entre el 100% y el 200% del capital prestado, de modo que se endeuda entre una y dos veces más que un “chico bien” por las zapatillas que se compró. Ni bien dieron crédito, estas financieras venden su cartera de préstamos a los bancos de primer nivel, que pagan por aquellos un descuento considerable que les permite recibir dinero fresco para seguir prestando. Esta rueda empieza a girar y a medida que toma velocidad genera mayor ganancia.
Por eso del otro lado, siempre está el banquero que sabe que la economía de las finanzas populares es un negocio que él puede financiar con un costo del 25 al 30% (que es el costo por tomar un depósito a plazo fijo). En resumidas cuentas, con el dinero captado del público a un 25% 30%, se financia toda una estructura de préstamos usurarios que llegan a tocar tasas del 200% que aparecen en auxilio de los sectores populares, firmando con su concesión una de las prácticas financieras más brutales y perversas.
La deuda financiera, que es el instrumento de presión política que los mercados financieros internacionales ejercen sobre la soberanía de los países, también recae como una mochila con todo su peso sobre la espalda de los sectores populares. Las finanzas son así, subjetivas y corporales atacan en lo macro y en lo micro, cuentan siempre con el poder de fuego de la represión policial y el ensañamiento judicial con la vulnerabilidad, pero también con garantías de impunidad para el statu quo.
Veamos el espectro aún más amplio. Mientras de un lado el poder ejecutivo designa a los abogados del HSBC para llevar adelante la política pública de control de lavado de activos, otros hacen de sheriffs sobre los eslabones más débiles de la cadena económica. Entonces, así como no se mira el delito en el mundo de las finanzas del establishment, las sacralizadas, el mundo de las finanzas populares, las profanas, lidia día a día con las operaciones distractivas o menores que caen sobre ellas so pretexto de la amenaza de turno, del enemigo azuzado por los medios y por un Estado que se vale de prejuicios para negar derechos en lugar de desmontarlos para construir ciudadanía inclusiva.
¿En qué contexto se nos presenta esta voracidad represiva que privilegia la mira sobre las economías populares? Aun cuando quedan incógnitas, es posible avizorar una reedición de privilegios que inclinen la escena hacia hacia una economía de especulación, En la Argentina de hoy una tercera parte de la clase obrera se encuentra precarizada, no tiene trabajo formal y el rumbo de los acontecimientos indica que, hacia el futuro, difícilmente vaya a conseguirlo. Nos encontramos entonces con la necesidad de la organización de los trabajadores de la economía Popular, trabajadores que buscan y recrean nuevas formas de subsistencia y reproducción de la vida, con más razón aun cuando desde las usinas de poder se los señala como la expresión de lo ilegal y se los consolida como enemigos, mientras quienes usufructúan de los beneficios y al renta son sacralizados a diario mediante ritos de impunidad.