¿La soja es la nueva vaca?

Por Francisco J Cantamutto

La gira de la presidenta Cristina Fernández en China, culminó con 22 acuerdos macro para ser revisados. Algunos ya están en discusión en el Congreso,  con media sanción en el Senado. Los principales proyectos de colaboración incluyen energía nuclear, tecnología aeroespacial y minería. Por supuesto, esto reanimó los debates sobre la cooperación entre Argentina y China.

El ingreso del capital chino en la economía argentina no es un debate: es una realidad en marcha desde hace años. Las sensibles áreas antes referidas se sumarían a las inversiones ya existentes en las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, los ferrocarriles que orgulloso Randazzo muestra a cada oportunidad y la actividad petrolera en PanAmerican Energy. Según los estudios de Agostina Costantino, entre 2002 y 2013 China adquirió 386.000 hectáreas en el país, el 15 por ciento del total de la tierra acaparada por extranjeros en ese período. Argentina es uno de los cuatro países de la Latinoamérica donde los chinos apostaron mayores inversiones.

Las relaciones con China no se terminan en la inversión. Tras un ajetreado 2014 en la épica lucha por pagar todas las deudas, el país sufrió una presión permanente de salida de divisas, que pusieron en riesgo la estabilidad macroeconómica. En ese marco, se negoció a fines del año un crédito swap con China para reforzar las reservas del Banco Central. China ya es el mayor prestamista de América Latina.

Y, por supuesto, la relación económica más larga y sostenida es el comercio. China es el segundo socio comercial de la Argentina, y de 2008 a esta parte, el resultado de esta sociedad ha sido un déficit sostenido para nuestro país. La explicación está en el intercambio desigual: mientras Argentina vende productos primarios y sus transformaciones simples (soja en diversas formas, cueros y pieles, carne, petróleo), China se encarga de vendernos bienes industriales de mediana y alta complejidad tecnológica (computadoras, teléfonos, motos, material químico, manufacturas de plástico, instrumental médico y hasta juguetes).

Los acuerdos actuales no son una novedad, sino una expresión más clara de un proceso en marcha en la última década. La relación económica con China se basa en el intercambio desigual y la importación de capitales en forma de inversión directa y préstamos. En cualquiera de estos nodos Argentina ocupa una posición subordinada, que el gobierno ha aceptado de buen grado y festeja como un progreso. La naturalidad con la que asume esta subordinación internacional es lo que el Ariel Slipak llama el "Consenso de Beijing", como reemplazo y renovación del previo Consenso de Washington, basado en la subordinación a los intereses de Estados Unidos.

La dependencia renovada y el sujeto económico-político

La relación que Argentina y China están consolidando no es sino una forma renovada de aquel modo de inserción en el capitalismo mundial que se conoció como dependencia. Al igual que ocurrió con Inglaterra a fines del siglo XIX y principios del XX, Argentina acepta un rol específico como espacio nacional de valorización del capital: el de productor de bienes de bajo valor agregado. Penosamente, para que el paralelo sea más abierto, esos bienes vuelven a ser producción agropecuaria –ahora complementados por mineros e hidrocarburíferos. La soja es la nueva vaca: si antes exportábamos carne a Inglaterra, ahora vendemos oleaginosas a China. Y como en aquel entonces, esa complementariedad se reafirma mediante crédito e inversiones en la estructura básica. De nuevo, el paralelo no puede ser más abierto cuando China nos vende los trenes y hasta nos presta el dinero para que se los compremos, como hizo Inglaterra antes.

Resulta al menos irónico que sea un gobierno de origen peronista el que esté llevando adelante este proceso. Uno de los pilares ideológicos del peronismo en su origen fue el pensamiento nacional-popular ligado al grupo FORJA, que incluía históricos referentes de la denuncia a la penetración imperialista en el país. Pareciera que a algunos funcionarios del gobierno se les pasó la lectura de Scalabrini Ortiz.

Pero quizás aún más problemáticas sean las consecuencias respecto de los sujetos económico-políticos que este orden genera. Como los teóricos de la dependencia explicaron, la relación dependiente no es de mera exterioridad: requiere de grupos locales dispuestos a colaborar con la tarea. Y no nos referimos nada más que al gobierno: nos referimos a la burguesía local. El kirchnerismo llegó al gobierno en 2003 hablando de reanimar la burguesía nacional, tratando de hacer del origen del capital una característica política distintiva. La realidad le dio de bruces en la cara a este proyecto: el control extranjero de la estructura productiva se ha consolidado en la última década. Las escasas nacionalizaciones existentes se explican por salidas del capital extranjero, y no por una ofensiva del capital local. Más perverso es incluso que aquellas actividades en manos de capitales locales se asocian a los negocios del capital trasnacional y la inserción dependiente de Argentina (aunque vale señalar también aquellos capitales que sobreviven de la mano de la protección estatal). Es decir, el capital que opera localmente no tiene intereses nacionales, si por estos entendemos de autonomía frente a la economía mundial. Por eso Mariano Féliz señaló que el neodesarrollismo es un proyecto que carece de clase social que lo lleve adelante.

Uno de los grandes beneficiarios de estos acuerdos es ni más ni menos que el capital agropecuario, que consolida así su poder estructural, al tener mayor control de las escasas divisas que entran al país. El capital industrial, en cambio, se ve dividido. El legislador por el massismo y secretario general de la UIA, Ignacio De Mendiguren, y el presidente de la UIA, Héctor Méndez, criticaron al gobierno. Tanto el primero, empresario textil, como el segundo, empresario de plásticos, ven la ruina frente a la competencia china. Mientras tanto el vocal Carlos Lascurain, presidente a su vez de la metalúrgica ADIMRA, felicitó los acuerdos, regodeándose con posibles negocios por venir en las inversiones en infraestructura.

El gobierno kirchnerista propone, de esta forma, consolidar una nueva etapa de dependencia, que fomenta la primarización productiva, desligada de necesidades nacionales, favoreciendo al capital local ubicado en las ramas dinámicas que el capital chino favorece. Como hace más de un siglo, esto traerá algunos beneficios: la pregunta es si estos valen la pena. Sabemos que el dominio económico siempre viene asociado a la subordinación política. Se frustra así cualquier intención de industrialización autónoma y soberanía nacional.