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Los poderosos juegan a las escondidas
Cada vez con mayor frecuencia escuchamos hablar e inclusive leemos publicaciones que hablan e inclusive publicitan las ventajas del autoempleo, de los fondos de inversión o del uso de la inteligencia artificial para el manejo del estado.
Digo que los poderosos juegan a las escondidas porque, entre otros mecanismos, el empleo a través de plataformas invisibiliza a los reales empleadores que se benefician con el trabajo de los “autoempleados”; el uso de fondos de inversión brindan anonimato a los inversores, facilita la fuga de divisas y en casos extremos permite atentar contra los intereses nacionales; más recientemente el uso de algoritmos creados mediante inteligencia artificial en el gobierno, oculta a los que en verdad quieren gobernarnos y muchas veces nos gobiernan, inclusive más allá de quienes elegimos mediante el voto.
Las plataformas que ofrecen y contratan trabajo publicitan la supuesta libertad que significa ser tu propio jefe, establecer tus propios horarios, gozar de autonomía para decidir que trabajos tomar y para decidir cuál es el nivel de ingresos que te satisface.
Esas plataformas ocultan la existencia de un empleador, figura imprescindible para establecer cualquier relación laboral que asegure al trabajador el goce del horario de trabajo, vacaciones, aportes jubilatorios, cobertura médica e indemnización por despido a que obliga la legislación laboral.
La inexistencia del empleador pone en el trabajador la responsabilidad de hacerse cargo por completo del éxito o del fracaso de su trabajo, de enfrentar la incertidumbre sobre su duración y de tener que asumir una carga de trabajo completamente indeterminada y que puede llegar a límites propios de la esclavitud.
También oculta que los trabajadores están obligados a proveerse de sus propias herramientas y lugares de trabajo y que, al no estar garantizada la estabilidad laboral por el contrato de trabajo, la misma depende de la cantidad de clientes atendidos, cuando no del nivel de facturación alcanzado, dependiendo de los resultados de un algoritmo que puede bloquear o reducir significativamente el flujo de tareas o pedidos que cada uno recibe.
Las principales plataformas que operan en nuestro país contratando trabajo para brindar servicios a terceros son Uber y Cabify (transporte de personas), Pedidos Ya y Rappi (reparto de mercaderías), Zolvers (servicio doméstico, cuidado, mantenimiento del hogar), Workana, Freelancer y Upwork (programación, diseño, traducciones, ingeniería, marketing y asesoramiento legal y contable).
Si bien no existen datos confiables sobre la cantidad de autoempleados, la información oficial publicada a julio de 2025 indica que sobre un total de 21,1 millones de trabajadores, un total de 8,8 millones corresponde a empleos informales, de los cuales 5,5 millones son asalariados y 3,3millones son trabajadores independientes no inscriptos o autónomos.
Cualquiera sea el número de autoempleados mediante plataformas y de los demás trabajadores no registrados, será un desafío para nuestras políticas de empleo la elaboración de propuestas y su puesta en funcionamiento efectivo para reducir primero y eliminar después esos flagelos.
Los fondos de inversión permiten invertir dinero en mercados normalmente inaccesibles para el inversor particular mediante un gerenciamiento altamente profesionalizado.
En muchos casos brindan anonimato a los inversores, especialmente cuando están radicados en paraísos fiscales, facilitando la fuga de capitales.
También brindan una dispensa ética al inversor toda vez que éste no conoce exactamente en qué mercado van a invertir, sean divisas, materias primas, bonos, acciones, derivados u otros que podrían ser de más dudosa legalidad, ni tampoco conocen que técnicas de inversión y especulación van a utilizar.
El peso de los fondos de inversión es frecuentemente desconocido. Siguen los montos administrados por los principales fondos de inversión expresados en billones de dólares y sus relaciones con el tamaño nuestra economía: Black Rock: US$9,4 billones, 14,8 veces el producto bruto argentino; Vanguard Group: US$8 billones, 12,6 veces nuestro PIB; Fidelity: US$4 billones, 6,3 veces nuestra economía; y JP Morgan: US$3,4 billones, 5,4 veces nuestro producto bruto.
A título de ejemplo Black Rock es el principal accionista privado de YPF, con 10 millones de acciones (aproximadamente un 5,7% del total); Banco Galicia, con 6 millones de acciones (un 18,8%); también posee participaciones significativas en los bancos Macro, Santander Rio y BBVA, así como en las empresas Globant, Telecom, Central Puerto y otras.
Los montos gerenciados por los fondos de inversión deberían servir de llamado de atención sobre su capacidad de intervenir en la economía argentina y de limitar nuestra soberanía.
Una muestra extrema de la afectación a la soberanía es el litigio iniciado en la justicia de EE.UU. por el fondo buitre Burford Capital que, previa compra a Petersen los derechos a litigar por la nacionalización de YPF en US$ 17 millones, obtuvo una sentencia favorable de primera instancia por US$ 16.000 millones, que condena al Estado Nacional a la entrega del 51% de las acciones de la petrolera.
La inteligencia artificial en el gobierno
Aunque por ahora esta cuestión pudiera parecer más cercana a la ciencia ficción que a la realidad, lo cierto es que el empleo de la inteligencia artificial para el gobierno ya se utliza o se encuentra en estudio en varios países, entre ellos EE.UU., China, la Unión Europea, India, Japón, Brasil e inclusive en Argentina.
La cuestión se refiere a la implementación de la IA en la administración de asuntos gubernamentales y en el diseño y control de leyes, normas y reglamentos destinadas a regular las actividades de las empresas privadas y su relación con los consumidores, así como para el mantenimiento y la mejora de la seguridad, la economía, la salud pública y la educación de sus ciudadanos.
El uso del gobierno de la IA es un tema controvertido, dado el poder que tienen las plataformas y los algoritmos de generar opinión pública favorable a los intereses de sus creadores y cómo esta puede usarse indebidamente para dar beneficio a algunos en perjuicio de otros, así como para favorecer el crecimiento y el poder económico y militar de algunos países o bloques en detrimento de otros.
La financiarización de la economía, el creciente peso de la renta como mecanismo de acumulación de beneficios en detrimento de la agregación de valor productivo y las políticas de la derecha son muestra de esta realidad.
Necesitamos estudiar esta cuestión y tenerla muy presente para evitar cualquier manipulación de la opinión pública en perjuicio del bien común e inclusive del suyo propio.
A modo de conclusión
El ocultamiento de los objetivos y las consecuencias finales para el común de la gente de estos y otros mecanismos utilizados por los poderes concentrados encierra graves consecuencias para los más desprotegidos, para nuestro país y para la democracia misma.
Lo estamos viviendo en carne propia con la aplicación a ultranza de las políticas del gobierno anarco liberal centradas con toda crueldad en la motosierra, la represión y el endeudamiento que, como estamos viendo y según lo demuestran similares experiencias pasadas, sólo benefician a una pequeña minoría y perjudican a las grandes mayorías y nos conducen a una enorme crisis económica y social como las que ya vivimos.
A esas políticas debemos oponer nuestras propuestas de políticas centradas en el trabajo, la producción y la soberanía, únicas que sobre la base de la justicia social, la independencia económica y la soberanía nacional nos permitirán construir la Argentina grande a la que todos aspiramos.
