¿Por qué se habla de ajuste después de las elecciones?

Por Santiago Fraschina*

Todo el arco político, tanto oficialista como opositor, tiene claro una cosa de cara a las elecciones legislativas de octubre 2017: sea cual fuere el resultado, se viene un ajuste que no pasará desapercibido en el conjunto de la sociedad. Luego de haber transitado un 2016 con incrementos de precios regulados prácticamente todos los meses (combustibles en enero, luz en febrero, peajes en marzo, gas en abril, combustibles en mayo, prepagas en junio, prepagas en julio, etc.), y comparado con ya casi medio año del 2017, es notable como las ansias del gobierno por los incrementos de precios se ha moderado, pero sin cambiar el discurso de fondo respecto a los mismos. Declaraciones como las de Melconian, Dujovne o del mismo Macri sobre algunas de las opciones a seguir luego de los comicios enciende algún tipo de alarma entre aquellos que aún desconfiamos en una reactivación de la economía, ni mucho menos la llegada de los brotes verdes.

Ya no queda mucho hilo que cortar en la cuestión económica. Con medio año transitado es posible entrever el final del cuento. La primera batalla que el Gobierno parece haber perdido este año es la cuestión inflacionaria. Quizá aquellos que elaboraron el presupuesto para este periodo pecaron de optimistas al plasmar la meta en 17% anual, cuando al ritmo al que vienen incrementándose los precios, casi la totalidad de las estimaciones privadas y públicas (por las provincias e incluso el mismo BCRA) no bajan de una inflación del 25% anual. Aquí es donde el lector debe preguntarse, ¿una inflación del 20% o 25% anual es buena o mala? La respuesta instantánea será: depende. En los últimos años del Kirchnerismo, las estimaciones privadas transitaban el arco del 18% al 26%, pero las paritarias en general superaban cualquier estimación, yendo del 25% al 33% en algunos casos. Por el lado de la actividad económica, la misma venía creciendo año a año, a pesar de la restricción externa que planteaba el esquema de control de la cuenta capital. El consumo y las ventas en supermercados crecía a ritmo moderado, motorizado por un lado por la mejora en la capacidad adquisitiva de los salarios y por el otro, por políticas tendientes a estimular el consumo. Por el lado fiscal, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también tuvo que administrar el déficit de las cuentas públicas, que era compensado por ingresos fiscales provenientes de la actividad económica.

El caso actual dista de ser todo lo contrario. La inflación en 2016 quedó por encima del 40%, las paritarias con un techo del 33% en el mejor de los casos, nos encontramos con una abrupta caída de la actividad económica, caída del consumo y las ventas, despidos y cierres de comercios y fábricas. Y las cuentas fiscales tampoco cerraron en positivo. La diferencia clave entre ambos modelos es como cada uno administra los déficits públicos. El primer modelo tendría a incrementar los ingresos fiscales mediante estímulos al consumo, a la recomposición salarial, estímulos a la producción, y en menor medida a la inversión, es decir el ajuste era hacia arriba, expandiendo la base para la recaudación (era una forma progresiva de redistribuir la renta, ya que aquellos que más ganaban, tributaban un poco más, el ajuste era hacia arriba). Éste modelo se caracteriza por ajustar hacia abajo. Los incrementos en los precios regulados son ajustes hacia abajo ya que lo sufren más aquellos que no tienen la capacidad de ajustar sus salarios y no pueden pagar los tarifazos. La devaluación es otro caso más de ajuste hacia abajo. Los diferentes recortes a programas sociales, al presupuesto, al PAMI, e incluso las paritarias a la baja fueron los últimos ajustes hacia abajo que ha practicado el Gobierno de Cambiemos.

Entonces el escenario post electoral tiene la mira puesta en que hará Mauricio Macri y su equipo económico para cumplir la meta fiscal propuesta para 2017. Teniendo en cuenta los datos revelados por el Módulo de Políticas Económicas del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), para alcanzar la meta oficial del 4,2% en 2017, el gobierno debería ajustar aproximadamente 250.000 millones de pesos (en el peor escenario económico). Para tener una dimensión de este monto, es necesario contrastarlo con algunos montos representativos de la economía:

•    Equivale al 17% del presupuesto para jubilaciones de ANSES
•    Al 110% del Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social
•    Al 90,8% del presupuesto destinado a las pensiones no contributivas (inválidos, ex combatientes de Malvinas, madres con 7 hijos, etc.)
•    Al 91% del presupuesto para educación
•    Al 770% del presupuesto para vivienda

Hasta ahora esa diferencia solo se da entre ingresos corrientes (impuestos) y gastos corrientes (inversión social). Si a la ecuación le restamos los intereses financieros a pagar, el déficit a cubrir se agranda a 8,9% del PBI. Y la situación se vuelve a complejizar si tomamos en cuenta la evolución de la recaudación para los primeros cinco meses del año. Por el lado de la recaudación fiscal parece haber alguna correlación con el ajuste para abajo planteado más arriba, ya que los impuestos llamados “progresivos” (lo tributan más aquellos que tienen mayores ingresos, son de corte más selectivo) son los que mayores caídas han tenido en la recaudación de los primeros cinco meses respecto al mismo periodo de 2016. El impuesto a los bienes personales disminuyó un 65,1% (recordemos que a mitad del año pasado se hicieron cambios en el impuesto, reduciendo la cantidad de contribuyentes alcanzados), derechos de exportación con una disminución del 34,8% (por la caída en las exportaciones), derechos de importación retrocedió un 8,4% y ganancias bajó un 5,2%. El Impuesto al Valor Agregado creció un muy leve 0,2%, mientras que el impuesto al cheque un 4,6%.

Es innegable que el PRO va a tener que realizar cambios si quiere lograr cumplir con las metas propuestas y pareciera que ya dejó de ser una incógnita que la palabra cambio es sinónimo de ajuste en la jerga de Cambiemos. Tanto en un escenario de victoria o derrota, los artífices de ésta política neoliberal buscarán, convalidados por los votos realizar el ajuste para incrementar sus ganancias por medio del Estado, o castigados por el voto ajustar para tener un margen de maniobra y un ahorro de respaldo. Lo que nadie dice es que ese ahorro (ajuste del gasto público para la ortodoxia e inversión social para la heterodoxia) son millones de personas y familias que no podrán pagar la luz, el gas o el agua, y peor aún, no podrán poner la comida en sus mesas.

*Director de la Carrera de Economía UNDAV y miembro de EPPA