¿Prohibir o regular? Los salmones de Tierra del Fuego vuelven al primer plano el debate sobre desarrollo y ambiental

Por Elizabeth Pontoriero y Enrique de la Calle

Esta semana en Tierra del Fuego se aprobó una ley muy controversial que prohíbe la cría de salmones en esa provincia, una práctica que según algunos científicos y organizaciones ambientales, entre ellas la siempre polémica Greenpeace, es perjudicial para el hábitat acuático. La normativa fue aprobada por unanimidad por la legislatura de la provincia fueguina y convierte a la Argentina en el primer país en adoptar legislaciones de este tipo.

La decisión, por su parte, fue objetada también desde muchos sectores que ven contradicciones entre un país con muchos problemas económicos (y escasez de dólares) y la prohibición de una actividad con mucho potencial exportador. De hecho, en Chile genera exportaciones por más de 5 mil millones de dólares al año.

El tema cruza también a la propia coalición de gobierno, con miradas distintas sobre el tema. Por ejemplo, en diálogo con Télam, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, expresó que la provincia optó por priorizar el cuidado del ambiente y de los recursos naturales y agregó que “tanto por lo que significa como introducción de una especie exótica, como por los impactos que tiene sobre la flora y la fauna local, más la competencia desleal que hace de especies autóctonas, la salmonicultura como está planteada en la actualidad solo significa un beneficio económico para un sector muy acotado y un alto perjuicio para una región cuya potencialidad del ambiente, explotado de manera sustentable, resulta crucial para pensar el futuro de otro modo”.

En el mismo sentido, Juan Cabandié, ministro de Ambiente nacional, aseguró que “nos llena de orgullo” la decisión.

¿Prohibir actividades productivas?

Muchas voces aseguran que el daño ambiental no es irreversible como sostienen quienes se oponen, a punto de señalar que la huella de carbono del salmón es diez veces menor que la del ganado. Además, el lecho marino se podría regenerar con períodos de descanso de la actividad de 4 a 6 meses.

Sin embargo, las críticas más duras tienen que ver con la cuestión económica. ¿Prohibir actividades productivas en un país con tanta pobreza? ¿Prohibir una actividad que tiene mucho potencial exportador?

De nuevo, las posiciones encontradas cruzan los despachos del Gobierno. El doctor en Sociología y director del Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI) en el Ministerio de Desarrollo Productivo, Daniel Schteingart, consideró que la prohibición de actividades productivas es un problema como política de Estado y más aún sobre industrias que pueden permitir exportar. “Argentina necesita crecer y para eso necesita exportar. Si no, seguiremos multiplicando la pobreza año tras año”, aclaró.

“Respecto a lo de Tierra del Fuego de ayer, no creo que esté bueno festejar una prohibición a una actividad productiva. Me parece bien discutir cómo regularla, escalas, zonificaciones, pruebas piloto, modos de producción. No prohibir de cuajo”, insistió. “Discutamos estándares, controles estatales, regulaciones, zonificaciones, rentas. Las prohibiciones que se festejan son las que prohíben el trabajo infantil y la trata de personas, no la de actividades productivas”, ironizó.

En esta línea, el sociólogo explicó en un largo hilo en la red social Twitter que nuestro país importa salmón que proviene de Chile, en donde la actividad de las salmoneras se encuentra muy desarrollada. Muchos economistas cercanos al kirchenrismo también cuestionaron la medida con argumentos similares. 

En redes sociales, Schteingart se refirió al potencial de la acuicultura nacional, marina y de agua dulce: "Hoy es marginal, pero puede y debe ser desarrollada (con diversas especies, por ejemplo, la trucha), y hacerlo sosteniblemente. Eso es fundamental para el desarrollo territorial y para generar exportaciones en nuestro país”. Además, añadió que el potencial de la acuicultura marina argentina podría representar exportaciones de más de 60 mil millones de dólares al año.

Críticas sanitarias y ambientales

La salmonicultura es un sistema de cultivo que consiste en la producción intensiva de salmones en condiciones controladas con fines comerciales. En este proceso, los salmones nacen y se crían en piletas de agua dulce para luego ser trasladados al mar y, una vez allí, se los confina en jaulas donde se los engorda con aceite y harina de pescado. En esas condiciones conviven hacinados con una gran cantidad de peces que liberan sus heces junto con restos de alimentos que llegan al fondo marino, agotando el oxígeno y mermando la biodiversidad, resumen quienes objetan la práctica.

En el mismo sentido, recuerdan que el hacinamiento obliga a combatir las enfermedades que se generan en ese ambiente, por lo que deben administrarse antibióticos y químicos para impedir la proliferación de algas.

Este sistema de producción se lleva a cabo en Chile desde la década de 1970 en la zona del Canal Beagle, un área con una importante riqueza marítima y codiciada por las empresas salmoneras que ocasionó impactos ambientales como marea roja y un masivo escape de salmones que provocaron depredación y contaminación.

Así las cosas, Adrián Schiavini, doctor en Biología e investigador principal del Conicet, detalló en Télam “que uno de los riesgos de las salmoneras es el escape de ejemplares al mar, que luego compiten con especies nativas y diseminan enfermedades”.

Por su parte, la organización “Sin azul no hay verde”, el programa marino de la Fundación Rewilding en Argentina, señaló en un comunicado que el impacto ambiental provocado por las salmoneras es irreversible: “El escape de salmones, los desechos marinos y la contaminación generada por la industria, el abuso de antibióticos y otros químicos, causa la extinción de otras especies creando “zonas muertas” en el mar. Hasta la fecha, ninguna de las zonas utilizadas por la industria ha logrado recuperarse”.