Tarifazo: "Los usuarios no deberían pagar"

Por Josefina Figueroa y Boris Katunaric

APU: ¿Cuál es el rol de la Corte Suprema frente al incremento de las tarifas sociales?

Luis Arias: Hay un fallo de la Cámara Federal de La Plata que anuló la resolución 28 y 31 que aprobó el marco regulatorio de la tarifa de gas con los aumentos. Al anular estas resoluciones ministeriales, quedan sin sustento las facturas que fueron emitidas por parte de las distribuidoras de gas. Eso es lo que tenemos hoy por hoy, decisiones que anulan estas resoluciones y en consecuencia, las empresas deberían retrotraer sus facturaciones a la fecha anterior sin los aumentos y todo aquello que hubieran percibido con aumento deberían devolverlo a los usuarios. Lógicamente, esta decisión puede ser objeto de un recurso extraordinario por parte del Poder Ejecutivo Nacional y habría que ver, en tal caso, qué efecto le otorga la Cámara a ese recurso para ver si suspende o no la aplicación de este fallo hasta tanto se expida. Esa sería una vía, a través del recurso extraordinario de esta decisión judicial en materia de gas. La misma Cámara suspendió la tarifa eléctrica para Edenor y Edesur para la Provincia de Buenos Aires y yo dicté un fallo para el resto.

APU: ¿Apelaron a herramientas específicas para que el caso llegue pronto a la Corte?

LA: Hay planteado un per saltum para saltear las distintas instancias pero aquí no sería necesario puesto que ya se expidieron dos instancias y podría llegar perfectamente a la Corte sin problema. Pero bueno, todo esto lleva su tiempo, hay que esperar el traslado de los recursos, tiene que haber un dictamen de la Procuración de la Corte. No son trámites que lleven poco tiempo.

APU: ¿Cómo deberían manejarse los usuarios frente a esta cuestión?

LA: Creo que los usuarios deberían esperar para pagar porque una vez que se abona, la empresa no hace devoluciones voluntariamente y hay que judicializar la cuestión. Yo en el 2012 declaré la nulidad de un cuadro tarifario de  ABSA y la empresa estuvo cobrando dos años y medios hasta que llegó el recurso a la Corte de la Provincia de Buenos Aires y convalidó mi decisión, luego de haber sido revocada por la Cámara. En ese tiempo, la empresa estuvo percibiendo los aumentos y nunca los devolvió a pesar de que hubo sentencia de la Corte de la Provincia.

Yo creo que tiene que haber buena fe por parte de las empresas para que facturen sin el aumento. Pero si no lo hacen, yo recomiendo a los usuarios que esperen para pagar o que se acerquen a su compañía distribuidora y le pidan que le facturen el cuadro tarifario anterior.

APU: ¿Qué medidas políticas debería haber tomado el gobierno para evitar esta situación?

L.A: Pasar por alto la audiencia pública fue uno de los tema principales que dieron lugar a la nulidad y a la suspensión de los aumentos por parte de la justicia. Sería un muy buen gesto hacia la sociedad y los usuarios, que pudiéramos debatir y conocer por qué se aumenta lo que se aumenta. Resulta que todos hablamos de la suba de tarifas como parte del famoso sinceramiento pero no nos dicen por qué se aumentan concretamente.

La Constitución establece que tenemos el derecho a conocer lo que estamos pagando con el aumento. ¿Estamos pagando un retraso inflacionario? ¿Estamos asegurando la rentabilidad de las empresas? ¿Vamos a tener una tarifa plana o una tarifa horaria? ¿El tarifazo es sólo quita de subsidios? ¿Se trata de inversiones a futuro? Porque de ser así, es necesario que sepamos para poder controlarlas.

En fin, hay muchísimas cuestiones por debatir y es importante que ese debate se de en pos de la democratización de los servicios públicos que creo, está en crisis en este momento.

APU: ¿Esas cuestiones son las que habría que debatir en la audiencia pública que está faltando?

L.A: Claro, porque el servicio público consiste en extraer una actividad específica del mercado para ponerla bajo regulación estatal en beneficio de los usuarios, no para perjudicarlos. Yo pongo este ejemplo: usted va al supermercado y compra dos mil pesos de productos. Le dan un ticket donde dice todo lo que compró con el precio unitario, el precio total de acuerdo a la cantidad de lo que compró y una serie de detalles que le permiten corroborar si le cobraron bien o mal. Eso que hace en una economía de mercado no lo puede hacer en materia de servicios públicos. Usted no sabe cuánto le están cobrando por metro cuadrado de gas. No se sabe porque no hay audiencias públicas. El servicio público está alcanzado por el principio de publicidad de gobierno. Las resoluciones que se dictan para poder aprobar los montos, tienen que ser entregadas a la sociedad, no tiene que ser oculta y se debe debatir, como corresponde a una democracia.

APU: ¿Cómo ve la posibilidad de que la Corte se expida?

L.A: Creo que no está en condiciones de hacerlo porque la deslegitimaría frente a la opinión pública. Todo lleva su trámite, sería una decisión muy apresurada que dejaría lugar a muchas sospechas de obedecer a distintos poderes públicos y privados. Salvo que sea en el sentido de favorecer a los usuarios y poner un poco de calma en la opinión pública, creo que va a ser un pésimo gesto ante la sociedad y estaríamos frente a una nueva Corte de la mayoría automática como en los viejos tiempos.