Tormenta perfecta: geopolítica, energía y hambre global

Al comenzar 2026, el planeta se encamina hacia una tormenta perfecta de crisis materiales y geopolíticas. La escalada bélica que protagoniza Oriente Medio, los cuellos de botella persistentes en materias primas y energía, e incluso las anomalías climáticas confluyen para amenazar la seguridad alimentaria global en los próximos seis a doce meses. Anticipar los efectos de este cóctel explosivo no es catastrofismo: es un ejercicio racional que surge de las lecciones más recientes. La guerra de Ucrania en 2022 reveló la fragilidad del sistema agroalimentario mundial; la actual crisis en el Estrecho de Ormuz –por donde hasta febrero transitaba un quinto del petróleo mundial– confirma esa fragilidad desde otro ángulo. Y, como suele suceder, los países con economías periféricas y vulnerables serán los más afectados, lo que en la práctica se traducirá en tensiones macroeconómicas, precarización social e incluso hambre y disturbios en puntos críticos de África y Asia. Dicho sin eufemismos: las vidas más precarias acabarán pagando el costo de decisiones estratégicas ajenas, a menos que se instrumente una respuesta global cooperativa a la altura de la amenaza.

Ormuz: la llave de la canilla petrolera

Cada crisis geopolítica tiene su disparador. El de esta coyuntura se ubica en un estrecho marítimo lejano, pero de importancia vital para el mundo: Ormuz, el paso estrecho entre el Golfo Pérsico y el océano Índico. Por este corredor de 50 km cruzaba a diario un promedio de casi 180 buques antes del conflicto, incluyendo petróleo equivalente al 20% del abastecimiento mundial y grandes volúmenes de gas natural licuado (GNL). Sin embargo, un bombardeo masivo sobre Teherán –ejecutado a finales de febrero por Israel con apoyo logístico de EEUU– acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei. Como represalia, Irán declaró la “guerra total” en el Golfo Pérsico, anunció que cerraba el Estrecho de Ormuz y amenazó con hundir cualquier navío que intentara cruzarlo. En los días posteriores, la Guardia Revolucionaria iraní cumplió su amenaza: atacó al menos cinco buques comerciales, provocando un colapso instantáneo del tráfico regional. En la práctica, solo un 5% de los buques lograron pasar en las jornadas siguientes; aproximadamente 2.000 barcos quedaron varados a la espera de novedades, paralizando el comercio en la zona.

Infraestructura invisible: seguros y rutas. Un detalle clave: la tragedia que se cierne sobre Ormuz no es tanto un bloqueo físico total –algunos buques aún se aventuran– sino un cierre de facto por la retirada del mercado de seguros. Apenas declarada la zona de guerra, las grandes aseguradoras marítimas se negaron a cubrir a los barcos en el Golfo, disparando las primas al punto de volverlas impagables. El Comité de Guerra de la asociación Lloyd’s de Londres re-categorizó al Golfo entero como “zona de alto riesgo”, y la prima de seguro de guerra para cruzar Ormuz saltó de 0,25% a 5% del valor del buque en pocos días (estimaciones de aseguradoras recopiladas por Al Jazeera). Esto significa que cada viaje demanda millones de dólares extra en cobertura, un obstáculo insalvable para la mayoría de los operadores privados. “Cuando los tanqueros no pueden conseguir seguro, el tráfico queda paralizado”, resumió un informe del Foro Económico Mundial (WEF) de abril de 2026. La comparación con Suez en 1956 o el Golfo de Adén en 2008 es inevitable: Ormuz, arteria energética del planeta, se ha transformado en un punto de estrangulamiento global por la conjunción de dos factores –altísimo riesgo militar y un mercado de seguros llevado al límite.

La salida del Golfo implica, a su vez, encarecer la logística en las rutas alternativas. Para evitar Ormuz, los tanqueros deben rodear África por el Cabo de Buena Esperanza, agregando miles de kilómetros y días a los viajes de petróleo y GNL desde Oriente Medio hacia Asia y Europa, con enorme sobrecosto. Es un ejemplo más de cómo los conflictos bélicos, cada vez más, se libran también en el terreno económico: no hace falta hundir cada barco del adversario; basta con volver intransitables sus arterias comerciales clave y minar la confianza para frenar la circulación.

Shock de oferta: energía y producción

La combinación de menos energía disponible y seguros imposibles ha generado de inmediato el mayor shock de oferta de las últimas décadas. El petróleo trepó vertiginosamente a más de 100 dólares por barril, y los combustibles refinados se volvieron escasos en mercados críticos: el jet fuel duplicó su precio en EEUU en un mes, mientras en Europa y Asia alcanzó récords históricos (más de 210 dólares/barril equivalente, según Argus Media, marzo 2026). Diésel y naftas también acusaron el golpe, con aumentos generalizados del 30–50% en mercados mayoristas. Este salto de costos –un shock de oferta en origen– arrastra tras de sí subas de precios en cascada a través de la logística y los insumos productivos. Basta recordar la crisis de falta de gasoil en Argentina en 2022, provocada por la combinación de la guerra de Ucrania con errores locales de gestión: bajaron las importaciones de diésel, subió la demanda interna y el resultado fue un faltante generalizado. Aquel año, la logística argentina registró un aumento acumulado de 37% en sus costos en apenas cinco meses (Focus Market), superando ampliamente la inflación general (23% en igual período). El transporte de cargas se encareció y llegó a operar con gasoil “en negro” a precios hasta 50% más caros que los oficiales. Además, la malograda campaña agrícola 2022 vio camiones varados por falta de combustible, lo que golpeó la cosecha y la distribución, generando un cuello de botella que dejó centenares de miles de toneladas de granos sin llegar a los puertos a tiempo. Situaciones como esta terminan provocando un aumento ineludible de los precios al consumidor, porque los productores y transportistas, en última instancia, trasladan los mayores costos a los alimentos –la demanda de comida puede contraerse en las familias más pobres, pero las familias de mayores ingresos siguen comprando. Este encarecimiento súbito de los costos de producción se traduce automáticamente en inflación global –una realidad que Occidente conoce desde comienzos de 2022. Esta es inflación de costos, muy distinta de un sobrecalentamiento por exceso de demanda: no se “cura” con tasas de interés, porque su origen está en la oferta.

Jet fuel como termómetro. Un factor ilustrativo de la presión en la infraestructura productiva es el precio del combustible de aviación. Golpea no solo al turismo y el transporte aéreo, sino que incide en el valor de exportación de productos de alto valor (como la fruta fresca que viaja por avión) y en la conectividad de las cadenas globales de suministro (muchos componentes tecnológicos se envían por aire). En esta crisis hemos visto no solo precios récord del jet fuel –más que duplicando su costo en Asia y Europa–, sino también reacciones proteccionistas en algunos gobiernos: Japón restringió sus exportaciones de querosén para priorizar a sus aerolíneas y aeropuertos. La consecuencia es un encarecimiento prolongado de la energía, con su impacto de segunda ronda sobre el resto de la economía.

Sin fertilizantes, no hay cosecha

Tras la energía, la siguiente víctima en esta cadena de shocks son los fertilizantes. Los fertilizantes nitrogenados –base del rendimiento agrícola moderno– son por definición insumos energético intensivos: demandan enormes cantidades de gas natural para sintetizar amoníaco y urea. Por eso, cuando se corta o encarece el gas, ese costo se traslada inmediatamente al precio del fertilizante. Con Ormuz paralizado, India y Bangladesh tuvieron que recortar drásticamente su producción local de urea, al depender del GNL de Qatar y Emiratos. En India se buscó compensar la merma con importaciones extra y un refuerzo multimillonario de subsidios para que los campesinos no queden desabastecidos: el Estado absorbe gran parte de la suba del insumo para que el costo no pegue de lleno en sus agricultores. Sin embargo, esta medida necesaria tiene un efecto ambivalente. Por un lado, evita –en el corto plazo– una catástrofe productiva y social que se traduciría en hambre generalizada; pero por otro, impide el ajuste de la demanda, prolongando la tensión en los mercados internacionales (donde continúan actuando compradores solventes) y trasladando la carga a la espalda fiscal del Estado. En otros países, la solución bordea lo imposible: en Bangladesh el gobierno no tiene margen para subsidiar y debió clausurar cuatro de sus cinco fábricas estatales de fertilizantes a fin de destinar todo su gas a la generación eléctrica. La escasez global de urea derivada de estos factores ha disparado los precios: en Brasil, principal agroexportador sudamericano junto con Argentina, el fertilizante vale hoy un 60% más que hace un año y hay productores que contemplan reducir la siembra de maíz por temor a no poder costear los insumos.

La trampa se extiende al fosfato y sus insumos clave –como si todo ocurriera a la vez. En el Golfo Pérsico se produce una porción importante de fertilizantes fosfatados (como DAP y MAP, aproximadamente 18% del comercio global según la Asociación Internacional de la Industria de Fertilizantes (IFA)), pero más crítico aún, la región es gran abastecedora de un insumo básico: el azufre (cerca del 49% de los flujos internacionales). El Golfo exporta grandes cantidades de azufre obtenido en sus refinerías de gas, principalmente con destino a Asia y América. Con Ormuz cerrado, esas exportaciones de azufre se redujeron a cuentagotas. Por si fuera poco, China prohibió exportar ácido sulfúrico (abril 2026) para priorizar su propio uso en fertilizantes. Se generó así un cuello de botella mundial de azufre, un insumo clave desde la agroindustria hasta la minería: en Chile, gran productor de cobre, el precio del ácido sulfúrico se duplicó en pocas semanas; en países africanos, mineras medianas han debido frenar faenas por falta de insumos. Aunque el cobre y la agricultura parecen rubros lejanos, aquí se tocan: la tecnología de extracción SX-EW (extracción por solvente y electrodeposición) aporta cerca de 17% del cobre refinado a nivel mundial, y depende enteramente de ácido sulfúrico para funcionar. De ahí que incluso los mercados de metales estén alterados: la perspectiva de menor extracción hizo que analistas de Goldman Sachs proyecten un precio récord del cobre hacia fin de año (por encima de USD 12.000 la tonelada), evidenciando la interconexión sistémica de estas disrupciones.

Experimentos peligrosos: Sri Lanka 2021

El caso de Sri Lanka –país de 22 millones de habitantes– anticipó, a escala nacional, lo que hoy aparece como un riesgo global. En abril de 2021, el gobierno de Colombo prohibió las importaciones de todos los fertilizantes químicos (implantando de un plumazo una agricultura 100% orgánica), con la esperanza de revertir décadas de degradación ambiental y ahorrar divisas. Lejos de la utopía prometida, la medida resultó en un desastre productivo y socioeconómico: en seis meses la disponibilidad de fertilizantes se desplomó 99%, la producción de arroz cayó ~30%, hubo que gastar 450 millones de dólares para importar arroz de emergencia, la exportación de té –principal producto de exportación de Sri Lanka– se contrajo 35%, y el país tuvo cerca del 70% de inflación anual, la cual pulverizó el poder adquisitivo de una población sin mecanismos de indexación salarial ni paritarias, hundiendo a la clase media en una crisis de subsistencia sin precedentes. La debacle llevó a una crisis de balanza de pagos, default y al estallido de protestas masivas que terminaron con la huida del presidente Gotabaya Rajapaksa en julio de 2022. La lección de Sri Lanka es clara: cuando un insumo crítico desaparece, las repercusiones negativas se amplifican de forma no lineal (un pequeño ahorro en fertilizante puede causar enormes pérdidas de rendimiento una vez traspasado cierto umbral técnico), y además la contracción de la producción primaria golpea a toda la macroeconomía (balanza comercial, reservas, ingresos estatales, tipo de cambio e inflación). Lo que en un comienzo parecía un problema agronómico termina volviéndose un problema fiscal, monetario y político, con severas consecuencias humanitarias.

Clima y logística: un multiplicador imprevisible

Para empeorar el escenario, la naturaleza podría sumar su cuota de adversidad. A mediados de abril de 2026, los meteorólogos anticiparon con inusual consenso la llegada de un episodio de El Niño. Las proyecciones del International Research Institute for Climate (IRI) indican más del 70% de probabilidad de transición a El Niño en el futuro inmediato, perspectiva que sube a más del 90% para el período de septiembre a noviembre de 2026. Traducido: se espera un cambio drástico en el régimen climático global, cuyos efectos típicos incluyen sequías severas en Australia, buena parte de Asia y África austral, e inundaciones inusuales en el Cono Sur de Sudamérica (especialmente en la Pampa Húmeda argentina y cuencas como la del río Paraná). Con suelos ya debilitados tras la megasequía 2022-23, precipitaciones torrenciales en la región pampeana podrían afectar la siembra y la cosecha de diversos cultivos, y provocar trastornos logísticos en la exportación de granos. En simultáneo, el verano boreal 2026 se perfila crítico: la sequía en Centroamérica (otra cara del Niño) dificultará el tránsito por el Canal de Panamá, como se vio a fines de 2023 cuando bajantes históricas redujeron la capacidad diaria de paso del canal, poniendo en jaque envíos clave de manufacturas y granos. En síntesis, el clima corre el riesgo de potenciar los efectos de los shocks generados por la acción humana.

La espiral macro-financiera

A la crisis de suministros se suma, en todo el mundo, un estrés macroeconómico. Desde 2022, el mundo desarrollado arrastra inflación alta (8% anual en Estados Unidos y la Eurozona; 10–12% en Reino Unido y Europa del Este), originada en buena medida por shocks de costos (pandemia, energía, guerra de Ucrania). Esa inflación todavía no cede, y la crisis actual podría volver a encenderla. Los bancos centrales de Occidente han reaccionado de manera casi uniforme: subiendo sus tasas de interés a niveles no vistos en dos décadas. Esta medicina monetaria –pensada para frenar la demanda– sirve de poco contra una inflación de oferta (provocada por carencia de bienes) y, peor aún, al disminuir el ingreso disponible de familias endeudas, se produce efectos recesivos que contraen la inversión y el empleo. Sin herramientas mejores, se aplicó de forma simultánea en Estados Unidos, Europa y otras economías avanzadas. El resultado colateral es un drenaje de capitales desde la periferia hacia el centro: la suba de tasas en EEUU atrae fondos de regreso al dólar, apreciando la moneda norteamericana y devaluando las monedas emergentes, lo que encarece aún más las importaciones de energía y alimentos de estas últimas. Sin embargo, gran parte de la vulnerabilidad de las economías periféricas es previa y autogenerada: en el caso argentino, por ejemplo, la crisis iniciada en 2018 –con un endeudamiento externo récord y el regreso al FMI– dejó al país en una debilidad crónica de reservas, de la cual aún no se recuperó. En 2022, la suba de tasas de la Reserva Federal precipitó, sumada a estos factores domésticos preexistentes, la última gran devaluación del peso y el endurecimiento del cepo cambiario (control de capitales) para frenar la fuga de dólares y contener la inflación. Así, la medicina global contra la inflación –ya polémica incluso en los países ricos– se vuelve veneno para las economías más frágiles. La confluencia de inflación importada y contracción monetaria internacional enciende alarmas de recesión; varios indicadores en economías industrializadas ya comenzaron a caer.

Argentina: dilemas en la encrucijada global

Para el Gobierno y la sociedad argentina, esta crisis representa un desafío de alta política económica. Por un lado, el salto de los precios internacionales de granos y alimentos promete un ingreso inesperado de divisas para la Argentina, un país urgido de dólares. En 2025, las exportaciones argentinas rondaron los USD 87.000 millones y el agro aportó más del 65%, con un superávit comercial cercano a 11.000 millones (según el INDEC). A primera vista, la suba de los commodities alimentarios podría incrementar este superávit. Sin embargo, esa ventaja potencial está contrarrestada por vulnerabilidades estructurales. Argentina es un gran productor agropecuario, pero depende fuertemente de insumos importados: no produce localmente la mayor parte de la urea que demandan sus cultivos, debe importar gasoil para la cosecha, depende de herbicidas y piezas de maquinaria del exterior. Todos esos costos insumidos se han disparado, encareciendo tanto la próxima campaña que amenaza con reducir sus rindes y márgenes. Mientras en países desarrollados el shock alimentario global se manifestará sobre todo en subas de precios (con políticas sociales para amortiguar el golpe) –es decir, un “ajuste por precio”–, en países periféricos puede traducirse en “ajuste por cantidad”: se reducen los volúmenes de insumos aplicados y en consecuencia la producción, con riesgo de sacar del mercado a pequeños productores y agravar la pobreza rural. En simultáneo, la contracara del superávit comercial es la “restricción externa”: ante la escalada de costos para importar insumos, el saldo externo beneficioso podría esfumarse rápidamente. Así sucedió en 2008, cuando un boom de la soja duplicó su precio (beneficiando al agro local) pero obligó a importar combustibles a valores récord y presionó la balanza de pagos. Con pocas reservas y el cepo cambiario vigente, la capacidad de maniobra macroeconómica argentina es mínima.

Surge además el dilema de política agroalimentaria: ¿cómo aprovechar los precios internacionales sin que los precios internos de los alimentos se vuelvan inasequibles? Históricamente, la respuesta del Estado fue aplicar retenciones y controles, pero hoy cualquier cambio en ese régimen provoca tensiones políticas severas. La solución de fondo pasaría por encarar la falta de insumos con políticas de largo plazo: industrializar la producción local de fertilizantes, reforzar la capacidad de transporte y almacenamiento de combustibles y coordinar con países vecinos (Brasil, Bolivia) para asegurar suministros. Pero esas medidas requieren tiempo y un contexto de estabilidad macroeconómica que hoy no parece garantizado. El gobierno argentino está en una posición compleja: debe atender los estragos de la nueva crisis global sin permitir que se conviertan en excusa para otra espiral inflacionaria que erosione la ya debilitada paz social. La respuesta –como siempre– demandará decisiones políticas: se puede dejar que el “mercado” transfiera todos los costos a los precios (y asumir la conflictividad social resultante), o se puede intentar un plan de contingencia que distribuya los sacrificios de otro modo. Cuando la tragedia es global pero las herramientas de política son nacionales, afinar la puntería y leer la coyuntura se convierte en un deber existencial.

Mundos desiguales, riesgos comunes

Frente a esta crisis global, las asimetrías entre países ricos y pobres se agrandan. En las economías desarrolladas, el shock alimentario tendrá consecuencias inflacionarias importantes, pero no habrá hambrunas: los gobiernos disponen de reservas, de moneda fuerte para importar, y pueden ajustar vía precio (con subsidios focalizados para proteger a los ciudadanos más vulnerables). En las regiones más pobres, la disyuntiva es entre comer o no comer. En estos países la gente ya come menos y peor, con secuelas de malnutrición crónica, enfermedades y migraciones masivas. En cambio, en las sociedades ricas la comida está disponible, pero más cara, y se recurre a la asistencia del Estado para evitar el hambre. Este contraste acentúa una brecha global de bienestar que alimenta resentimientos geopolíticos difíciles de suturar.

Epílogo: la hora de las definiciones

Mientras la guerra en el Golfo continúa, los gobiernos de todo el mundo se ven obligados a tomar definiciones. Washington –que en su Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025 proponía concentrarse en el hemisferio occidental, en un llamado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe– se ha visto arrastrado por los hechos y teme que la guerra degenere en una escasez global. Por eso, a mediados de marzo tuvo que salir a garantizar, junto a aseguradoras locales, un fondo de USD 40.000 millones para reasegurar los buques en Ormuz, sin el cual el tráfico seguiría completamente paralizado (según informó la agencia Reuters). En simultáneo, las agencias de Naciones Unidas y la diplomacia internacional exploran alivios puntuales: la FAO difundió en abril un plan para habilitar vías de transporte de fertilizantes al margen de Ormuz, y la ONU envió enviados especiales a negociar un alto el fuego prolongado que permita la reanudación controlada del tráfico marítimo. En la práctica, el riesgo de una “crisis alimentaria global” ya está instalado como uno de los ejes de 2026. Y con él, la necesidad de decisiones audaces y coordinadas.

La Argentina, que ejerce la presidencia temporal de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y se prepara para asumir la co-presidencia del G20 en 2027, tiene la oportunidad de llevar esta agenda a la mesa internacional. En un mundo cada vez más inestable, la soberanía alimentaria y energética se revaloriza como objetivo estratégico. Como una tormenta que hay que capear, la crisis perfecta de 2026 puede afrontarse con medidas inteligentes que repartan los costos y mitiguen los daños, o abandonarse a la inercia con consecuencias devastadoras. Lo que está en juego no es un bien más, sino el pan de los pueblos. Queda en manos de los Estados –y particularmente de aquellos con potencial productivo, como el argentino– adelantarse a la tragedia y convertir la crisis en una oportunidad de transformación.