Casi 300 femicidios desde que empezó el aislamiento social: la necesidad de una reforma judicial feminista

Por Belén Ruiz Diaz | Foto: Josefina Figueroa

Este 20 de marzo se cumplió un año del decreto del aislamiento social, preventivo y obligatorio; durante este tiempo, se contabilizaron alrededor de 288 femicidios, según el observatorio “Ahora que si nos ven”. Estos números pusieron en evidencia el reclamo de una reforma judicial con perspectiva de género que tenga en cuenta capacitaciones a los miembros del Poder Judicial, sanciones ejemplares y una escucha atenta para con las víctimas. Dicho pedido tomó mucha más fuerza luego del femicidio de Úrsula Bahillo, quien había denunciado a su femicida, Matías Martinez, en 18 oportunidades.

El 1 de marzo, en la apertura de sesiones en el Congreso, el Presidente Alberto Fernández anunció que plantearía una serie de iniciativas para establecer una reforma y para garantizar procesos más claros en el Poder Judicial. Este discurso fue apoyado por distintos funcionarios como Vilma Ibarra, Wado De Pedro y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta. Además, abogadas y especialistas en derecho aseguraron que es necesaria una reforma judicial para acompañar a las víctimas de violencia que denuncian los casos y aplicar las leyes vigentes.

Dicha reforma judicial consiste en una serie de modificaciones en la estructura de acceso a los recursos federales, así como también la creación de un tribunal penal que reduzca la cantidad de casos que llegan a la Corte, la reducción del mandato del Procurador, subir a 16 el número de miembros del Consejo de la Magistratura y un sistema de juicio por jurados para el Fuero Penal Federal. Si bien el proyecto de ley que el Presidente envió el año pasado al Congreso, que implica la creación de juzgados federales, la formación en género y paridad en los nombramientos y concursos de jueces, fue aprobado en el Senado, todavía no logra un consenso entre los diputados.

En un conversatorio llamado “Hacia una justicia feminista”, organizado por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Ileana Arduino, abogada del área de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), mencionó que “no se trata sólo de controlar agresores sino de fortalecer la capacidad de las personas agredidas para que puedan ejercer sus derechos” y que no se puede transitar el camino de la medida cautelar sin acompañamiento para las víctimas, ya que no se obtendrán resultados efectivos. En ese sentido, Arduino explicó que “acompañar a la víctimas es conseguirles un abogado pero también entender cuáles son las circunstancias de su vida económica, laboral, y ocuparse de responder en todos los puntos”.

Por otro lado, asumió Martín Soria como nuevo ministro de Justicia y en los próximos días se reunirá con Gómez Alcorta para tomar medidas conjuntas que comiencen a introducir la perspectiva de género en el Poder Judicial. Una de las primeras decisiones será intimar a los jueces y juezas del máximo tribunal a capacitarse en la Ley Micaela. "No puede ser que existan jueces que se nieguen a capacitarse en la Ley Micaela", había mencionado Soria hace unas semanas en una entrevista con el Gato Sylvestre.

La asunción de Soria y la presión por parte de los movimientos sociales obligan al Poder Judicial a replantearse varios conceptos ortodoxos establecidos desde hace ya mucho tiempo. Es el momento de que, uno de los organismos más importantes del Estado, empiece a velar por los intereses de, no solo la sociedad en su conjunto, sino particularmente de las mujeres, quienes son asesinadas cada 21 horas en nuestro país.