Crónica del primer juicio académico contra un docente universitario en Santiago del Estero

Estudiantes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) denunciaron al docente y doctor en Química, Diego Álvarez Valdés, quien pertenece a la Facultad de Ciencias Forestales. El hecho denunciado ocurrió en octubre del 2022, en medio de una clase de consulta, pero llegó a la resolución de un tribunal durante este año.

“Los hechos ocurridos en el aula constituyen actos de violencia de género en contra de las alumnas”, dice el voto de una de las integrantes del tribunal. Hace dos años el Programa de Géneros y Violencias de la universidad hizo una presentación y esto dio lugar a un juicio académico, el primero que se realiza en todas sus etapas en la historia de esta institución.

“Tenemos por acreditada la ocurrencia del hecho inusual el día 12/10/2022 en el aula 2 de la FCF con motivo de una clase de consulta previa a una evaluación parcial, a saber, el tocamiento por parte del profesor a un alumno (con aparente consentimiento) en la parte baja trasera, mientras este se encontraba sentado haciendo los ejercicios propuestos, ante la presencia de otros cuatro alumnos, tres de los cuales denunciaron haber sido afectados por presentar esta situación”, dice la resolución sobre el caso que fue emitida por el Tribunal Académico integrado por Soledad López Alzogaray, Carlos R. Juárez y Alejandro Auat.

La resolución no encontró contradicciones en los testimonios estudiantiles que se presentaron contra el docente. Para Auat y Juárez: “El hecho denunciado constituye una clara inconducta ética, por haberse llevado a cabo en el aula, durante una clase de consulta y frente a alumnos, en un contexto de relaciones desiguales (docentes-alumnos), lo cual generó una afectación psicológica en los alumnos testigos…”, por su parte Alzogaray expresó que: “La conducta pública del docente, captada por los alumnos presentes, ocurrida en un claustro académico, es incompatible con el decoro con el que debe conducirse un docente universitario”. También dice Alzogaray que “los hechos ocurridos en el aula constituyen actos de violencia de género en contra de las alumnas”.

El Programa de Géneros y Violencias de la UNSE existe como tal desde el año 2018 y está conformado por un equipo interdisciplinario de abogadas, psicólogas, comunicadoras y obstetras. Desde ahí asesoran y acompañan a quienes atraviesan situaciones de violencia, pero también generan espacios de capacitación e investigación para obtener registros dentro de la propia universidad. Esto se observó en el documento llamado Cuentos que no son cuentos, publicado por el Programa hace unos años. Se trata de un relevamiento que da cuenta de situaciones de abuso, acoso, discriminación y violencia dentro de la universidad. En total se recopilaron 201 testimonios.

Antes de la resolución, uno de los integrantes del tribunal puso énfasis en las preguntas sobre las denunciantes más que sobre el denunciado; luego se rechazó el testimonio de la psicóloga del Programa. Al final les pareció apropiado suspender durante treinta días al docente sin cobro de sueldo, ni prestación de servicios: “Al no haberse concretado en una denuncia que haya motivado un sumario o sanción, consideramos que el docente acusado no registra formalmente antecedentes de faltas en sus catorce años de actuación docente en la UNSE” dice uno de los argumentos del tribunal.

Existía un antecedente. Ante el Programa ya se había acercado un estudiante para denunciar que fue seguido hasta el baño por el docente y que este lo miró mientras orinaba, así como lo hizo con otros estudiantes. En el inicio de todo, el Programa convocó a Álvarez Valdés para una entrevista, luego ese documento fue firmado y elevado al decanato de la Facultad de Ciencias Forestales. El antecedente fue tomado en cuenta por el voto de López Alzogaray, quien consideró que el acto cometido por el docente ameritaba una “exoneración” de la universidad, los otros dos integrantes estuvieron a favor de la suspensión por un mes.

Una vez pasados los treinta días, los y las estudiantes volverán a encontrarse con el docente. Entre quienes acompañan a las estudiantes, la noticia fue leída “como un claro pacto de masculinidad que no contempla la carga emocional que implica una denuncia”, según lo reconstruido a partir de testimonios para esta nota. El tribunal también encomendó a la Facultad “la implementación obligatoria” de las capacitaciones previstas por la Ley Micaela y recomendaron “un control más estricto del funcionamiento de las cátedras en lo que respecta a las responsabilidades jerárquicas de profesores y auxiliares de la docencia”.

La resolución fue apelada por Christian Martin, director de Sumarios de la universidad, por considerar que la apreciación del tribunal sobre los antecedentes es “incorrecta y errónea”. Desde el documento de la apelación se argumenta que: “Una sola falta ética puede ser de tal gravedad institucional que no necesite el docente contar con antecedentes disciplinarios”.

Una de las estudiantes fue “gravemente afectada” por ser testigo en la denuncia inicial y requirió de un acompañamiento psicológico que luego fue volcado en un informe técnico que dice: “El haber sido testigo forzado del exhibicionismo del docente, produce sin dudas efectos a nivel subjetivo que pueden catalogarse como traumáticos”, el informe también destaca que “el hecho de atravesar situaciones de violencia en la facultad, coarta su derecho a circular libremente en un lugar donde ella cree seguro”.

“Queremos alzar la voz ante una situación inaceptable que ha ocurrido en nuestra comunidad educativa” decía un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del Centro de Estudiantes de Forestales que ya no se encuentra disponible, pero que se refería al caso y agregaba que “el abuso de poder por parte de docentes hacia estudiantes es una forma de violencia que no podemos ni debemos admitir”.

El 3 de septiembre pasado el grupo de estudiantes que realizó la denuncia se presentó ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Forestales para leer una carta sobre el caso. Las autoridades presentes en la sesión manifestaron que este hecho podía continuar por otras vías legales y que también existía la posibilidad de leer ese mismo documento en una sesión próxima a realizarse en el Consejo Superior.