Elizabeth Gómez Alcorta: "Nuestro plan de acción está pensado para erradicar todas las violencias por motivos de género"

Por Ludmila Sueiro / Foto Prensa Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, conversó con AGENCIA PACO URONDO sobre los desafíos de la gestión en la lucha contra la violencia de género, políticas de cuidados, transversalización de políticas de género, entre otros temas.

AGENCIA PACO URONDO: Asumió en un ministerio nuevo con determinados objetivos. ¿Se modificaron, con este contexto, a la hora de actuar políticamente?

Elizabeth Gómez Alcorta: Lo que sucedió es que tuvimos que focalizar sobre todo en las políticas de violencia y las vinculadas a las políticas de cuidado. Esos son los dos puntos neurálgicos desde el comienzo de la pandemia. Se vieron radicalmente modificadas las condiciones porque había que salir en términos de violencia a pensar nuevos canales, nuevas modalidades de intervención que es imposible llevar adelante del modo habitual. Lo mismo sucedió en relación a cuidados. Nosotros teníamos una agenda pensada para trabajar en una planificación del cuidado, la pandemia lo que hizo fue poner en crisis esa organización.  Así como trabajar con las otras áreas del Estado para que las medidas que se fueron tomando de asistencia, de protección económica, o para la producción o el empleo tengan una perspectiva de género.

Esto nos obligó a tener un doble comando porque, además, estamos construyendo el ministerio. La pandemia nos encontró en el tercer mes de gestión. A la vez, algunos de los compromisos, de las políticas que nos habíamos fijado las sostuvimos a costa del trabajo de las compañeras centralmente. Como, por ejemplo, mantener la participación para la creación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias, la construcción del plan, el comienzo de todos los programas que implican eso, pensando en lo inmediato y en lo urgente, y también en las políticas de mediano plazo. 

APU: En las primeras semanas de su gestión mencionó que “la deuda doméstica era uno de los grandes ejes de trabajo”. ¿A qué se refiere cuando habla de política de los cuidados? ¿Cómo es su aplicación concreta?

E.G.A: Las políticas de cuidado son todas aquellas acciones que tiene que llevar adelante el Estado vinculadas a los cambios en las cuestiones culturales. Esto incluye cambios en las normativas, en la infraestructura, en la organización del empleo, en el trabajo en el ámbito del sector privado, en educación, en salud.  Apuntando aquellos trabajos que siempre fueron invisibilizados, vinculados al cuidado de los niños y niñas, a los adultos mayores, a personas que están en situación de discapacidad, y todo lo que es la organización y la gestión del hogar que, históricamente, recayó en las familias y, dentro de la familia, casi exclusivamente en las mujeres y en la diversidad.

Esa sobrecarga de trabajo que tenemos las mujeres y la diversidad es tres veces más en promedio que la de un varón. Y es la que nos impide reducir las desigualdades en el ámbito laboral, sindical, político, educativo. Esas desigualdades tienen un impacto en las violencias, y para modificar eso no hay que transformar solamente una ley de licencias. No es que se transforma creando espacios de cuidado estatales y gratuitos para que el cuidado de las niñas y niños en su primera infancia no recaiga sobre las familias y las madres en particular. No es que se soluciona simplemente con servicios que cubran los cuidados de las personas con discapacidad, ni asegurando que haya espacios infantiles en las empresas, ni modificando las licencias parentales y marentales con el nacimiento de les hijes.

Porque también tenés que llevar adelante una campaña muy grande para transformar esos estereotipos y esos patrones culturales que hacen que socialmente se entienda que esos son trabajos o tareas que, además de llevarlas adelante las mujeres y las diversidades, también son desvalorados, mal pagos. Del total de las trabajadoras mujeres del país, el 17% trabaja en casas de familia y el 75% de ese porcentaje está en la informalidad, destacando sí el reconocimiento del derecho de los trabajadoras hace diez años y también en la década del 40 del siglo pasado. Poner esto en la agenda pública es sumamente complejo y requiere infraestructura, que no los puede hacer solo el Ministerio de las mujeres, necesitamos al Ministerio de Salud, a PAMI, a Educación, a Desarrollo Social. Necesitas de un gobierno que tenga decisión y que el Estado sea el gran transformador de esas desigualdades. Eso es parte de nuestra agenda. 

APU: Teniendo en cuenta esta necesidad de la transversalidad de las cuestiones de géneros en el resto de las áreas del Estado. ¿Cómo se da esa articulación? 

E.G.A: En principio hay muchas áreas y ministerios descentralizados. Hay muchos que tenían creadas áreas de géneros, lo que para nosotras es excelente. Entendemos que para poder transversalizar políticas de géneros a cualquier área del gobierno es fundamental que haya un espacio funcionando, un equipo que esté pensando cómo hacerlo. Todavía no lo tenemos incorporado. Llegará un día en el futuro en que eso no será necesario, ¿por qué? Porque vamos a venir con el “switch” puesto en la cabeza, o porque ya no habrá desigualdad. Durante estos siete meses muchas áreas se crearon. Tenemos una serie de articulaciones para todo lo que es la Ley Micaela, tenemos puntos focales en todos los ministerios y organismos descentralizados.

Para llevar adelante el Plan Nacional de Acción contra las Violencias también se trabajó con esos enlaces. En algunos hay vínculos muy estrechos porque también tenemos programas interministeriales. Esta semana estamos presentando uno sobre femicidios y travesticidios con los ministerios de Seguridad y Justicia, con equipos específicos. Asimismo, con el Ministerio de Producción estamos llevando adelante una serie de ejes vinculados a la inclusión en el trabajo, al empleo de la producción y tenemos equipos que trabajan ahí. Con respecto a los cuidados, creamos la primera Mesa Interministerial de Cuidados donde intervienen seis ministerios y cinco agencias de organismos descentralizados. La posibilidad de transversalizar es, a veces por motu proprio, de los propios organismos, en otras por relaciones bilaterales, y en otros en términos de obligaciones como la Ley Micaela. Nada de esto es forzado. Cuando vos tenés una agenda en común, por ejemplo, como con el Ministerio de Educación, allí los equipos funcionan habitualmente de manera conjunta.

APU: Presentó junto con el presidente el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género ¿cómo es la articulación con las distintas provincias para su aplicación?

E.G.A: Por un lado, trabajamos con el Poder Ejecutivo nacional. Por otro lado, trabajamos con las organizaciones sociales, donde está el registro de promotores y promotoras comunitarios, donde hay 19 mil inscriptos y la idea es que podamos tener ahí una articulación. Con las provincias trabajamos a través de un Consejo Federal. Lo integra la máxima autoridad de cada provincia en la cuestión de género para poder trabajar en función de las demandas que se pudieron hacer a nivel nacional como articular los programas. Por ejemplo: el Programa de transferencias, el Programa Acompañar (que acompaña a las víctimas de violencia y las provincias van a cumplir un rol central), como unidades de ejecución y unidades de acompañamiento de ese programa. Después hay otros que están vinculados al fortalecimiento de las áreas de género o municipales. Las articulaciones son diversas porque están dirigidas a distintos ámbitos, competencias y jurisdicciones. 

APU: La ley Micaela fue una de las primeras medidas donde pudimos observar, a través de las redes, en funcionamiento al Ministerio ¿a qué niveles del Estado tiene que llegar? ¿se han visto resultados? ¿cuál es el porcentaje estatal que ha cumplido con la formación correspondiente?

E.G.A: El Ministerio tiene como competencia propia capacitar a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado. El 10 de enero hicimos una capacitación al Presidente y al gabinete ampliado. El 4 de marzo hicimos la capacitación a senadoras y senadores de la Nación, el 7 de mayo a los diputados y diputadas de la Nación y las únicas autoridades máximas que nos faltan son las del Poder Judicial nacional. Después de eso, que es competencia exclusiva nuestra, nosotras tenemos que trabajar y capacitarnos dentro del Ministerio para facilitar y colaborar para que todo el resto de la Administración Pública Nacional lleve adelante las capacitaciones.

En ese sentido, por la disposición que se tomó desde el principio de la gestión, con el ejemplo que dio el Presidente, que es comenzar las capacitaciones por las máximas autoridades. Es decir, no comenzar a hacer las capacitaciones por los trabajadores y trabajadoras sino por los ministros y secretarios. Estamos haciendo una o dos por semana con un equipo bastante pequeño. Hemos trabajado con un programa de la capacitación Ley Micaela junto con el INAP (Instituto Nacional de Administración Pública), que lo apuramos para que pueda salir en el marco de la emergencia para que se aproveche.

Además el Ministerio elaboró un material que nosotras llamamos "ABC de la Ley Micaela", que son los conceptos y los contenidos mínimos que tendrían que tener las capacitaciones, en pos de aportar los materiales, certificar que la capacitaciones sean acordes a los contenidos mínimos. Si yo puedo notar alguna diferencia desde el 10 de enero sería falso porque no hay posibilidades solo en cinco meses. Estamos llevando este proceso con mucho esfuerzo y compromiso, y al mismo tiempo hay mucha demanda (algo hermoso) del resto de los ministerios y los organismos, pero tenemos un equipo muy reducido. A veces llevamos una experta para hablar, Dora Barrancos por ejemplo. Ella también está colaborando mucho en las capacitaciones a nivel provincial que no depende de nosotras.

APU: Las cifras difundidas por el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” calcularon en los primeros seis meses del año 162 femicidios en el país, uno cada 27 horas, ¿cómo cree que puede revertirse ese número?

E.G.A: Es un observatorio de medios, cada observatorio te va a dar cifras diferentes. Nosotras trabajamos en base al registro oficial de la Corte Suprema, pero siempre nos va a dar los datos del año vencido. De todas maneras, los números son altos. Creemos que hay un enorme componente vinculado a lo cultural, relacionado a la alta tolerancia a la violencia machista que tiene nuestro país y nuestra región. Pero también hay que llevar políticas planificadas, estratégicas, campañas de prevención, trabajar con indicadores de riesgo y llevar adelante políticas públicas que colaboren y ayuden a personas en situación de violencia. Desde transferencias monetarias a acompañamiento de otro tipo que no sean exclusivamente materiales. Pensar en los obstáculos que pone el propio Estado para que las personas que están en situación de violencia no vean al Estado como un lugar donde van a recibir ayuda. Es decir, solo el 20% de víctimas de violencia han hecho la denuncia antes, y ahí hay varias cuestiones para tener en cuenta. El Plan de Acción contra las Violencias está pensado para erradicar todas las violencias por motivos de género, y en particular el programa de femicidios, de abordaje a las violencias extremas que va a llevar adelante alguna política más focalizada en relación a esas violencias. 

APU: ¿Cómo analizan desde el Ministerio la incorporación y consecuente retiro de la categoría de trabajo sexual en la lista de la economía popular del Ministerio de Desarrollo?

E.G.A: Esa fue una política exclusiva del Ministerio de Desarrollo. Nosotras en su momento hicimos mención de que no fuimos consultadas. Hemos tenido una reunión con el ministro Daniel Arroyo y nos hizo saber que no es un registro que otorga derechos sino que facilita la facturación de los trabajos que se hacían. Nos hemos reunido antes y después de la exclusión del registro con organizaciones sociales muy diversas. Nosotras tenemos una agenda muy clara de inclusión de derechos para personas que ejercen la prostitución y particularmente para la comunidad travesti y trans donde el 75% ejerce la prostitución. Para nosotros es una de las políticas más focalizadas en términos de diversidad que tiene el nuevo ministerio.

APU: Luego de estos siete meses de su creación. ¿A qué le atribuye la creación del Ministerio?

E.G.A: La creación del Ministerio es el reflejo de la lucha de los feminismos, o del movimiento de mujeres y las diversidades. Es una conquista histórica de los trabajadores y las trabajadoras la creación del Ministerio de Trabajo. Es en este sentido, sin lugar a dudas, una conquista del movimiento de mujeres y diversidades la creación del Ministerio. Sin lugar a dudas está la decisión política, ya que un movimiento no crea un ministerio, sino que es una decisión muy fuerte del Presidente y la Vicepresidenta.