En 2019, ocurrieron en Argentina 177 crímenes de odio

Foto: Agencia Presentes

En el marco de la conmemoración por el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans se presentó el informe “Crímenes de Odio a las personas LGBT+ en Argentina”, elaborado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT (ONCO LGBT), que fue creado por la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, ATTTA Red Nacional, La Fulana y la Defensoría del Pueblo de la Nación.

El Informe da cuenta de la violencia que viven, cotidianamente, las personas LGBT+ en el territorio nacional. Según esa investigación, en el año 2019, ocurrieron en Argentina 177 crímenes de odio en "donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y como violencia", resumieron. La cifra aumentó notablemente en relación a los años 2018 (177 crímenes) y 2017 (103 casos).

"Estos datos no son completos -ya que incluyen solo aquellos casos que han sido relevados por los medios de comunicación o han ingresado como denuncias en la Defensoría LGBT, ante las organizaciones que conforman la FALGBT o documentados por el Centro de Documentación y Situación Trans en Latinoamérica y el Caribe (CeDoSTALC)- y únicamente permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho peor de lo que sugieren los números. Cabe destacar que este Informe no realiza estimaciones sobre los casos no registrados", insistieron los responsables del informe. 

Del total de las personas de la comunidad LGBT+ víctimas de crímenes de odio en 2019, el 64 % de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar, con el 24 %, se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar, con el 8 % de los casos, son lesbianas, y por último, con el 4 %, varones trans.

"De todos los crímenes de odio registrados, el 44% de los casos (78) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y el 56% restante de los casos (99) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte”, concluyó el informe.