Tucumán: organismos de derechos humanos pidieron la remoción de Bussi

Este viernes 19 de junio los Organismos de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán presentaron la solicitud de remoción del Legislador Ricardo Argentino Bussi, en relación a la acusación de abuso sexual que lleva la justicia provincial en su contra. De esta manera, los organismos fundamentaron el pedido en el concepto de "inhabilidad moral, de acuerdo a las prescripciones del art. 58 de la Constitución de Tucumán". 

"Queremos hacer llegar nuestro acompañamiento a la joven víctima de abuso sexual quien denuncio al Legislador tucumano Ricardo Bussi ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales contra la Integridad Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter. El aberrante hecho, además va acompañado de las más temibles intimidaciones hacia la víctima y su familia, tales como amenazas y operaciones de difamación, lo que dieron como resultado el resguardo inmediato de ella y su familia. El apellido Bussi vuelve a ser noticia a nivel nacional, ahora por vulnerar, violentar y menospreciar los derechos de las mujeres", enfatizaron en el documento presentado públicamente por los organismos.

En este mismo sentido, expresaron: "Ricardo Bussi hace poco tiempo se opuso a la adhesión de la Ley Micaela que establece la obligatoriedad de las capacitaciones en violencia y perspectiva de género. El mismo que dijo desconocer los casos de femicidios, equiparando las muertes de varones y mujeres y afirmando la inferioridad de estas últimas. Estas declaraciones, viniendo de parte de un Legislador, son un acto más de discriminación hacia las mujeres, además de ser revictimizantes, ofende a los colectivos de DDHH, de Mujeres y a la sociedad en general que ha recorrido un largo camino de luchas por la igualdad. El legislador Ricardo Bussi, y el espacio político que conduce, desconocen la vigencia de las normas nacionales e internacionales sobre la problemática, e intentan instalar de manera burda y aberrante un discurso que profundiza la desigualdad entre varones y mujeres, negando las consecuencias extremas que tienen esos discursos cuando se trata de violencia de género. Bussi es un violento, misógino y un discriminador y por ello acumula tres denuncias en su contra en el INADI por referirse de manera discriminatoria al colectivo trans/travesti (LGBTIQ) y a las mujeres".

A su vez, recordaron que la denuncia en su contra "por violencia sexual se suma a otras ya iniciadas contra otros funcionarios públicos, demostrando el carácter profundamente patriarcal de la sociedad tucumana. La falta de respuestas a estas denuncias, desde las altas esferas de los tres poderes estatales, deja en evidencia que, quienes se animan a denunciar, quedan completamente desprotegidas, expuestas públicamente y desacreditadas por los mismos agresores."

"En pleno debate por la Ley Micaela, el también legislador bussista Horacio Vermal (uno de los que se opuso a la capacitación para prevenir la violencia de género) fue denunciado por su pareja y la justicia le impuso una restricción de acercamiento. El senador José Alperovich, tres veces gobernador de la provincia, es investigado en dos jurisdicciones por abusos sexuales contra su sobrina y ex-empleada y está suspendido en sus funciones en el Senado de la Nación. El actual intendente de Famaillá, José Orellana, está procesado por acoso sexual a una secretaria, cuando era diputado nacional. Una ex empleada de la Legislatura de Tucumán denunció por acoso sexual al ex legislador radical Ariel García. La violencia contra las mujeres es otra expresión de esta sociedad machista y patriarcal. Cuando es avalada o al menos tolerada por el Estado o sus poderes, sin que se lleven adelante acciones concretas para evitarla, prevenirla, sancionarla y repararla, se vuelve una violación expresa de nuestros derechos humanos. Se convierte así en un obstáculo que impide la plena participación de las mujeres en puestos de toma de decisión, refuerza roles tradicionales de género y socava la calidad de la democracia", subrayó el texto. 

Finalmente, el documento exigió la mayor velocidad en la investigación por abuso sexual contra Ricardo Bussi y solicitaron" que la misma se realice con perspectiva de género, protegiendo la identidad de la víctima". 

"Exigimos que se arbitren los mecanismos necesarios para remover a Ricardo Bussi de su cargo de Legislador provincial, por inhabilidad moral, aplicándose el art 58 de la Constitución Provincial. Exigimos un pronunciamiento de por parte de les legisladores y miembros del poder ejecutivo sobre el caso en conjunto con un acompañamiento para resguardar la integridad física y mental de la víctima y su familia", sintetizó el texto.