España: el fin del bipartidismo

Por Carlos Iaquinandi Castro (*)

Para comprender la trascendencia de los comicios generales del próximo domingo en España, es necesario remontarse al origen de la etapa política actual, el proceso llamado “La Transición” de fines de los años 70. Fue una negociación intensa, plural, que sucedió a la muerte del dictador Francisco Franco. El agotamiento del régimen, las luchas obreras y sociales y las circunstancias internacionales favorecieron una apertura democrática. Fue un proceso duro y difícil en el que una de las partes eran los herederos de los 40 años del régimen autoritario. La otra, los partidos y movimientos populares y progresistas semi-clandestinos y los exiliados que regresaban tras muchos años de ausencia. Las primeras elecciones libres se produjeron en 1977. Ganó una opción de Centro liderada por Adolfo Suárez, un hombre que provenía del régimen pero que supo y pudo ejercer de bisagra entre dos etapas absolutamente distintas. A partir de entonces (no sin algaradas fascistas, conspiraciones y otros sobresaltos importantes) pudieron sentarse las bases de la difícil estabilización política .Tras la gestión de Suárez (que incluyó un fallido golpe de Estado) se consolidó la convivencia entre los restos del franquismo y las nuevas generaciones políticas. De allí en más gobiernos socialistas y conservadores se alternaron en el poder. La aplicación de la Ley D ’Hont en el reparto de los 350 escaños de diputados han favorecido el bipartidismo al beneficiar a los partidos mayoritarios.

El agotamiento de “La Transición”

Los acuerdos y la nueva Constitución permitieron años de progreso y avance democrático. Pero con el paso del tiempo, las leyes fueron quedando desfasadas y en algunos aspectos como derechos laborales, salarios y libertades hubo retrocesos. El PSOE (socialistas) fue cediendo terreno a las presiones de los grupos económicos y financieros y admitió recortes en los derechos otorgados por ellos mismos en el Estatuto de los Trabajadores. Los grandes sindicatos,  CC.OO históricamente ligado al P.C.E. (comunistas) y UGT (socialistas), fueron declinando su capacidad de lucha reivindicativa y aceptando reformas que perjudicaban a los trabajadores. Con el paso de los años, han pasado a cumplir un papel de gestores o “mediadores” entre las patronales y los asalariados, sin cuestionar a fondo la creciente desigualdad en el reparto de la riqueza entre capital y trabajo. Paralelamente, y de forma similar a otros países del entorno, avanzó la concentración de poder económico, el dominio del sector bancario y financiero, el control creciente de los grandes medios de comunicación y la inequidad del proceso de globalización. La crisis mundial del 2008 (con el  estallido de la burbuja inmobiliaria y la quiebra de Lehman Brothers en EEUU), provocó nuevos retrocesos y la asfixia económica y social de amplios sectores de la población.

Los ciudadanos dicen “¡Basta!”

El 15 de Mayo del 2011, decenas de colectivos sociales convocan a manifestarse en las calles. A partir de unas decenas de jóvenes que deciden acampar en la Puerta del Sol en pleno centro de Madrid, se genera una movilización que conmueve los cimientos del sistema. Con la fuerza de un río hasta entonces contenido, miles de ciudadanos desbordan plazas, calles y parques también en Barcelona, Valencia, o Sevilla. La protesta de los indignados se extiende por pueblos y ciudades. Febriles asambleas consumen horas en el debate para el diagnóstico de la situación y para recoger propuestas y soluciones. Nacen nuevos colectivos que muestran fuerza, ingenio y coherencia. Entre ellos la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), que denuncia los abusos bancarios y las leyes que lo permiten. Se realizan las primeras ocupaciones de sedes bancarias reclamando soluciones. En esos momentos aumentaba la desocupación, llegando a superar el 25% de la población activa y el 50%  de los jóvenes menores de 30 años. Muchas personas perdieron sus viviendas al no poder hacer frente a las hipotecas. Las compraron sobrevaluadas y ni siquiera podían venderlas. Muchas de esas viviendas quedaron en manos de los bancos y de los “fondos buitres”. A la vez, comenzaban a aparecer escandalosos casos de fraude y corrupción implicando a empresas y gobernantes. Una de las principales consignas fue la de “no nos representan”, dirigida a la clase política. El bipartidismo es enjuiciado como una alternancia que cierra el paso a la regeneración política, encubre corrupción y privilegios, fomenta la desigualdad y se somete a los dictados de la Troika europea como representante de los poderes económico-financieros.

Surge “Podemos”

Ese gran movimiento ciudadano reivindicativo conocido como “15M”, fue precursor de lo que poco después se insinuó como la concreción política de aquellas movilizaciones populares, el nacimiento de “Podemos”. A mediados de enero del 2014, una treintena de intelectuales presenta un manifiesto titulado “Mover ficha: convertir la indignación en cambio político”. Allí proponen crear un movimiento que “sea una amenaza real para el  régimen bipartidista del PP y el PSOE y para quienes han secuestrado nuestra democracia”. Al núcleo inicial se suma Pablo Iglesias y varios de sus compañeros de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Rápidamente asume un liderazgo natural de la propuesta y Podemos se presenta a las elecciones al Parlamento Europeo en mayo del 2014.

Esa fuerza emergente se constituye en la gran sorpresa y obtiene 1.200.000 votos y con ello, cinco escaños. Inicialmente, la participación y la horizontalidad son su base organizativa. Promueve la creación de Círculos, una forma de agruparse por zonas o por actividades. Desde entonces, su crecimiento en cuanto a influencia y resultados electorales ha sido constante, al punto de ganar en las municipales de mayo del 2015 los ayuntamientos de importantes ciudades españolas. A través de distintas alianzas lo consigue en las dos principales: Madrid y Barcelona, pero también en la capital valenciana, Zaragoza en Aragón, Cádiz en Andalucía, o La Coruña en Galicia.

“Asaltar los cielos”

A comienzos de octubre del 2014, Pablo Iglesias en la Primera Asamblea Ciudadana de Podemos lanzaba un desafío: “el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto”. El objetivo era terminar con el bipartidismo y asumir una modificación profunda del sistema político, económico y social. Pero, como en todo camino, el andar nos va modificando el paso, el “tempo” y las posadas que elegimos. Hay que tener en cuenta que tanto el núcleo “motor” de Podemos como muchos de sus jóvenes adherentes no tenían experiencia política. Una cosa es la teoría y otra la práctica cotidiana. Lo que en América Latina definimos como “pisar el barro”. Por lo tanto en la marcha y en el vértigo de varios procesos electorales, municipales, autonómicos y luego las generales, Podemos fue mutando. Sus flamantes alcaldes, regidores o diputados fueron perdiendo su ingenuidad y reconociendo las dificultades que presenta gobernar. En especial, cuando lo que se intenta es modificar normas, procedimientos y satisfacer la expectativa de sectores sociales diversos. Y además, la confrontación con los llamados “poderes fácticos”, los que siempre quedan, aunque los gobiernos cambien. Y con los privilegios y las corruptelas, en muchos casos estructurales al sistema. Toda esa práctica permitió mejorar la inserción política de Podemos. 

Un coro integrado por portavoces de los partidos tradicionales, los grandes medios de comunicación y  los directivos de las corporaciones empresariales, comenzó a entonar mensajes en los que señalaban a Podemos como un riesgo serio. Omitieron precisar que el riesgo era para sus propios intereses, y no para la sociedad española como ellos afirmaban. Pasaron de la burla a la difamación. En todo ese recorrido, Podemos efectivamente siguió mutando. Expresó su comprensión ante los reclamos de gran parte de la sociedad catalana en su derecho a decidir su futuro, su relación con el Estado tras años de absoluta falta de diálogo por parte del gobierno central. La definición de España como “estado plurinacional”, promoviendo un diálogo sobre la reorganización territorial, lo sitúa como un interlocutor válido para todas las sensibilidades. Eso explica su avance electoral en Catalunya, Euskadi, Valencia o Galicia. Se modificaron objetivos máximos de su programa original, y progresivamente fueron adaptando su mensaje al propósito de ganar voluntades. Las elecciones no solo se ganan con los indignados. Para vencer, además hay que convencer.

Las elecciones del 20D

Así se llegó a las elecciones generales del pasado 20 de diciembre. Ganó el gobernante Partido Popular en el gobierno, pero con una pérdida importante de escaños y de la mayoría absoluta que había alcanzado en noviembre del  2011. El segundo lugar fue para los socialistas, el tercero para Podemos y el cuarto para Ciudadanos, una formación política también nueva, de centro derecha y autodefinida como “regeneracionista”. Pero hace ya tiempo que las etiquetas o los nombres de los partidos no suelen indicar con claridad su contenido político. Se definen en los hechos; en lo que votan, en sus alianzas y no en lo que prometen o lo que dicen que son. Tras esos resultados, fracasaron los intentos de formar gobierno porque nadie tenía el número de apoyos parlamentarios necesarios. El único que lo intentó fue el PSOE, pero no con otra fuerza de izquierda, sino con Ciudadanos. Podemos rechazó sumarse porque esos acuerdos bilaterales no representaban un cambio real. Y el Partido Popular ni siquiera lo intentó porque no tuvo más apoyo que el de sus propios diputados. Constitucionalmente, al terminar el plazo de tiempo para formar gobierno y constatarse el fracaso, se convocaron estas nuevas elecciones para el próximo domingo 26.

La “clase dirigente” contaminada por la corrupción

El reclamo de cambio ha ganado espacio, alimentado por los continuos escándalos de corrupción a cargo de verdaderas tramas mafiosas asentadas en gobiernos autonómicos o regionales. Los casos “Gurtel” y “Púnica”, que involucran al Partido Popular, son redes que durante años se han apoderado de forma ilícita de millonarios recursos públicos. También la corrupción y el clientelismo afectan al PSOE (en particular en Andalucía), y a Convergencia Democrática de Catalunya. Los distintos tesoreros que tuvo el Partido Popular desde 1982  están imputados por diversos delitos que incluyen  pagos irregulares, cobro ilegal de comisiones, blanqueo de dinero, apropiación indebida, etcétera. El caso más sonado es el del tesorero Luis Bárcenas, con cuentas en Suiza por más de 40 millones de euros y responsable de la contabilidad en negro, incluso durante la gestión actual de Mariano Rajoy como presidente del Partido Popular. La trama descubierta en Valencia, donde el PP gobernó durante 20 años, reveló irregularidades que la convierten en un símbolo de la corrupción y la mala gestión. Un ejemplo: nueve de los diez  concejales del PP están imputados por su gestión municipal en la capital valenciana. Entre los delincuentes procesados, también hay varios empresarios. Entre ellos, Gerardo Díaz Ferrán, que fue co-propietario del Grupo Viajes Marsans (lo llevó a la quiebra en 2010) y presidente de la CEOE , la principal Confederación Empresarial Española. Imputado entre otros delitos por alzamiento de bienes, vaciamiento del Grupo Marsans, blanqueo de dinero y fraude a la Hacienda Española en la compra de Aerolíneas Argentinas, cumple actualmente condena de cárcel. No es anecdótico recordar alguna de las frases públicas de este “prohombre” que presidió durante varios años a los empresarios españoles: “La mejor empresa pública es la que no existe”;  “Una reforma laboral profunda y global calmará a los mercados”; “Hay que trabajar más y ganar menos para salir de la crisis”. Una vida ejemplar.

El “desempate” del 26J

Así llegamos, seis meses después del 20D, a esta especie de “segunda vuelta”. Entre una y otra convocatoria, una novedad importante: Podemos logró establecer una coalición con Izquierda Unida, una tradicional fuerza política que proviene del antiguo Partido Comunista y que en las elecciones de diciembre obtuvo casi un millón de votos, aunque sólo dos diputados por la aplicación de la Ley D ’Hont que “castiga” a las minorías. En distintas comunidades, tiene estructuras y alianzas con importantes fuerzas regionales. En Catalunya, “En Comú Podem”; en Galicia “Las Mareas” y en Valencia con “Compromís”. También integra la coalición “Equo”, un partido “verde”, defensor del medio ambiente. Esta alianza participará en estas elecciones con el nombre de “Unidos Podemos”. El grupo “motor”, liderado por Pablo Iglesias, Errejón y Monedero, entre otros, ha modulado sus formas y sus propuestas. El retórico “asalto a los cielos”, quedó atrás. Ahora definen su programa como “social-demócrata”. Claro que matizan el concepto, con la intención de disputar ese espacio a los socialistas. Ya lo expresé antes: lo que importan en realidad, no son las etiquetas. Son las propuestas, los contenidos y los hechos que vendrán. Y tras esas expectativas, hay más de cinco millones de ciudadanos, quizás seis, que votarán el domingo a Unidos Podemos. Y eso colocaría a la fuerza emergente en segundo lugar, algo inédito para la izquierda española desde la recuperación de la democracia a fines de los ‘70.

La campaña del miedo

Desde el gobierno y la mayoría de los medios de comunicación (cuyos propietarios suelen ser grupos empresariales con intereses en la industria, en la banca, y otros sectores del poder económico), se han lanzado ataques muy duros contra “Unidos Podemos”.  A medida que aumentaban sus posibilidades en las encuestas, crecían las campañas acusándolas por sus vínculos con gobiernos progresistas de América Latina, básicamente con el “chavismo”, intentando ligarlos con la difícil situación que atraviesa ese pueblo hermano. Algo similar en su relación con Syriza el partido que afronta en Grecia los recortes y las imposiciones de Bruselas. El gobierno y los partidarios de que nada cambie, han tratado de que sean éstos los ejes de la campaña. Pero los pregoneros del miedo no hablan, por ejemplo, del porvenir de las jubilaciones. Ni recuerdan que el Fondo de Reserva de las pensiones que tenía 78 mil millones de euros, ha quedado con apenas 32 mil millones en cuatro años de gobierno del PP. Y que a ese paso en el 2019 no habrá recursos para pagar las pensiones a ocho millones y medio de jubilados. Ni de la reforma laboral que ha facilitado los despidos y  convertido a los nuevos empleos en precarios en salario y en temporalidad. Ni de la reforma que redujo el alcance y los medios de la sanidad pública, o los recortes que afectan al sistema educativo. Ni las cifras que revelan el aumento creciente de la desigualdad, la pobreza y la marginación. Más de cinco millones de personas en exclusión social extrema. Mientras tanto, el número de millonarios aumentó un 8.5 por ciento durante el 2015. La cifra se refiere a las personas que declararon tener un patrimonio superior al millón de dólares. Y entre el 2008 -año en el que estalló la crisis- y el 2015, el incremento de “millonarios” es del 50 por ciento, un total de 193.000 personas. Una síntesis de la desigualdad profunda y creciente en la sociedad española.

Lo que vendrá

Las últimas encuestas anticipan  la victoria del gobernante Partido Popular, pero con una limitada ventaja en votos y en escaños. La novedad es la posibilidad que ahora Unidos Podemos supere a los socialistas en número de votos y quizás también en escaños. El PSOE quedaría relegado entonces al tercer lugar, y el cuarto nuevamente para Ciudadanos. Si eso ocurre, teóricamente hay dos posibilidades: que las fuerzas que se definen como de izquierda acuerden formar gobierno con apoyos puntuales de otros partidos menores (como los nacionalistas) o bien que los socialistas no se animen a dar ese paso y faciliten un gobierno de la derecha con el PP y Ciudadanos. Esta decisión tendría un coste muy elevado para el PSOE, que ya está afectado por una pérdida significativa de votos. Los cuatro partidos han negado rotundamente la posibilidad de que no se llegue a ningún acuerdo y por tanto sea necesario una tercera convocatoria electoral. Pero no hay que descartarla.

El PSOE tiene un difícil dilema.  Sus “barones”, los antiguos dirigentes de “La Transición” y algunos de los “nuevos” como la andaluza  Susana Díaz, se oponen “radicalmente” a la posibilidad de un acuerdo con la coalición que encabeza Pablo Iglesias. Algunos de ellos han perdido por el camino las viejas banderas que levantaron a comienzos de los ‘80, y hoy se sienten parte del statu-quo, al punto que algunos como Felipe González (¡quién te ha visto y quién te vé!), ocupó el cargo de Consejero de de una de las grandes empresas energéticas, Gas Natural, con un sueldo de 127.000 euros anuales, más 80.000 euros, sueldo vitalicio como ex presidente, entre otras asignaciones. “Ahora defiendo a las empresas españolas”, explicó. Un adalid de las “puertas giratorias”, como coloquialmente se llama a quienes pasan de la gestión pública a la privada o viceversa.

Resumiendo, sea como fuere, el domingo estaremos ante una situación inédita. Todas las salidas posibles implican el fin del bipartidismo que ejercían el PP y el PSOE. Y para Unidos Podemos, la posibilidad de integrar un gobierno compartido con el PSOE o quedar como la principal fuerza de la oposición a un gobierno continuista. En este último caso, con grandes perspectivas de poder consolidar un decisivo avance social a favor de los necesarios cambios y transformaciones.

(*) Por el Servicio de Prensa Alternativo (SERPAL)