España: Protestas contra los recortes y la reforma laboral

En Télam I Las movilizaciones, convocadas por las Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) en 60 ciudades españolas, coinciden además con el aniversario de los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004, lo que suscitó el rechazo de algunas asociaciones de víctimas y del derechista Partido Popular (PP).

Los líderes de las centrales obreras aseguraron, no obstante, que “siempre hemos estado con las víctimas porque en su gran mayoría eran trabajadores”, por lo que acudirán en Madrid al acto oficial de homenaje y luego participarán de la marcha contra la reforma.

Las protestas tienen lugar dos días después del anuncio de la convocatoria de la primera huelga general contra el gobierno de Rajoy y al inicio de la campaña electoral en las regiones de Asturias y Andalucía, que serán la prueba electoral del PP desde que llegó al poder.

La huelga “no es el fin sino un medio para conseguir que el gobierno se siente a negociar”, aseguró el viernes el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, al anunciar la medida de fuerza contra una reforma “impuesta” y que consideran “injusta e inútil” contra el desempleo.

Los dirigentes gremiales, que califican la reforma como la “más regresiva de la democracia”, apuestan por una participación masiva de los ciudadanos en la protesta del 11-M (11 de marzo), para presionar aún más al gobierno.

De ser así, Rajoy se encontraría en una posición muy difícil y buscaría evitar la imagen de una huelga contundente el próximo 29 de marzo.

La decisión de los gremios de parar el país viene avalada por el éxito de las manifestaciones masivas que tuvieron lugar el pasado 19 de febrero, cuando más de 1 millón de personas salieron a la calle en más de 50 ciudades españolas para rechazar la reforma laboral.

Rajoy, que había reconocido en Bruselas que la reforma le costaría una huelga general, defendió aquel día la medida como “justa y necesaria” para España y dejó en claro que no daría marcha atrás.

La reforma laboral es presentada por el Ejecutivo como pilar de una política económica que tiene como objetivo combatir el elevado desempleo, que afecta a 5,3 millones de personas, casi el 23% de la población activa, y revertir la situación de recesión ante un horizonte de contracción el PBI del 1,7% para este año.

Pero las centrales obreras y la oposición, tanto el Partido Socialista (PSOE) como los grupos de izquierda, afirman que la reforma instaura el despido barato y sin control, sumado a la posibilidad de que los empresarios pueden rebajar sueldos de manera unilateral, lo que en el actual contexto de crisis, traerá más desempleo y precariedad laboral.

El decreto-ley por el que el gobierno aprobó la reforma fue convalidado ya por el Congreso de los Diputados, donde el PP tiene mayoría absoluta, pero su trámite se hará en forma de proyecto de ley lo que permitirá la introducción de enmiendas por parte de los opositores.

A pesar de ello, el gobierno español dejó en claro que “los pilares de la reforma se van a mantener”.

La huelga general supone una escalada de la protesta social en España, donde trabajadores, estudiantes y el movimiento de los “indignados” salieron a la calle en las últimas semanas para rechazar los recortes y reformas del gobierno, dictadas por la Unión Europea (UE) y el FMI (Fondo Monetario Internacional).