APDH-Azul pide "cesantía de policías involucrados en detención y apremios ilegales a un menor"

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APDH-Azul pide "cesantía de policías involucrados en detención y apremios ilegales a un menor"

05 Febrero 2015

Por APDH-Azul

La APDH - Azul denunció hoy en tribunales la feroz golpiza y los maltratos policiales contra un menor de edad y el posterior armado de una causa judicial trucha. Y pide el apartamiento y la cesantía de todos los policías involucrados en los hechos y la intervención de la Comisaría Primera de Azul.

Fernando Wilhelm, presidente de la APDH-Azul, radicó hoy a la mañana en la fiscalía UFI 2 a cargo de la doctora Laura Margaretic la denuncia de los hechos ocurridos en la madrugada del miércoles, cuando fue detenido un menor de 17 años en la vía pública en un procedimiento ultra violento, que incluyó patadas y trompadas y amenazas durante y después de su detención.

Wilhelm concurrió a la comisaría a las 3 a.m,convocado por Marisa Rodríguez, madre del menor, donde pudo reunirse con él, estando ilegalmente retenido en el sector de calabozos. El directivo del organismo de derechos humanos pudo constatar las lesiones en todo el cuerpo, cortaduras, moretones y raspones, producto de golpes de puño y patadas que tenía el menor, quien le relató haber sido víctima de la violencia policial. El pibe estaba de short, remera y descalzo, dolorido por los golpes, aterrado por la causa que le estaban armando, que incluyó tenencia de arma de guerra, sustracción de automotor, resistencia a la autoridad y uso de arma de guerra, según la literatura policial que ingresó al Juzgado de Garantías a cargo del juez titular Federico Barberena.

Wilhelm declaró que reconocería a una uniformada que habría participado del operativo de detención que incluyó tres móviles policiales y varios policía de la Comisaría Primera, a cargo del comisario Suárez. Y que el menor en horas de la tarde, ya en el Instituto de Menores Lugones, la víctima le relató que también recibió trompadas en el rostro en el patrullero, cuando era trasladado de la Primera al Instituto y que reconocería a los policías que lo agredieron.

Nos preocupa que a 12 horas de los hechos, el menor no había sido revisado por un médico no policial, esa medida no había sido dispuesta por magistrado alguno, siendo una irregularidad manifiesta, dado que significa un encubrimiento de los autores de los apremios ilegales denunciados.

La APDH-Azul pide el apartamiento de todos los policías involucrados y el pase a disponibilidad de los mismos, hasta que se sustancie el juicio oral y público por apremios ilegales; así como la intervención de la Comisaría Primera, donde ilegalmente estuvo retenido el joven.

La APDH-Azul denuncia que estas prácticas violentas y apartadas de la ley no son extrañas a la historia de la Bonaerense, producto de ideologías autoritarias del pasado más reciente de nuestro país enquistadas en su conducción, que sólo con voluntad política, participación popular y democratización de la justicia pueden desterrarse definitivamente.

La APDH-Azul exige de parte del Poder Judicial y el Estado y sus organismos que se tomen medidas de protección para con el menor agredido y su familia, ambos en riesgo social, hasta hoy discriminados por funcionarios judiciales que no los escuchan, que no los han atendido y les ofrecen como única solución que se vayan a vivir a otra ciudad y la resignación ante la falta de justicia.

Esta bien claro que en los tribunales del Departamento Judicial Azul impera una justicia de clase social burguesa, que no puede comprender ni tiene ganas, los problemas de los justiciables, que son de otra clase social, la obrera, lo que origina un diálogo de sordos inconducente y cero respuestas para quienes denuncian abusos de autoridad de parte de funcionarios estatales.

En el caso a partir de la denuncia de la APDH-Azul intervino el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, organismo que tomó nota de la denuncia del menor de edad, que podría ser liberado en las próximas horas con medidas de resguardo a pedido de la funcionaria Laura Serradell del Tribunal de Menores y la Familia.