Entre Ríos: la banda narco y sus vínculos con el Poder Político

Por Mariano Osuna *

Audios, mensajes, vínculos establecidos entre los distintos actores, anotaciones, indagatorias y el secuestro de armas y cocaína, parte de las 293 páginas que argumentaron el procesamiento a Daniel "Tavi" Celis, uno de los jefes del narcotráfico en la capital entrerriana y de los líderes de la banda que funcionaba con infraestructura y recursos públicos de la Municipalidad de Paraná; Luciana Lemos, ex pareja de Celis y principal articuladora entre él, los distintos integrantes que operaban en la banda y el poder político; Sergio Varisco, intendente de Paraná, procesado por el supuesto financiamiento periódico y secreto a la organización dedicada a la comercialización de   estupefacientes en  Paraná y Concordia; Pablo Hernández, concejal por el bloque Cambiemos, como colaborador de la banda y administrador del acuerdo: Griselda Bordeira, sub oficial de la Policía provincial, con el cargo de Sargento Primero, en funciones en primera instancia de la Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad y luego del área de prensa de Servicios Públicos, como colaboradora e intermediaria; Eduardo Humberto "Cholo" Celis, hermano del jefe de la banda, almacenador, como colaborador, asistente y vendedor en la red criminal; Nahuel Jonathan Celis, sobrino del Tavi, colaborador y asistente de la banda; Wilber Figueroa Lagos, un ciudadano peruano que residía en unos triplex de Lemos y Celis y que se desempeñaba como proveedor; Jonathan Jesús Heintz, empleado del Túnel, adquirente y revendedor; Ernesto Ramón González, trabajador de planta de la Municipalidad de Paraná, con funciones en la Unidad Municipal Nº 2, uno de los puntos estratégicos de la banda en el Estado, y luego bajo las órdenes de Roberto Sabbioni, como adquirente y colaborador; y Alan Nicolás Viola, empleado de Tránsito municipal, pariente del concejal Hernández, que se desempeñaba como colaborador. Una investigación que no sólo mostró las funciones de la red criminal con dinero público y el Estado municipal, sino también visibilizó los vínculos políticos, que no finalizan en el escrito del Juez Federal Leandro Ríos y que expone la omisión, eufemismo de complicidad, con el poder político nacional.

El apellido Varisco no es nuevo en la política entrerriana. Sus vínculos con el narcotráfico tampoco, cuando varios de los nombres procesados formaron parte de la campaña fallida de 2011, donde el referente de la Unión Cívica Radical fue también el candidato a jefe comunal de la capital provincial. Relaciones que confirmó el propio concejal Pablo Hernández en su llamado a indagatoria, donde narró el apoyo de la banda en aquellos comicios, aunque disfrazado de puntero territorial. En el 2015 las articulaciones fueron más obvias, cuando Celis militaba abiertamente en el Movimiento Vecinal Oeste la candidatura de Varisco a cambio de las facilidades estatales en el desempeño de su banda y en el nombramiento en áreas estratégicas municipales, acompañado de la contratación de múltiples nombres puestos por el narcotráfico. "Respecto a Daniel Celis, el hacía militancia política en el año 2015 y era representante de un movimiento vecinal, la relación que tenía con él era política para conseguir que salieran a votar nuestras propuestas electorales. Esa relación la había tenido en el año 2011, con diferencia que en esta oportunidad ganamos las elecciones", precisó el edil en su testificación al juez Ríos.

Los primeros indicios judiciales se consolidaron en hechos luego del secuestro de una avioneta de 317 kilos de marihuana y la detención de la mayoría de la estructura de la banda de Celis, integrada también por funcionarios municipales y trabajadores estatales. En aquél momento, donde Varisco testificó en la causa, se confirmó el financiamiento y apoyo narco en la campaña electoral; todo en la misma línea que esta Agencia denunció respecto a las áreas municipales que en los primeros meses de gestión los Celis manejaron. Recolección de residuos, unidades municipales, herramientas sobre servicios básicos y cotidianos, agentes estatales y recursos públicos fueron parte del pago por los acuerdos realizados.

Cambiemos nunca fue ajeno a esto. No pudo serlo en las recorridas de campaña de Rogelio Frigerio, Elisa Carrió y Alfredo De Ángeli, donde el narcotráfico se instaló en la previa a los comicios y en los principales medios locales y regionales y Celis mantenía reuniones con Varisco en su domicilio de calle Pellegrini. Tampoco en los meses previos, cuando detuvieron en mayo a uno de los choferes de Sergio Varisco y parte de la banda de Celis, Cristian Silva, con un auto adulterado en el barrio 33 Orientales de Paraná. Menos aún cuando la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la vicepresidenta Michetti y la legisladora nacional Elisa Carrió encabezaron junto al Intendente de la capital entrerriana un Congreso de Lucha contra el narcotráfico, en marzo del año pasado, justo luego de las denuncias sobre las irregularidades en la Unidad 2, la detención de Cristian Silva y la investigación por la narcoavioneta. Ni cuando se desarrolló la campaña hacia las elecciones de medio término en 2017, donde la propia Vicepresidenta de la Nación, junto al entonces candidato a legislador Atilio Benedetti y el intendente de Paraná, cerraron juntos el último acto en la capital entrerriana previo a los comicios. En el medio, los acuerdos políticos, por ejemplo con Carrió, quien puso personas en cargos locales, debajo de una secretaría donde su titular tenía comunicación directa con el abogado de Celis.

La transformación de la banda delictiva

La dinámica de la red criminal público-privada que conceptualizó el juez Ríos en el dictado del procesamiento no puede desentenderse de los hechos sucedidos el 3 de julio de 2017, en la causa por la narcoavioneta. En aquélla jornada se dictó el procesamiento con prisión preventiva de los hermanos Celis como co­autores del delito de organización y financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes; y de Eduardo Ramón Celis, Yamila María José Corradini, Julio César Vartorelli, María Fernanda Orundés Ayala, Cristian Javier Silva, Miguel  Carmelo Leguizamón, Miguela Fidelina Valde, Patricio Facundo Larrosa, Marcos Javier Velázquez, Sergio Marcelo Baldi, Luis Orlando Céparo, José Marcial Caballero, Omar Horacio Ghibaudo, José Raúl Ghibaudo, Carlos Gastón De La Fuente, María Laura Zurita, Renzo Bertana, Miqueas Julio Córdoba, Jonatan Iván Romero y Hernán Jesús Rivero, como co­autores del delito de comercio de estupefacientes, agravado por haber intervenido en el hecho tres o más personas de manera organizada.

Las detenciones efectuadaspuso en jaque la organización criminal, que necesitó de un nuevo acuerdo con el poder político para reorganizar su estructura, que operaba a gran escala en Paraná, San Benito, Viale, Hernandarias, Nogoyá y Seguí, de la provincia de Entre Ríos, y en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Alto Verde de la provincia vecina, y para reparar las pérdidas luego del operativo federal.

El nuevo acuerdo se celebró en septiembre del año pasado, entre Varisco, Hernández y Lemos, como representante de Celis, ya preso por un robo a una estancia de Diamante y con la prisión preventiva por la narcoavioneta. Como definió el juez Ríos, el nuevo vínculo ratificó la proporción de recursos económicos cotidianos para el funcionamiento de la organización de Celis respecto a la adquisición y comercialización de estupefacientes; ahora en otro rubro, pasando del tráfico de marihuana a la cocaína.

El pacto preexistente estipuló el pago, mediante el direccionamiento de fondos públicos, de 50 mil pesos mensuales a Celis, además de los contratos en el Estado, cedidos por el Ejecutivo municipal a la red criminal, y del pago mensual de parte de los sueldos de agentes de la Unidad Municipal Nº2. En una de las conversaciones entre Lemos y el Tavi, la mujer le afirma que le “dieron lo que me tenían que dar y me estoy yendo", al tiempo que Celis le pregunta si son cincuenta y ella responde "cuatro y la semana que viene a buscar el otro". Ese cruce de mensajes del 27 de abril de este año, ratificado por audios, anotaciones y testificaciones, confirma la suma acordada mensualmente.

Por otro lado, los contratos totalmente simulados "en los cuales no se realizaba prestación laboral alguna, pero cuya contraprestación económica era distribuida entre el prestanombre y Daniel Andrés Celis" o contratos parcialmente simulados donde se efectuaba "algunas labores, pero no cumplía con las tareas especiales, adicionales  u horas extras que le eran liquidadas, las cuales eran entregadas a Daniel Andrés Celis", ratificaron la figura de recaudador, como aquella persona encargada que esos montos se efectivicen al jefe de la red criminal. Sólo si se cuentan 22 personas (donde aparecen apellidos conocidos en la causa como Ayala, Celis, Lemos, Ubiedo, Luna y Moratto), el juzgado Federal constató que cobraron entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2018 la suma de $2.973.316,00 en conceptos de contratos de locación de obra, haberes, tareas especiales y adicionales.

Lo cierto es que "entre septiembre de 2017 y el 2 de mayo de 2018 se comercializaron de manera conjunta y organizada cocaína­ en diversas cantidades, asumiendo y ejerciendo diversas funciones de organización, financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra del referido tóxico a distintas personas en la ciudades de Paraná y Concordia de la provincia de Entre Ríos y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", según especificó el propio juez Ríos en las imputaciones previas, ratificado en el procesamiento dictado este mes.

El allanamiento del 2 de mayo

Una charla entre Celis y Lemos expuso aún más los acuerdos del narcotráfico y el poder político en Paraná. Ese día la banda esperaba la llegada de dos personas en una moto al domicilio de Segundo Sombra, mientras el poder judicial dispuso la verificación de los datos recogidos. Tras el allanamiento, se secuestró 3,493 kilogramos de sustancia estupefaciente cocaína, con la presencia de Luciana Lemos, Juan Manuel Gómez y Jonathan Jesús Heintz). Además se encontró una suma de dinero cercana a los 122 mil pesos y dos cuadernos con anotaciones sobre la comercialización del producto ilegal.

Ese hecho marcó el hilo conductor de una investigación que tiene procesado al intendente de Paraná, un concejal, una funcionaria y trabajadores municipales y que elevó el pedido en la modalidad de testigo de las declaraciones del edil Emanuel Gainza y el secretario de Servicios Públicos, el comisario Ricardo Frank.

Como funcionaba la banda

La cocaína era suministrada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "por expresas indicaciones y/o solicitudes de Daniel Andrés Celis, quien al momento de los hechos se encontraba detenido en la Unidad Penal Nº 8 de la ciudad de Federal, provincia de Entre   Ríos", según precisó Ríos en su exposición judicial. El financiamiento de su actividad estaba garantizada por el acuerdo celebrado con Varisco en septiembre de 2017 y con fondos propios generados por la actividad ilícita de la organización que dirigía. Paso siguiente se encomendaba el transporte de las remesas del estupefaciente a diversas mujeres de mediana edad, como también al propio proveedor Wilber Figueroa Lagos, quien al menos en dos oportunidades, concretamente los días 20 de abril y 2 de mayo de 2018, trasladó personalmente y sin valerse de las mencionadas mujeres, diversas cantidades de cocaína, entre las cuales se incluye el tóxico secuestrado en la residencia de Daniel Celis y Luciana Lemos.

La sustancia era almacenada en los departamentos tipo triplex que se ubican en los fondos de la vivienda de calle Segundo Sombra y República de Siria, con la correspondiente entrega posterior a Luciana Lemos y/o Eduardo Celis.

Luego de la detención de Daniel Celis, Lemos se convirtió en la articuladora de la banda fuera de prisión con el resto de los integrantes y con el poder político, encarnado en las figuras del concejal Hernández y de la funcionaria Bordeira, intermediarios de la relación directa con el jefe comunal Sergio Varisco. Su función era de asistencia y colaboración hacia su ex pareja, además de la venta, distribución y recaudación de las comercializaciones efectuadas.

Por su parte, Nahuel Jonatan Celis asistía y colaboraba bajo las órdenes directas de Lemos, respecto al traslado del estupefaciente desde los distintos lugares de resguardo y almacenamiento hacia los lugares de venta, buscaba en la terminal de ómnibus de la ciudad de Paraná a las mujeres de mediana edad cuya identidad aún no ha podido establecerse y a Wilber Figueroa Lagos, en las ocasiones en que éstos arribaban a la ciudad transportando las remesas del tóxico. En tanto, Juan Manuel Gómez, alias ‘Nacho’ y Jonathan Jesús Heintz, adquirían periódica y regularmente en el domicilio de Celis distintas cantidades de cocaína, con la finalidad de su reventa.

El rol de Varisco en esa banda es clave. Junto a la colaboración de Hernández y Bordeira su función era proveer de los recursos cotidianos del Estado para el financiamiento de la adquisición y comercialización de la cocaína. Según los propios testimonios del concejal y la funcionaria municipal, Lemos fue en varias ocasiones a pedirles plata. "Todavía faltan 7 contratos" muestra en un mensaje de texto la ex mujer de Celis, haciendo mención a incumplimientos en ciertos acuerdos, hasta que incluso en un momento habla directamente con Celis, preso y supuestamente imposibilitado para comunicarse al exterior de forma tan habitual. Los testimonios textuales “le di cerca de 10 mil para que se vaya, no le di todo porque tenía que ir al supermercado. Y le dije que era lo que yo le podía dar”, de Bordeira o "a la tarde se lo di en la puerta de mi oficina, un sobre con 20 mil pesos", de Hernández, ratifican esa mecánica.

Entre los archivos que cuenta la causa se encuentra un planteo de la propia Bordeira a Varisco respecto a las relaciones de narcoestado. "Las pocas veces que me he enterado que vos ibas a meter narcotraficantes o delincuentes te avisé, pero vos aparentemente te traen la lista y metés, metés. La barra entera de Patronato está adentro. La barra entera de Petaco Barrientos, narcotraficante, está adentro porque vos lo metes con el sindicato", le advirtió la funcionaria detallando vínculos con otros jefes del narcotráfico. En otro pasaje le reclamó que la ayude para "saber cómo tengo que actuar". Le endilgó que "es cierto que estamos llenando de narcotraficantes, faloperos y delincuentes" la Municipalidad. "Decime cuál es el discurso que querés que yo tenga para los demás", le solicitó.

En la misma línea, Bordeira le escribió a Hernández "que caradura que sos. No te olvides del vecinalista celis. (...) Empieza el juicio ahí vas a tener cartel no me voy a olvidar de vos jaja. Vos y Sergio metieron la droga en el partido no te olvides". Y profundizó: "Si hay alguien que nos metió en el quilombo fuiste vos porque te acordás cuando fui y te dije, dejá de romper las pelotas con Celis que es narcotraficante y nos va a llevar puesto a todos. No vende más me dijiste vos, o no te acordás que vos lo trajiste al baile, pedazo de pajero y ahora te hacés el desentendido boludo, no me rompas las pelotas Pablo".

Parte del direccionamiento de fondos públicos

"Todos dependíamos de Silva y Celis", declaró Ernesto Ramón González, otro de los procesados en la causa que desató una crisis institucional en Paraná. "Tanto el señor Celis ni Silva no tenían sueldo y que habían puesto para la campaña y por orden de ellos y de Varisco se les pasaba toda la gente entre $4.200 a $4.600. De ese monto que cobrábamos, le teníamos que entregar $1.500 por cada agente al señor Silva", puntualizó sobre el desarrollo diario en la Unidad municipal Nº2. "Si había gente que entrega menos, yo lo dejaba anotado. Una sola vez yo le di la plata a Celis. Esto fue a partir del año 2016, en marzo", detalló.

En una conversación, justamente entre Silva y Celis, el jefe narco le consulta "che y la Bordeira... ¿La Bordeira te pagó, te pagó la cuota esa? Mientras su hombre de confianza le responde "No boludo, ayer me saltó con que no, que no tiene plata, que le ha ido mal.". Celis le insiste que "si vendió toda la mercadería como no te va a pagar", mientras Silva le contesta "si me pagara de ahí te lo presto a vos boludo".

En otro pasaje de la misma charla Celis le replica: "Que verga que es esa gorda. Como hizo un compromiso tan grande ella boludo, con un sueldo de veinte mil pesos, está loca". Silva le explica que la cosa era "cien kilos de carne boludo y que te deje diez costillares", mientras Celis le replica que si a él le dejan "cien kilos de carne yo lo vendo en el día boludo".

"Metele presión", le pide el jefe de la banda respecto a Bordeira y le solicita "que consiga cheques oficiales del municipio de última".

Otros funcionarios y concejales en la lupa

Los apellidos del secretario de Servicios públicos y de Seguridad, Ricardo Frank, del director del Centro de Integraciones de los Servicios Públicos, Roberto Sabbioni, y del concejal del PRO, Emanuel Gainza, aparecieron en anotaciones, testimonios y audios secuestrados por la policía. En uno de los chats entre Viola y Celis, el primero le cuenta el tema de la conversación que tuvo con Frank. "Me dio a entender como que ya te habían dado, pero esta semana ya te iba a solucionar el problema", le reportó a su jefe sobre la charla con el funcionario municipal.

Por su parte, el segundo de Sabbioni le avisó a Celis en agosto de 2017 que lo iba a ayudar. "Yo te voy a dar una mano amigo, pero de mi bolsillo. No le voy a pedir a nadie y se lo voy a hacer llegar a tu mujer todos los meses tres mil pesos hasta que pueda", lo tranquilizó. No es posible además la utilización de unidades municipales, vehículos oficiales, el servicio de recolección de residuos ni la afectación de trabajadores estatales en su área sin un mero conocimiento de Sabbioni. Tampoco de Frank.

El apellido Gainza por su parte aparece en las anotaciones de la libreta secuestrada en la casa de Lemos y Celis en el mismo allanamiento del 2 de mayo, donde su apellido se encuentra junto a los de Varisco, Hernández y Bordeira.

En las propias palabras del juez Ríos, se pudo "comprobar una conexión personal entre Sergio Fausto Varisco, Griselda Noemí Bordeira, Héctor Pablo Hernández, Ernesto Ramón González, Alan Nicolás Viola, Luciana Ernestina Lemos, Daniel Andrés Celis, como la existencia de un acuerdo ilícito que tenía por finalidad financiar las actividades de comercio de estupefacientes de Celis y adquirir cocaína para ser distribuida durante la campaña electoral 2018/2019 (entre otros usos posibles), todo lo cual surge de las conversaciones  telefónicas  analizadas,  los  allanamientos y registros domiciliados dispuestos en la causa, las anotaciones personales y demás documental secuestrada, el estupefaciente hallado, las declaraciones testimoniales efectuadas y las demás constancias que seguidamente se expondrán".

Tras los múltiples procesamientos, las prisiones preventivas y la excarcelación a Varisco tras el pago de un millón de pesos en una suerte de libertad condicional, este miércoles será el turno de testimoniales a Emanuel Gainza, Ramón Benito González y Mónica Beatriz Piriz, mientras que el jueves lo harán Nilda Raquel Luna, Liliana Blasinda Vera y Ricardo Enrique Frank. En el medio una banda narcotraficante, financiada por el Estado, que sigue funcionando.

*Colaborador de la Agencia Paco Urondo en Entre Ríos.