Honduras: cambian los gobiernos, pero sigue la inequidad y la represión

Por Carlos Iaquinandi (*)

Son los mismos madre,

los mismos hijos del odio de antes

que han regresado

siempre disfrazados de demócratas

para sí y para ellos

que de nuevo están asesinando, encarcelando, y exiliando.

De un poema de Isidro España, dramaturgo hondureño, cuando el golpe cívico militar de junio del 2009.

El presidente Juan Orlando Hernández, celebró los primeros cien días de su gobierno confirmando en los hechos que el golpe cívico-militar del 2009 se hizo para que nada sustancial cambie en Honduras.

Desde el derrocamiento del presidente constitucional Manuel Zelaya, se sucedieron el gobierno de facto de Roberto Micheletti, luego se fraguó una “normalización democrática” que dio paso al periodo de Porfirio Lobo, a quien sucedió en enero último el abogado Hernández del conservador Partido Nacional. Lo cierto es que al margen de siglas y apellidos, todos ellos representan a un sistema apuntalado por el ejército, los grandes terratenientes cafetaleros, la jerarquía de la Iglesia Católica, los dueños de los grandes medios de comunicación, las familias tradicionales, y los partidos políticos que se han alternado en el poder, funcionales a esos intereses oligárquicos.

Estos cinco años han marcado la continuidad de los objetivos del golpe de junio del 2009: cerrar el paso a cualquier alternativa que significara el acceso al gobierno por los sectores populares. Continuaron las políticas económicas neoliberales, la persecución a los opositores, y la impunidad de los autores de crímenes. En ese lustro, treinta periodistas y decenas de activistas sociales, sindicalistas y dirigentes campesinos fueron asesinados.

Sin embargo, la construcción del Frente de Resistencia Popular y luego la formación de la opción política LIBRE encabezada por el ex presidente Zelaya, mostró la tenacidad de una gran parte de la población hondureña en la defensa de sus derechos y libertades.

Prometió “paz y convivencia”

Juan Orlando Hernández tenía una trayectoria de político dialogante y prometió que “Honduras sería un ejemplo para el mundo en paz y convivencia”.  Con esos antecedentes y promesas ganó los comicios de noviembre pasado, aunque con el menor margen de un vencedor en los últimos 30 años de gobiernos alcanzados por las urnas en este país, y en medio de denuncias de fraude de parte de LIBRE y del PAC, dos partidos de oposición.

Pero su compromiso de terminar con la inseguridad en el país por el momento solo ha servido para mantener un exagerado gasto militar y policial de casi el 10% del Producto Bruto Interno. Y en el Congreso es evidente que su Partido Nacional tiene acuerdos con los liberales (el bipartidismo tradicional) para obstaculizar con su mayoría cualquier iniciativa de los 37 diputados de LIBRE. Recientemente, se designaron los miembros del Tribunal Supremo Electoral, excluyendo totalmente a LIBRE, que es la segunda fuerza política del país. O sea que el nuevo presidente cumple los principales “mandamientos” de los responsables del golpe cívico militar del 2009: frenar como sea cualquier posibilidad de cambio social y político verdadero en el país.  Pero esos acuerdos, políticamente legítimos, parecen extenderse también a la continuidad de la violencia contra la oposición.

Intentan asesinar al regidor de LIBRE Rafael Barahona

En la última semana  se produjeron varios atentados “selectivos” que no pueden atribuirse al crimen organizado. Uno de ellos, en pleno centro de la capital, Tegucigalpa, ocurrió el pasado lunes contra el vehículo en el que se desplazaba el regidor opositor Rafael Barahona, del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Desde un auto que sobrepasó su camioneta le hicieron varios disparos. Barahona resultó herido en una mano y en el brazo. Su vehículo quedó con diez impactos de bala. Los sicarios agresores, se fugaron. Un video grabado por una cámara de seguridad y que registró el atentado, circula por las redes sociales.

El sábado 10,  la casa donde reside una brigada de 8 médicos cubanos en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, fue asaltada por un grupo de hombres fuertemente armados. Los médicos que se hallaban en la vivienda fueron maniatados, golpeados y amenazados de muerte. Los componentes de la brigada  atienden a pacientes hondureños como parte de la solidaridad internacionalista del gobierno y pueblo cubanos. Organizaciones sociales hondureñas exigieron a las autoridades que el atentado no quede impune.

La policía militar desaloja del Congreso Nacional a los diputados opositores

El martes, los diputados de LIBRE en el Congreso, fueron desalojados a palos y empujones del recinto parlamentario por la policía militar. La oposición, respaldada por manifestantes que reclamaban que sus representantes fueran escuchados, había decidido como acto de protesta permanecer en sus asientos. El presidente del Congreso Mauricio Oliva del Partido Nacional autorizó a la Policía para que provista de todo su equipo antimotines ingresara al Congreso y procediera a expulsar a los congresistas de LIBRE y a sus partidarios. En esto el gobierno de Hernández es innovador, porque es la primera vez que se utiliza este recurso en el congreso hondureño desde 1982 cuando finalizó un periodo de gobiernos militares. En definitiva es también una continuidad del método empleado para comunicarle al presidente Zelaya en el 2009 que su gobierno había terminado: le sacaron de madrugada y en pijama de su casa,  y encañonado lo pusieron en un avión militar que le llevó al exilio costarricense. Al final, la violencia se convierte en institucional.

Uno de los principales diarios hondureños, no dudó en titular “LIBRE arma un zafarrancho en el Congreso” (valoración que luego también utilizaron diarios europeos como “El País” de España para relatar lo sucedido).  Y su colega “El Heraldo”, con una crónica similar, editó en su página on-line un video donde las imágenes muestran como los antimotines -verdaderos protagonistas del “zafarrancho”- empujan y apalean a los diputados. Las escenas contradicen claramente el relato periodístico. El propio ex presidente Manuel Zelaya, que intentó dialogar con los policías, tuvo que ser ayudado por sus compañeros a bajar las escaleras entre empujones y afectado por los gases lanzados por los policías.

Inequidad y pobreza

Honduras tiene 8 millones y medio de habitantes. El 70 por ciento de su población, según los índices del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) vive en la pobreza. De ese porcentaje, 4,2 millones o sea la mitad de la población puede considerarse como “en extrema pobreza”. Y de esa cifra, casi dos millones viven con menos de un dólar diario.

El último informe del PNUD sobre Honduras, correspondiente al año 2011, se titulaba “Reducir la inequidad: un desafío impostergable”.  Y explicaba que aunque a veces “desigualdad” e “inequidad” se utilizan como sinónimos, ellos entendían que desigualdad pone atención en las disparidades distributivas entre las personas. “En el caso de la inequidad, centra su actuación en calificar las desigualdades con el criterio normativo de injustas, innecesarias y socialmente remediables. Y añadía, “la equidad debería ser el concepto clave para desarrollar un planteamiento de diseño de políticas públicas para reducir la inequidad. “La misma encuesta del organismo de las Naciones Unidas indicaba que “el 90,3% de la población hondureña piensa que las inequidades que existen en el país no son producto de la voluntad de Dios, sino que son socialmente construidas.”

Las primeras medidas económicas tomadas por el gobierno, incluyen el aumento del 12 al 15% del Impuesto sobre Ventas. En el horizonte socio-laboral, también se advierte la amenaza de despido  de 60.000 trabajadores públicos y la reducción de la masa salarial de los que permanezcan. El director del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, Mauricio Díaz, afirmó que esas medidas “deprimirán más” la economía del país y provocarán una caída aún mayor de la calidad de vida de la población.  Añadió que los ajustes se aprobaron para que el gobierno de Juan Orlando Hernández, pueda firmar un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional.

Otros parámetros inquietantes

Según datos de la OEA, Honduras tiene la mayor tasa de homicidios del mundo, con 91,6 por cada cien mil habitantes. Las propias cifras oficiales indican una media de 20 asesinatos diarios.

Los informes del 2012 de organismos internacionales señalan que el 80% de la cocaína que va a Estados Unidos desde Sudamérica, pasa por Honduras.

Y también ese año se reveló la existencia de un moderno laboratorio para procesar la droga, con conexiones con los cárteles mexicanos, dentro del territorio hondureño.

El IPC (Índice de Percepción de la Corrupción) de Transparencia Internacional correspondiente a 2013, mantiene a Honduras como el país más corrupto de Centroamérica y entre los más corruptos del mundo. Entre los 177 países que a nivel mundial fueron evaluados, Honduras aparece en la posición 140. Esto representa un retroceso de 7 posiciones con respecto a 2012.

Según datos de la ONU y del Consejo Noruego de Refugiados, la violencia criminal de las “maras” (bandas de  jóvenes hondureños repatriados desde Estados Unidos) y del narcotráfico internacional, han obligado a huir de sus casas y de sus tierras a 17.000 personas. Honduras se encuentra entre los tres países de Latinoamérica donde más se registran desplazamientos forzados.

¿Educar en los cuarteles?

La militarización creciente de la sociedad hondureña, y los rasgos autoritarios de los nuevos gobernantes, no parecen el camino adecuado para que el presidente Hernández cumpla su promesa de convertir a Honduras “en un ejemplo de paz y convivencia para el mundo”. Esas perspectivas quedan a la vista con el más que dudoso programa educativo “Guardianes de la Patria”, donde inculcarán valores y disciplina militar a los jóvenes adolescentes. El gobierno pretende que unos 25.000 niños en riesgo social y sin ninguna oportunidad, reciban anualmente instrucción en cuarteles y dependencias militares. Allí les serán infundidos también “valores cristianos, morales y patrios”. Desde la sociedad civil, diversas organizaciones han criticado el programa como un “adoctrinamiento” y afirman que “la militarización de la niñez y la juventud no es la mejor manera de fomentar y promover valores humanos, cívicos y morales.”  Lo cierto es que los recintos militares de los cuales salieron los ejecutores del golpe del 2009, no parecen los espacios más adecuados para educar a los jóvenes en el respeto a la democracia, la paz y la convivencia.

Son los mismos

Los puntos resumidos y expuestos en esta crónica, pretenden confirmar con datos el enunciado inicial de que el nuevo gobierno hondureño representa en los hechos una continuidad del golpe cívico militar del 2009 y de su objetivo principal: que nada sustancial cambie en el país. Pero en cinco años, el ejercicio sistemático de la violencia represiva, los secuestros y asesinatos selectivos, el control de los principales medios de comunicación, las restricciones al ejercicio de libertades fundamentales y otras herramientas de control social no han logrado doblegar la resistencia del pueblo hondureño.

Y la pretendida y falsa “democratización” del país, montaje en el que participaron el gobierno de Obama, la OEA y algunos gobiernos latinoamericanos, queda al desnudo.

La lucha del pueblo hondureño continúa.

(*) Carlos Iaquinandi es periodista. Esta nota forma parte del envío 479 de la agencia SERPAL.