La limitación en la elección de obras sociales sumó voces a favor y alguna en contra

El Gobierno Nacional, mediante un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, estableció que todos los trabajadores, cuando ingresen a un nuevo empleo, deberán permanecer al menos un año en la obra social del sindicato de la actividad a la que está asociada su empleador. Se trata de un reclamo histórico de la CGT que fue resuelto por Casa Rosada. 

Algunas voces advirtieron por el siguiente problema: que aquellos trabajadores que tengan contratado el servicio de una empresa de salud privada prepaga, tendrán que afrontar ese costo de manera personal. "Es mentira que el decreto coarta el derecho de la gente, porque sigue el mismo régimen de rotación. Lo que se buscó con esta norma es emprolijar hacia adelante el tema de los traspasos, porque en su momento fue un desbande", aseguraron desde los gremios. 

"El DNU que reglamenta la opción de cambio en el sistema de Obras Sociales, viene a terminar con una práctica espuria y anti sindical de los empresarios y gerentes de las empresas de medicina privada, consistente en elegir el prestador del servicio de salud de sus trabajadores en beneficio de sus intereses económicos y para alejarlo del vínculo natural con el sindicato de su actividad", insistieron. 

Por su parte, desde el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) mostraron su preocupación sobre un universo determinado de trabajadores. Para poder entender esto, dicho organismo realizó un estudio, tomando información por un lado del Ministerio de Trabajo y por otro lado, de la encuesta que se realiza en hogares por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Uno de los resultados preliminares es que en el país hay un 10% de los trabajadores que tienen una antigüedad en su empleo que es de 12 meses, lo que representa una cifra aproximada de 650 mil personas.

Para poder entenderlo de una mejor manera se puede hacer la siguiente explicación: supongamos que una persona tiene un empleo y deriva sus aportes salariales de salud a una empresa de salud prepaga. Si cambia de trabajo por cualquier motivo o razón y decide continuar con la misma prepaga, deberá afrontar el pago en su totalidad, debido a que sus nuevos aportes salariales serán dirigidos a la obra del sector de la actividad.

Desde el IDESA indicaron que esto va a traer aparejado dos problemas fundamentales. En primer lugar, muchas personas dejarán de pagar su prepaga, ante la imposibilidad de afrontar el 100% del costo, lo que generará desfinanciamiento a estas empresas, que indican que acarrean problemas desde el 2020, en donde aumentaron sólo el 26% sus planes mientras que la inflación fue más del doble. El segundo de los problemas va a ser que quienes continúen abonando su prepaga, aportarán de igual manera a obras sociales, que recibirán un dinero por un servicio que de ninguna forma van a prestar.

Con esta situación, lo que aumentaron abruptamente fueron las consultas de muchos trabajadores (con poca antigüedad sobre todo), para poder tener un plan de medicina prepaga más barata. Las opciones son muchas dependiendo de la edad, si es plan familiar, si existe alguna enfermedad preexistente, las prestaciones que se brindan, la ciudad en donde viva el afiliado, entre otros factores. La clave previo a contratar será el análisis de conveniencia entre tener prepaga o percibir la cobertura que puede brindar la obra social de la actividad.