Las miserias de Conte Grand

Por Fernando Latrille 

El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte Grand, que había dictado una resolución para que no exista obligación de los fiscales de apelar aquellas medidas judiciales que no determinen prisión preventiva, mostró su verdadera cara a través de un audio que trascendió la semana pasada, cuando en teleconferencia les habló a fiscales y defensores. “El sistema debe generar mecanismos para poder atender estos desvíos que el propio sistema eventualmente autoriza”, dijo y  pidió: “Estén atentos a estas miserias humanas” .

Para la diputada bonaerense Susana González se trata de “la doble cara del Procurador”, que se había mostrado en consonancia con la Mesa de diálogo- para analizar el problema de la superpoblación carcelaria-, creada por el gobernador Kicillof y había dictado una resolución para que los fiscales no apelaran las medidas judiciales que no determinaban la prisión preventiva. “Después de haber escuchado de la voz del propio Conte Grand que aquellos que pedían morigeración de las penas eran ‘miserias humanas’, y que la morigeración ‘era un desvío’, cuando la ley nunca establece un desvío, la ley establece remedios procesales pero no son desvíos, sino serían ilegales”, señala González y dice que Conte Grande debería dar un paso al costado.   

“Un hombre que ha instigado a carpetazos como forma de ejercer la función”, indica la diputada bonaerense en diálogo con Agencia Paco Urondo. “Hay pruebas claras donde ha tenido un modus operandi dentro de la justicia que es el de apretar fiscales y jueces, que ha sido generador de muchas causas armadas y sin embargo su soberbia no le permite hacer un paso al costado”. Anticipa la necesidad de “una vez que esta pandemia pase, ponerse a trabajar de lleno en si esta persona es apta para ser el titular de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió un comunicado con respecto a las expresiones de Conte Grand. “En estos días el Procurador General de la provincia de Buenos Aires calificó estos pedidos de los defensores oficiales como “desvíos” y “miserias humanas”, cuestionándolos por hacer lo que deben: velar por los  derechos de sus asistidos, lo que en este contexto significa proteger su integridad física y su vida”, señalaron y profundizaron al indicar que “las expresiones vertidas preocupan por el contexto crítico en que se inscriben, pero a la vez evidencian un problema grave y estructural que es el de la falta de autonomía de la Defensa Pública”. En ese sentido remarcaron que “la concentración en cabeza del Procurador General de la dirección del Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa conspira y ha conspirado históricamente contra la igualdad de recursos que requiere un sistema penal equilibrado”. Explicaron que “esto es así  ya que las tensiones entre el diseño de estrategias para la investigación del delito por un lado y para garantizar el derecho de defensa por el otro siempre se han resuelto con la provisión de mayor presupuesto para los fiscales y menos para los defensores”. Recordaron que la CPM viene desde hace muchos años “reclamando por la autonomía de la defensa pública”, y que: “Existe una ley vigente que dispone la autonomía de la defensa pero que no se ha cumplido hasta el momento. A nivel nacional la Procuración General y la Defensoría General son organismos autónomos, separados uno del otro”. 

La CPM calificó que “las declaraciones del Procurador son particularmente graves en tanto constituyen la persecución de defensoras y defensores de derechos humanos, lo que entre otras cosas podría acarrear la responsabilidad del Estado argentino ante los organismos internacionales de derechos humanos”. También la CPM no perdió oportunidad en señalar en su comunicado un hecho grave por el que el organismo se viene manifestando: “Por un lado, considera las acciones desplegadas por las defensoras y defensores para garantizar derechos como «miserias humanas» y, por el otro, sostiene en su cargo y garantiza la impunidad del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, procesado por delitos de lesa humanidad (privación ilegal de la libertad y torturas) como agente de inteligencia de la policía bonaerense durante la dictadura militar” (comunicado completo de la CPM ).  

Sobre la Mesa 

Ni bien asumió el gobernador Axel Kicillof firmó un decreto creando la Mesa de diálogo para analizar las condiciones de alojamiento de detenidos en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires. La Mesa Institucional de Diálogo es coordinada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak,  junto a representantes del poder legislativo de ambas Cámaras y con participación de organismos de derechos humanos. “Esto surge del informe que realizó el Tribunal de Casación dirigido al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde demuestra que hay una superpoblación carcelaria intolerable. Un 110% de superpoblación”, cuenta la diputada bonaerense Susana González. 

No sólo en las unidades carcelarias existía superpoblación,  sino también en las comisarías. El informe realiza un análisis detallado de los grupos carcelarios en las unidades. Aquellos que tienen condena firme, aquellos que están procesados, en prisión preventiva y los tipos de delitos que  aglutina.  Poco antes de la asunción del gobernador Axel Kicillof, había una situación preocupante porque los detenidos en las unidades carcelarias  estaban en huelga de hambre. “Ese informe que el Presidente de la Corte le dirigió al Gobernador hizo que instruyera al Ministro de Justicia a trabajar sobre la situación. En los primeros días de gestión de Julio Alak se conforma la Mesa y los miembros que la componen, no solamente es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino que también hay miembros del poder judicial”, dice la Diputada y enumera: “desde el Ministerio Público Fiscal hasta la Casación la Corte Suprema y la Defensoría General, también colectivos en defensa de los derechos humanos como la CPM y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),  y otros organismos de derechos humanos como también un representante de la Cámara de Senadores y otro de la Cámara de Diputados”. 

En esa primera reunión de la Mesa se pone en conocimiento a los miembros de la situación que estaban atravesando las unidades carcelarias. Desde falta de pago a proveedores, desde falta de pagos de medicamentos y por lo tanto falta de insumo dentro de las unidades carcelarias. Una superpoblación que “ponía los pelos de punta”, grafica la diputada Susana González, “porque en el análisis desmenuzado que había hecho Casación observaba que se encontraba dentro de un mismo pabellón gente que había matado con gente que tenía un proceso por tenencia de estupefacientes. Eso hacía que todo sea mucho más peligroso para las personas en condiciones de encierro”.  

El gobierno de Axel Kicillof pagó a los proveedores para que se pudiera regularizar el tema de la alimentación en las unidades carcelarias y también los insumos médicos. Se informó sobre las estructuras edilicias de cada una de las unidades carcelarias, el peligro de derrumbe en la unidad de Magdalena, y los problemas de infraestructura en todas las unidades carcelarias: hacinamiento, falta de agua, falta de colchones ignífugos para los detenidos y situaciones por demás tensas “que demostraba que aquello no era cumplir una pena, sino que rozaba más con un tormento o una tortura en las unidades carcelarias”, subraya la Diputada: “Nadie cuestionaba que los que habían cometido delitos tenían que cumplir sus penas, lo que se cuestionaba era la forma del cumplimiento de la pena y en aquellos casos donde ni siquiera tenían penas se cuestionaba mucho más”.  

La diputada Susana González expresa que la morigeración de penas no surge de la Mesa sino que se encuentra legislada desde hace tiempo, pero que se aplica poco. Señala el incremento de prisiones preventivas que se llevaron adelante durante los últimos cinco años. “Una proporción de 3.500 detenidos en cada año”. González cuenta como en la reunión de la Mesa el Procurador reconoció ese incremento pero lejos estuvo de mostrarse responsable “ya que ha sido como jefe de fiscales quién ha instigado permanentemente a esta situación durante el gobierno de Cambiemos”. Así lo explica para Agencia Paco Urondo. 

Los integrantes de la Mesa se comprometieron en realizar un análisis pormenorizado de quiénes eran las personas que estaban en situación de que se morigeren sus penas. Si había suficiente cantidad de tobilleras, pulseras electrónicas o dispositivos para poder controlar esa situación y a partir de allí, “de un muy buen trabajo del defensor ante el Tribunal de Casación Penal, Mario Coriolano, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, encontraron la posibilidad de que las mujeres con hijos que estuvieran encarceladas pudieran lograr el arresto domiciliario”, expresa la Diputada bonaerense.  

Fue durante esas decisiones que se tomaban en la Mesa, cuando el procurador Conte Grand “dictó una resolución quitándoles la obligación a los fiscales de apelar aquellas medidas judiciales que no determinaban la prisión preventiva, que hasta ese momento era una obligación legal para los fiscales, apelar las resoluciones de los jueces que no determinaban la detención de las personas ante la comisión de determinados delitos”, explica Susana González. “Entendía que era una manera tardía- pero una manera-, de colaborar de la Procuración, dado que había sido uno de los actores principales en llevar al colapso el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires”, remarca. “Ante la situación tan clara planteada en la Mesa- la urgencia y emergencia que se suscitaba con los posibles motines-, por lo menos ponía un granito de arena ante esa situación que era lógica, dice González y añade que a pesar de ese trabajo “se vio-mejor dicho se escuchó-, la doble cara del Procurador”. 

El juez Víctor Violini del Tribunal de Casación Penal bonaerense dio lugar a un amparo colectivo que permitió la morigeración de penas de setecientos detenidos. Resaltó en su resolución, “me veo obligado a observar que el señor Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, doctor Julio Marcelo Conte Grand, que ahora parece erigirse como una suerte de héroe o líder mediático en medio de la pandemia decretada, ha sido, en los cuatro años pasados, el artífice de instrucciones que provocaron la proliferación de pedidos de prisión preventiva  y colaboraron de modo sustancial con la superpoblación carcelaria y la situación de hacinamiento imperante”. Las dos caras de Conte Grand quedaron expuestas durante la pandemia, ¿su doble juego durará?