Paraná: más pruebas del pacto entre el narcotráfico y el gobierno de Cambiemos

Por Mariano Osuna *

Avanza la causa judicial que investiga las conexiones entre Daniel Celis, uno de los principales acusados como jefe del narcotráfico en Paraná y Sergio Varisco, intendente desde 2015. Aportes de campaña, escuchas telefónicas, 19 detenidos, funcionarios implicados, avioneta con 317 kilos de marihuana, concejales y funcionarios como testigos, son parte del menú principal del proceso que confirma los vínculos con el poder político. 

El viernes la causa tuvo un nuevo capítulo con la declaración testimonial de Griselda Bordeira, subdirectora de Seguridad de la Municipalidad de Paraná, quien confirmó el apoyo del Tavi Celis a la campaña electoral previa a la segunda gestión del actual mandatario (aunque no certificó aportes económicos). La funcionaria, con responsabilidad en un área sensible del Ejecutivo local, negó los acuerdos económicos electorales entre Celis y Varisco, el mando paralelo del Tavi en los primeros meses de gestión de 2016, y la propia denuncia de Celis contra Bordeira y su jefe, Ricardo Franks, al momento de ser apresado (con mensajes mafiosos entre socios). Incluso, la segunda en rango de Seguridad desconoció la banda de narcotráfico liderada por el condenado por robo.

Agenda Abierta denunció la relación Celis-Varisco, es decir del narcotráfico y del poder político, mediante aportes económicos en la campaña electoral. Vínculo consolidado durante los primeros meses de gestión cuando Tavi se hizo cargo paralelamente de la Unidad municipal 2, entre otras áreas encargadas de los servicios cotidianos de la capital entrerriana. Las influencias incluso abarcaron el refugio improvisado para personas en situación de calle, ubicado en el Centro Integrador Comunitario situado en las calles Roque Saenz Peña y Fermín Garay.

Celis fue detenido el 19 de agosto del año pasado por un robo a la estancia El Retiro de Las Cuevas, en Diamante, ejecutado el 2 de marzo. El pasado 29 de diciembre, tras un juicio abreviado, fue condenado a siete años y medio, en el proceso judicial que sentenció a Carlos Cesario Correa a seis años y ocho meses y a Juan Ramón Medina a siete años. El hecho no fue aislado, fue parte de una serie de acontecimientos y antecedentes donde el indicado como jefe del narcotráfico había logrado evadir cualquier investigación. Tuvo una condena de cinco años en Misiones por robo en 1995, y en 2002 fue encontrado en Paraná con un automóvil con siete kilogramos de marihuana. También en 2007 fue hallado junto a su hermano con 50 kilos de marihuana, aunque de manera curiosa, como cinco años antes, no hubo ningún procesamiento. Las rejas no frenaron el poder de Celis, quien denunció en su facebook, horas posteriores a su detención, que era preso político. En la publicación, borrada en la misma jornada de su difusión, Tavi nombró a Sergio Varisco, intendente de la ciudad, Ricardo Franks, secretario de Seguridad de la Municipalidad, Griselda Bordeira, subdirectora de la misma repartición, y Leonardo Airaldi, un hacendado cercano a la familia asaltada en aquél agosto. Las palabras del condenado finalizaron con una advertencia: "Creo con certeza que lo que me está pasando es producto de la política y que el señor Sergio Varisco me quiere sacar del medio. Pero si esto pasa, contaré toda la verdad de cómo él llegó a ser intendente de la ciudad".

El 9 de marzo de este año, la asociación entre el poder político de Paraná y el narcotráfico tuvo un nuevo episodio, con las detenciones del director de Arquitectura Social, Carlos Alberto Bernini, un trabajador municipal de esa área, Sergio Pross, y un empleado de Obras Sanitarias, Guillermo Viggiano. Paralelamente, apareció en las redes sociales la filtración de un audio de la causa judicial con una conversación telefónica entre Marcelo Fabián Álvarez, el ex director de Ambiente Sustentable –acusado de tráfico de influencias en beneficio de empleados municipales detenidos tras protagonizar un violento robo–  y el Dr. Hugo Gemelli, abogado de Celis y sus cómplices en la causa por la que fue condenado a siete años y medio de prisión en un juicio abreviado en diciembre del año pasado. 

Una operación con funcionarios municipales y familiares de Celis

El domingo 28 de mayo, las fuerzas de seguridad incautaron una avioneta con 317 kilogramos de marihuana en Colonia Avellaneda. Un día después, el Poder Judicial detuvo a catorce personas, que incluyeron a la pareja de Celis, Fernanda Orundes Ayala, al padre Eduardo Ramón Celis, al hermano Miguel Ángel “Titi” Celis y a la cuñada del Tavi. También fueron arrestados dos funcionarios municipales; uno de ellos, su padre de corazón, Miguel Leguizamón, que era coordinador de la unidad 2. El otro Cristian Silva, segundo en cadena de mando de la misma repartición, indicado como cajero de la asociación ilícita y arrestado dos años antes en posesión de un auto adulterado. Silva era en ese momento el chofer de campaña del intendente Varisco y uno de los principales discípulos de Celis en el negocio territorial de la banda narco nacida en Barrio Antártida. El resto de los arrestados fueron Luis Céparo, Julio Vartorellli, Yamila Corradini, Miguela Fidelina Valde, Omar Gibaudo, Marcos Velásquez, José Gibaudo, Patricio Larrosa, y José Caballero.

Más detenciones

El miércoles 15 de junio hubo cinco nuevos apresamientos en el marco de la causa que investiga la incautación de la avioneta. Los detenidos fueron el director de la Unidad Municipal 2 Oeste de Paraná, Hernán Rivero, a cargo del traslado y la comercialización de la marihuana del círculo de Celis, Miqueas Córdoba, María Laura Zurita, Jonatan Romero y Renzo Bertana. Con estas últimas capturas, Romero, Leguizamón y Silvia, los tres referentes de la Unidad 2, quedaron expuestos en la causa. Durante todo el proceso judicial y las denuncias periodísticas, hubo sólo silencio oficial del Ejecutivo municipal, que no pudo explicar la situación de un área sensible en la maquinaria cotidiana de la gestión local.

Los allanamientos y los arrestos se dieron luego del llamado a testimonio de la concejal del Bloque Cambiemos, Pablo Hernández, quien comprometió la situación de Celis, y profundizó las dudas sobre los nexos entre el poder político y el narcotráfico en Paraná. Este viernes fue el turno de la declaratoria de Griselda Bordeira, aunque no serán los únicos funcionarios convocados a la testificación del proceso judicial.

Los acontecimientos confirman la información brindada por Agenda Abierta sobre las múltiples conexiones entre el Ejecutivo local y uno de los jefes narco de Entre Ríos. Celis, quien se encuentran cumpliendo su condenado por robo, sigue estando a cargo del negocio, demostrado en la operación de aquélla avioneta que incluía la participación de su familia directa y funcionarios locales. ¿Será este proceso la primera acción seria del Poder judicial contra Celis? Lo cierto es que el silencio oficial es ensordecedor y la sociedad necesita que el Estado abandone la omisión en causas de corrupción estructural. Hechos que dejan daños a la política y la democracia, y que instalan la impunidad como valor central.

* Colaborador de la Agencia Paco Urondo en Paraná.