Rumbo al balotaje: dos proyectos de universidad

Por Sergio Friedemann y Cristián González *

Pocos países cuentan con una universidad pública, gratuita, de excelencia y de acceso tan amplio como el que tenemos en la República Argentina. Para muchos es un modelo a seguir, otros consideran que la inversión en educación superior es un gasto innecesario.

La historia de la ampliación del derecho a la educación universitaria permite reconstruir la trama de elementos que explican el modelo inclusivo vigente en nuestro país.

La reforma universitaria de Córdoba dio una primera batalla a favor de una universidad menos elitista. Sin embargo, los estudiantes de la Federación Universitaria Argentina decidieron no aprobar un proyecto presentado por Gabriel del Mazo y Dante Ardigó que incluía la gratuidad y un programa de becas para que puedan ingresar los estudiantes más pobres en 1918.

Fue recién durante los primeros gobiernos peronistas (1945-1955) que se instauraron la gratuidad y el ingreso irrestricto, en 1949 y 1953, respectivamente. Ese último año, se inauguró la Universidad Obrera con el propósito de que las clases trabajadoras puedan capacitarse profesionalmente.

Durante la década peronista, se transformó el sistema educativo incluyendo a sectores hasta entonces marginados como destinatarios de las políticas educativas, democratizando el acceso y concibiendo la formación como un eslabón del desarrollo industrial del país. En las universidades, la matrícula creció de 47 mil en 1945 a 138 mil diez años más tarde. Si en 1945 había 3 estudiantes cada mil habitantes, hacia 1955 esa proporción creció hasta 8 por mil.

Después del golpe de Estado de 1955, la dictadura derogó las leyes universitarias del peronismo. En muchas casas de estudio se reinstalaron los cupos y la matrícula dejó de crecer. Luego, durante los gobiernos de Frondizi e Illia, hubo un aumento gradual en la cantidad de estudiantes pero se mantuvieron los exámenes de ingreso.

El golpe de Estado de 1966 intervino la universidad. Las restricciones al ingreso continuaron, pero encontraron fuertes resistencias del movimiento estudiantil. Entre 1966 y 1970, la matrícula sufrió una leve caída, hasta que el Plan Taquini (1970-1971) revirtió esa tendencia negativa creando nuevas universidades nacionales.

Entre 1973 y 1974 explotó la cantidad de ingresantes. El gobierno de Cámpora dispuso el ingreso irrestricto y los estudiantes pasaron de 333 mil en 1972 a 507 mil en 1975 . En la UBA, la cantidad de ingresantes por año subió de 21 mil estudiantes en 1972, a 40 mil dos años más tarde. Por su lado, la Ley de Universidades Nacionales aprobada por el Congreso de la Nación en 1974 (re)estableció la gratuidad.

Durante el gobierno de Isabel Perón y la última dictadura cívico militar las universidades fueron intervenidas y se reinstauraron los cupos. El número ingresantes se redujo a los niveles de 1972.

Con el regreso de la democracia se levantaron los exámenes de ingreso en la UBA, se implementó el Ciclo Básico Común y la cantidad de inscriptos recuperó los niveles de 1973-1974. Sin embargo, el principal escollo en la ampliación del derecho a la educación superior fue la baja incidencia del presupuesto destinado a las universidades respecto del PBI.

Por su lado, la matrícula creció un 3,8% anual promedio durante el decenio 1988-1998 . La sanción de la Ley de Educación Superior (LES) en 1995 se insertó en el contexto más amplio de reformas neoliberales del Estado donde se buscó que las casas de estudio encontraran formas alternativas y privadas de financiamiento para permitir el achicamiento del “gasto” público en educación. La idea de arancelar la universidad pública estuvo a la orden del día, pero se resistió a medidas de ese tenor.

Los años ´90 se caracterizaron por la combinación de creación de nuevas universidades descentradas de los grandes núcleos urbanos con descenso de la inversión en el presupuesto universitario. Por un lado, acercó la educación superior universitaria a territorios históricamente postergadas en ese derecho, aunque la incidencia de esas casas de estudios fue baja en la interpelación de nuevos aspirantes; pero por otro lado, amplificó el deterioro material de las universidades ya existentes.

Desde 2003 se produjo un aumento del presupuesto en educación establecido por la ley de financiamiento educativo hasta alcanzar el actual aproximado de 6,5% del total del PBI, muy superior al de todos los países de la región. Las universidades jugaron un rol protagónico en la recepción de ese presupuesto. Quince universidades fueron creadas durante los gobiernos kirchneristas, diez de las cuales ya se encuentran en pleno funcionamiento.

Muchos de esos establecimientos se instalaron en el conurbano bonaerense, cubriendo una enorme vacancia y concretando el derecho de estudiar una carrera universitaria a amplios sectores sociales históricamente relegados. Esto se cristalizó con la magna cantidad de inscriptos sin tradición universitaria familiar que año tras año ocupan las aulas de estas nuevas casas de estudio. A modo de ejemplo, en su primer ciclo lectivo de 2011, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche de la localidad de Florencio Varela se inscribieron 3049 estudiantes, en 2012 esa casa tenía en total 5392 estudiantes. Este año ingresaron 9171 estudiantes, de los cuales más del 90% es primera generación de estudiantes universitarios.

En este contexto electoral, es interesante revisar que los diputados y senadores que hoy conforman el espacio “Cambiemos” no votaron a favor de la creación de estas universidades. En contraste, fueron referidas como un “gasto desmedido” y no como una inversión a futuro ni como la institución de un derecho social.

Un nuevo capítulo se acaba de escribir en la historia argentina del derecho a la educación. Con el impulso de la diputada del Frente para la Victoria, Adriana Puiggrós, se aprobó una modificación a la LES que incorporó la gratuidad y el ingreso irrestricto a su articulado. Cuando la cámara de diputados discutió esta modificación en 2013, el PRO resolvió votar en contra. Más diplomáticamente, el 28 de octubre último en la cámara de senadores Gabriela Michetti optó por ausentarse al momento de la votación, para no mostrar en plena campaña la posición que el partido liderado por Mauricio Macri viene sosteniendo: que las nuevas universidades constituyen un gasto innecesario. Desde hoy, ningún gobierno podrá arancelar las universidades sin volver a modificar la legislación, y algunas casas de estudio deberían eliminar los exámenes de ingreso.

Como escribió días atrás Raúl Zaffaroni, a nivel internacional se pueden visualizar modelos de universidad enfrentados, uno excluyente y otro inclusivo, y esos modelos juegan su propio partido fronteras adentro. De alguna manera, la genealogía de una tradición de acceso a la educación universitaria pública, gratuita, irrestricta y de excelencia, desnaturaliza la cristalización de ese derecho y advierte sobre la responsabilidad ciudadana de defenderlo.

* Docentes e investigadores de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad de Buenos Aires. Miembros del Programa de Estudios sobre la Universidad Pública (PESUP) del Instituto de Investigaciones Gino Germani.