Sorpresa por la defensa de Gil Lavedra a un juez genocida

Por Santiago Gerber

La noticia se conoció hace unos días, y fue ratificada por Gil Lavedra ante las críticas que desde organizaciones de Derechos Humanos y de las propias filas de UCR le hacían llegar: el ex ministro de Justicia de De La Rúa aceptó la defensa de Ricardo Lona, que actualmente cumple prisión preventiva por la causa conocida como la “Masacre de Palomitas”.  Dicha casusa data del 6 de julio de 1976, cuando once presos políticos fueron acribillados a balazos en el paraje Palomitas, cuando eran trasladados de un penal a otro.

Según consigna la Agencia Télam, Lona -que era el juez federal que debía investigar lo sucedido en ese hecho- fue procesado en 2007 por "incumplimiento de deberes de funcionario público" y tras innumerables apelaciones y recusaciones, el juez Fernando Poviña  le dictó la prisión preventiva por considerarlo "penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en grado de cómplice primario, en perjuicio de los presos fusilados".

Pese a todo, Ricardo Gil Lavedra decidió asumir la defensa del implicado, por considerarlo “un amigo, que es inocente”. Esto causó el rechazo de las organizaciones de Derechos Humanos de Salta y las duras palabras del abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Ávila, quien afirmó que el accionar de Gil Lavedra siempre fue contradictorio, y recordó su paso por el Ministerio de Justicia de la Nación, en el que impidió la extradición de los represores para ser juzgados en el país.

Para Ávila, el dirigente radical "subestima a la sociedad salteña que espera ver a Lona sentado en el banquillo de los acusados", por tratarse de un funcionario imputado en más de cuarenta causas por su complicidad como magistrado con la última dictadura militar. “Quizás –remata Ávila- a Gil Lavedra le haya quedado algún resabio de la Teoría de los Dos Demonios”.

La noticia causó también estupor en las filas del radicalismo local. El dirigente Rubén Correa afirmó que la decisión le parecía muy grave y confirmó que elevarán un pedido a la mesa de la convención nacional de la UCR para que se discuta en el Tribunal de Ética qué pasará con su ficha de afiliación. "Queremos que esto lo discuta el partido a nivel nacional porque Gil Lavedra no es un abogado más y la UCR tiene una tradición muy fuerte en la defensa de los derechos de los ciudadanos", sostuvo Correa.