Universidad de la Matanza: despidos y persecución
Por Redacción APU
Según denuncia la comunidad educativa, la carrera que aún no gradúa su primera promoción de médicos y médicas, en el último año y medio, coincidente con el gobierno de la Alianza Cambiemos, ha "perdido" 100 docentes mientras se insiste en desinformar a los estudiantes y a la comunidad universitaria disfrazándo esta separación de docentes comprometidos y esta abierta vulneración de derechos laborales en cambios "normales" de una currícula en donde nada ha cambiado.
Crónica de un conflicto
La historia de la carrera de Medicina en la UNLaM da cuenta de los últimos años transitados en nuestro país. En abril de 2011 designan al Dr. Mario Róvere como Decano Organizador del Departamento de Salud por un período de 4 años, con la responsabilidad de abrir cuatro Carreras, entre ellas Medicina. En diciembre de ese mismo año, la Carrera de Medicina es aprobada por la CONEAU, dando comienzo en marzo de 2012 a la primera promoción de estudiantes.
En marzo de 2015 el Rectorado designa en su lugar como Decano a un docente ajeno a la Universidad ofreciendo al Dr. Róvere un cargo de Vicedecano, que rápidamente fue vaciado de cualquier capacidad decisoria. En abril de ese año, comienzan a cuestionar la currícula y modalidad de trabajo, erigiéndose el nuevo Decano de facto en un interventor. Se da inicio a amenazas y “aprietes” que traen los peores recuerdos a la universidad pública.
En junio de 2015 el Dr. Róvere asume como Viceministro de Salud de la Nación por lo que hasta el fin de su mandato el conflicto se limita a aprietes y a destratos. En octubre del 2015, ante las reiteradas arbitrariedades y amenazas, se solicita apoyo de la CONADU que aporta asesoría para constituir un sindicato (SIDUNLAM). El rectorado ofrece mediar en un supuesto conflicto, Decano-Vice Decano exigiendo a cambio la “renuncia sin fecha” del Dr. Róvere, lo cual sometido a consideración de los docentes mas cercanos finalmente es aceptado como una prueba de confianza que rápidamente fue traicionada.
En diciembre del 2015 jubilan de oficio sin preaviso (en algunos casos por fuera de lo que marca la ley) a 15 docentes con destacadas trayectorias en el campo académico. Entre ellos se encontraban: Victor Penchaszadeh (pediatra y genetista ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, asesor de Abuelas de Plaza de Mayo y autor del índice de abuelidad), Ricardo Gené (profesor del Hospital de Clínicas de la UBA, ex director de la Carrera de Neumonología) y a Graciela Uriburu (ex Representante de la FAO y de la OMS en temáticas de desarrollo infantil y salud sexual y reproductiva).
En marzo de 2016, el sindicato organiza una comisión de profesores y exige cambios como requisitos para comenzar el ciclo lectivo. Entre marzo y mayo de 2016, a través de dos cartas públicas, el Vice Decano hace visible la situación. Como consecuencia de estas cartas se le "ejecuta" la renuncia.
Con el deterioro de la calidad educativa y con la reducción horaria y salarial del cuerpo docente, se fuerzan más de 15 renuncias. En Enero de este año se envía el telegrama de no renovación de contrato a 20 docentes, 14 de ellos la cúpula entera del sindicato inscripto en CONADU. Así CONADU y SIDUNLAM inician acciones legales y convocan a una huelga, a la que se suman 70 docentes no echados. En abril la justicia dicta una medida cautelar disponiendo la reincorporación de los primeros cinco docentes, dada la antigüedad de los mismos y sus derechos adquiridos, aunque no hubieran concursado los cargos. En mayo se envían telegramas de despido a otros 50 docentes por su adhesión a las medidas de fuerza de CONADU.
100 despedidos en un contexto complicado
Es de destacar que la Universidad Nacional de la Matanza funciona en un predio privado, con titularidad de una fundación cuyo presidente es Alberto Pierri (empresario, ex diputado nacional). Daniel Martínez, su rector, ocupa el puesto desde 1999 y fue nuevamente reelecto "por unanimidad" este año hasta el 2023.
Esta unanimidad a lo largo del tiempo depende de "academicidios" periódicos, la Universidad ya había encarado en años anteriores "purgas" en Carreras consideradas rebeldes, especialmente Trabajo Social y Comunicación Social del Departamento de Humanidades y Ciencias Políticas del departamento de Derecho.
Existe una situación de gran precarización laboral planificada en la comunidad universitaria, con antecedentes de despidos y persecución que se utilizan como mecanismos disciplinadores. La denuncia pública del caso busca democratizar una universidad pública y visibilizar este conflicto, que amenaza con ponerle fin a una de las experiencias más interesantes que en las carreras de medicina se haya dado en nuestro país.