Geopolítica del narcotráfico en América Latina

En los últimos años, al compás de la guerra contra el narcotráfico lanzada en México por su presidente Felipe Calderón Hinojosa, todos nos hemos ido informando y acostumbrando a la espectacularidad de los eventos relacionados con esta rama dirigente del crimen organizado.

Sin embargo, en los años 2010 a 2011, cuando el narcotráfico mexicano dominaba las primeras planas de todos los medios de comunicación mexicanos, el ámbito académico todavía no prestaba mucha atención al fenómeno. Es así que el gobierno y los medios de comunicación se encargaron de construir la agenda y de explicar a la opinión pública, en los términos habitualmente confusos y comerciales que forman la rutina apolítica de las estrategias de comunicación política, la criminalidad del narcotráfico y el sin sentido de sus repetidas matanzas. Es difícil y fuertemente asimétrico sostener y debatir en ese contexto explicativo hegemónicamente construido, dos afirmaciones rotundas: el narcotráfico no es el principal actor criminal y sus matanzas tienen un fuerte sentido de construcción política.

Ahora, cuando el daño ya está hecho y el tejido social mexicano está fracturado abrumadoramente, la preocupación y el interés por comprender de qué se trata se extiende por todo el continente.

Sin embargo, la problemática sigue sin abordarse debidamente. Los discursos y los lenguajes de guerra, combate y enfrentamiento siguen dominando la escena. La dialéctica entre drogas y narcotráfico no se comprende y se tiende a sostener la idea de que son la misma cosa.  En un proceso de modernización del lenguaje que sobrenada en la confusión, se habla del narcotráfico como “delitos conexos”, invirtiendo peligrosamente la relación entre las partes.

La consideración del “problema mundial de drogas”, como se le denomina en los ámbitos internacionales, como un problema de salud pública, apela a una simbología autoindulgente que transita desde la penalización a la hospitalización sin pausa y sin instancias intermedias. No todos los consumidores son adictos y no todos los adictos querrán rehabilitarse. La política de hospitalización forzosa es tan estadounidense como la “guerra” contra las drogas. El velo de suavidad que las palabras colocan sobre las políticas públicas necesita ser descorrido.

En la confusión sistemática de consumidores como adictos, se incluye en el universo del “problema mundial de drogas” a todos los usuarios de drogas, que son pasibles de políticas de salud pública en forma indiscriminada. Finalmente, y en virtud de la vaguedad semántica que no diferencia con claridad entre drogas y narcotráfico, los consumidores no están exentos de las políticas de “lucha contra el narcotráfico”.

Se afirma que la política sobre el problema de drogas considerará a todos los actores como sujetos de derecho. Pero no se menciona específicamente a los usuarios y no se menciona a los narcotraficantes, que también son sujetos de derecho. En este contexto de encierro semántico la reticencia a incorporar el concepto de derechos humanos como punto nodal de la política sobre el problema de drogas es un resultado lógico.

Las expresiones de varios países combinan la perspectiva de “derechos humanos” con la “guerra al narcotráfico” y terminologías afines sin que la lógica del discurso parezca conmoverse. El discurso homogéneo, logrado en virtud de la negociación conversacional, alberga contradicciones materiales que sin embargo, se mantienen sustentables gracias a la ambigüedad del concepto “problema mundial de drogas”.

En este contexto, la pertinencia de estudiar la geopolítica del narcotráfico en América Latina no podría ser más evidente.

Por este motivo, el Instituto de Administración Pública del Estado de México organizó un seminario que se denomina “Geopolítica del Narcotráfico en América Latina”.