Papel Prensa: para Clarín y La Nación fue una simple "operación comercial, lisa y llana"

El comunicado de Clarín y La Nación lleva las firmas de los abogados Gabriel Cavallo, Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada: "todo el aparato de comunicación oficial vino preparando el terreno para esta solicitud de un fiscal subrogante que, hasta hace pocas semanas, no había tomado jamás contacto con esta causa. Un expediente en el cual todo lo acumulado en estos años reafirma la absoluta falsedad y orfandad probatoria de la denuncia, propiciada en 2010 por el gobierno nacional con el único fin de ir contra la prensa que no controla", aseguraron.

"De hecho, la designación por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el último día hábil de 2014, del fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella (integrante de la agrupación Justicia Legítima, puesto 11° en el concurso respectivo y nombrado fiscal de General Pico, La Pampa), viola la resolución 13/98 de la Procuraduría, que justamente impide que los fiscales subroguen cargos de una jurisdicción diferente a la que ocupan. Sin explicación alguna, la procuradora desplazó al fiscal que venía actuando en la causa, evidentemente porque el objetivo oficial es que la misma avance en una dirección distinta a la que indican las pruebas del expediente", sigue el comunicado. "En efecto, la decisión de imponer arbitrariamente a Gómez Barbella se inserta en la disconformidad del gobierno con la evolución de la causa. El fiscal anterior –cuya designación sí era válida y no se encontraba vencida- consideró que no había elementos que ameritaran una declaración indagatoria, rechazando así la pretensión impulsada por otros miembros de Justicia Legítima que no eran parte en el proceso, como los fiscales Alagia, Auat y Friele, que fueron denunciados penalmente por ello", continúa la presentación.

Sigue el escrito de los abogados de los acciones de Clarín y La Nación: "También en el transcurso de la causa quedó descartado -por el propio vendedor- que se haya pagado un precio incorrecto; se acreditó que la totalidad del mismo fue consignada judicialmente; que hubo negociaciones previas a la firma del contrato; que las detenciones de los Graiver se produjeron entre 4 y 7 meses después de la firma de la venta; y que el objeto de la operación era una planta industrial que no estaba en funcionamiento y que llevó casi 2 años y millones de dólares de inversión inaugurar. Asimismo quedó claro que la conformidad estatal con la operación era una obligación estatutaria de la empresa, lo que fue explicado por los diarios en una solicitada. Y que la venta de la empresa se debió a las exigencias de Montoneros para que los Graiver les devolvieran el dinero del secuestro de los hermanos Born. De hecho está probado que los Graiver –ya en democracia– les devolvieron a los Born varios millones de dólares."

Por último, concluye el texto: "No existe ninguna evidencia para que la venta de las acciones de Papel Prensa pueda ser considerada un delito, y menos aún, un delito de lesa humanidad. Se trató de una operación comercial, lisa y llana, ajena al conocimiento de los tribunales penales."