Delitos de lesa humanidad durante la Guerra Malvinas: piden intervención de la CIDH

Por Rocío Cereijo

El Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata realizó una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de que se permita investigar la comisión de delitos de lesa humanidad durante la Guerra de Malvinas en territorio insular. La medida surge tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 19 de febrero pasado, que determinó la prescripción de la causa por asesinatos, torturas y vejámenes que sufrieron los soldados en el conflicto bélico, durante la última dictadura cívico militar.

En diálogo con la AGENCIA PACO URONDO, el coordinador del equipo jurídico del CECIM-La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, profundizó acerca del contenido de la presentación y destacó la relación entre los crímenes cometidos, tanto en territorio continental como en las propias Islas Malvinas, por parte de las Fuerzas Armadas.

APU: ¿En qué consiste la presentación que hicieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Jerónimo Guerrero Iraola: Es una petición en la que se solicita que se declare la responsabilidad del Estado argentino por Privación del Acceso a la Justicia. Esto es un derecho que está contemplado en los instrumentos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1948 y la Convención Americana de Derechos Humanos. En los artículos 8 y 25, en donde se establece la posibilidad efectiva de peticionar ante las autoridades; íntimamente relacionado con el Derecho a la Libertad de Expresión y el Derecho a la Verdad.

Lo que aquí ha sucedido y que es lo que de alguna manera instrumenta o da lugar a toda este accionar por parte del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas La Plata es que, frente a la actividad de denunciar y de llevar adelante proactivamente una acción penal por la cual se buscaba la investigación, se han encontrado, por parte del poder judicial, límites a esa posibilidad de investigar. Lo que nosotros estamos pidiendo en esta oportunidad no es la condena, sino que se los deje llegar a juicio. La Constitución Nacional, el Código Procesal Penal de la Nación, el Código Penal; establecen que, para poder declarar a una persona culpable hay que sustanciar un juicio de acuerdo a la legislación y garantías. Eso es lo que estamos pidiendo: que nos dejen llegar a juicio.

APU: Entonces, en definitiva, sería como una vía aparte a la Causa que ya está fallada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, no tiene que ver con esa presentación en sí, sino que es para que esa presentación se vuelva a poner en discusión

JGI: Claro, así es. El Sistema Interamericano no es una cuarta instancia; esto es una explicación burda, pero no es que uno va a pedir lo que ya venía pidiendo. Hasta este entonces, ¿qué sucedió?: Había una causa que tramitaba en Río Grande, en donde ya se habían consolidado 74 imputados. A partir de todas las denuncias, se estaba generando la actividad procesal para reunir pruebas y, eventualmente, elevarla a juicio. Se presenta Jorge Eduardo Taranto, con una solicitud de excepción de prescripción y cosa juzgada. El juzgado de Río Grande, con muy buen criterio, establece que, con la prueba reunida hasta el momento había elementos para pensar que se trataba de crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, se debía llevar adelante la investigación y rechaza todas las solicitudes de Taranto. Esto va a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que recoge el criterio del Juzgado y también, con muy buen tino, rechaza la acción, entendiendo que había que llevar adelante la investigación. Taranto presenta un recurso de casación que llega a la Sala Primera de la Cámara Nacional de Casación Pena, que dicta una sentencia contraria a los intereses de las víctimas y la querella. Ahí se presenta el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas La Plata con un nuevo recurso de Casación. La Cámara lo declara inadmisible aduciendo que ya había tratado la temática. Nos vamos por queja a la corte, que tardó tres años en redactar esa sentencia, en la que por una fórmula de puro derecho, desestima el tratamiento del recurso por entender que la resolución atacada no era equiparable a una sentencia definitiva.

APU: ¿Ven algún tipo de relación entre el fallo de la Corte y la marcha del “18 F”?

JGI: Sí, fue justo el día después del bautismo de fuego del Partido Judicial (19/2/2015), para ponerlo en términos de la presidenta. Sí, hay una relación mínima. Malvinas es el último bastión que les queda a las Fuerzas Armadas, con el que pretenden pegarle una lavada de cara a su accionar durante la última dictadura cívico militar. ¿Qué sucede con la postura del CECIM La Plata? Con motivos, pruebas y argumentos suficientes viene a detonar toda esa construcción ética de la gesta de Malvinas como un hecho heroico de las Fuerzas Armadas. La guerra fue, quizá,  el hecho de más cruda desmalvinización; porque implicó un retroceso en todas las políticas que se venían llevando a cabo en el ámbito diplomático para fomentar el diálogo y las relaciones entre Argentina y el Reino Unido en relación al ejercicio soberano sobre el archipiélago. Con mucho cinismo las Fuerzas Armadas han construido un relato a partir de esta idea de la Teoría de los Dos Demonios, que la guerra que ellos llamaron “sucia” la ganaron; porque lograron eliminar al “enemigo interno”. Y desde ese lugar se paran, desde un lugar de construcción casi épico.

APU: ¿Qué tipo de tormentos han podido comprobar a través de los testimonios?

JGI: Estaqueamientos; enterramientos, que consistían en que a algún soldado le hacía cavar un pozo hasta la altura de la profundidad del cuello y enterrarlo y dejarlo muchas horas. Hablamos de  casos de hipotermia y desnutrición, también como un plan sistemático; porque sabemos que los altos mandos tenían los insumos para alimentar a las tropas y no lo hacían. Golpizas; simulacros de fusilamiento; inmersión en agua helada, lo que se llamaba, en algunos casos, “el pozo de los lamentos”, de extremidades o cuerpo entero, dejando a los soldados durante diez minutos, que salían con un estado de hipotermia absoluto. Hay, también, tres casos de muerte por abandono de persona.

APU: ¿Se consideran homicidios?

JGI: El abandono de persona tiene una pena altísima, también. Nosotros lo entendemos como un homicidio, pero si uno lo pudiera caracterizar mejor, sería homicidio por abandono de persona. Son personas que estaban en un estado brutal de inanición, con conocimiento de los mandos de las tropas  y a los que, prácticamente se los dejó morir. También hay casos de picana con teléfonos de campaña.  Además, una cuestión que también hay que puntualizar es que muchas de estas torturas y vejámenes se convirtieron, también, en virtud de un profundo antisemitismo. La DAIA lo ha denunciado y tenemos muchos testimonios, como el de Silvio Katz, que dan cuenta de que había una persecución y un encoro particular con las personas que practicaban el judaísmo. Nos parece un rasgo saliente para caracterizar esta identidad entre el genocidio del continente y el de las islas. Tenemos relatos que son estremecedores y que, también, queremos sacar a la luz. Porque el pueblo tiene que saber lo que sucedió durante la guerra.

APU: ¿Tuvieron acceso a los archivos de inteligencia desclasificados por la presidenta, relacionados con las Islas Malvinas?

JGI: Estamos trabajando en eso. Cuando hablamos de que la memoria, la verdad y la justicia son política de Estado, hablamos de esto. En este momento tenemos esa paradoja: hay cuatro personas que tienen en su poder un montón de causas y tenemos un Poder Ejecutivo y un Poder legislativo que actúan en consonancia con la consolidación de la verdad, la memoria y la justicia como una política del pueblo. La desclasificación que ordenó, tanto el Informe Rattenbach, como de los archivos que tengan que ver con el conflicto de Malvinas, implica verdaderamente la posibilidad de poder acceder a la información oficial, que es de suma importancia para llevar adelante este tipo de investigaciones y para poder reconstruir la historia. También lo que está en juego acá es la reconstrucción de la memoria nacional.La desclasificación nos va a permitir ver los distintos hilos que fueron configurando la trama de la historia nacional.

APU: ¿Consideraron la posibilidad de realizar una suerte de Juicios por la Verdad, con el fin de recabar testimonios para un posterior proceso con efectos penales?

JGI: Tácticas hay muchas sobre la mesa. De esto es más difícil hablar, porque implicaría revelar un poco las estrategias que estamos discutiendo. El objetivo próximo inmediato es lograr que se trate el caso ante la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) y que el Estado asuma la responsabilidad, porque eso nos dejaría la vía expedita para poder desarrollar políticas en conjunto, y poder desarrollar políticas de memoria, verdad y justicia en relación a esta temática.

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