El Estado que demanda el empresariado

Por Francisco J. Cantamutto (*)

Los capitalistas tienen diversas formas de condicionar el accionar estatal, que van desde la extorsión a través de sus decisiones de inversión y contratación de fuerza de trabajo hasta el lobby explícito, pasando por la difusión de ideas y propuestas que les son afines. Sólo en los casos más evidentes y extremos, el capital logra que sus representantes directos formen parte del gobierno, exponiéndose públicamente. Normalmente, el capital busca influir y condicionar las decisiones que se toman sin participar de modo directo, de modo de descargar sobre el Estado el peso político de lo que se decida.

El capital concentrado que opera en el país tiene una larga trayectoria de organizaciones propias destinadas a influir de diversas formas. Las asociaciones corporativas, es decir, las que representan intereses sectoriales tienen una existencia prolongada en el tiempo y no son pocas las veces que entran en conflicto entre sí, como ocurrió en la salida de la Convertibilidad, cuando el Grupo Productivo (Unión Industrial y socios) se desmarcó de la banca extranjera (representada en ABA), las privatizadas (representadas parcialmente en ADESPA y la Cámara de Comercio) y la Sociedad Rural. No pocas veces vimos en estos años a la UIA, la Cámara de la Construcción o las de bancos nacionales (ADEBA y ABAPPRA) apoyando actos del gobierno en primera fila, cuando SRA y socios reclamaban furibundos.

Pero el capital también recurre a agrupamientos más esporádicos destinados a encontrar puntos comunes que sirvan de “acuerdo fundamental”. Lo hicieron al crear la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en 2002, para “promover la importancia de la actividad empresaria” en la economía. Ante el miedo, real o percibido, de avance de las clases populares, reafirmaron su programa mínimo, lo que antes hacían mediante golpes de Estado y ahora por otras vías. Esta lógica se renovó el año pasado con la creación del Foro de Convergencia Empresarial, que reúne 67 cámaras empresariales, representativas de prácticamente todos los sectores de la economía. Este foro es complementario de otro de mayor trayectoria, IDEA, cuya edición del año pasado recuperó todas las propuestas del Foro.

El Estado que reclaman

El lunes 8 de junio presentaron, en un evento público, el documento llamado “El rol del Estado y el buen gobierno republicano”, estilizando sus demandas para el período político por venir. Como han venido explicando en anteriores ocasiones, sus propuestas van más allá de un partido específico que pueda ganar las elecciones, proponiendo lo que llaman “políticas de Estado”, que no es otra cosa que los acuerdos básicos que no quieren que se modifiquen. Por eso han tenido acercamientos con todos los principales candidatos.

Según su visión del asunto, en los últimos años, el Estado habría excedido sus funciones básicas, consensuadas, exceso que habría sido promovido por el afán de un grupo particular, apoyándose en “una mayoría circunstancial” y no en el consenso general. Por este motivo, su afán mayoritario, habrían pasado por encima la división de poderes que el republicanismo defiende, despreocupándose por materia de ética pública: “La soberanía reside y le pertenece al pueblo todo y no a las mayorías circunstanciales”. Aunque esquemático, éste es el discurso que resume su diagnóstico y preocupaciones. Desean, según uno de los expositores, “lo que nos establece la Constitución (…) un capitalismo con rostro humano”.

Explícitamente llaman la atención sobre que es errado asumir que demandan un Estado débil, sin capacidad de intervención. Contra el diagnóstico fácil (y errado) de que el neoliberalismo promovió un Estado débil, pequeño, o su retirada, el empresariado deja en claro que necesita un Estado fuerte, pero cuyas intervenciones sean para asegurar sus privilegios. Desde el punto de vista de la acción política, esto es muy distinto.

El documento se encarga de explicitar la diferencia: Estado no es gobierno, el segundo es una mayoría transitoria, que no puede controlar al primero. Por un lado, el Estado tiene al menos otros dos poderes públicos, donde el capital tiene una influencia más difuminada: el Legislativo, donde encuentra representación de todas sus fracciones, y el Judicial, que defiende sus prerrogativas sin someterse a escrutinio público. El Estado incluye además una multiplicidad de agencias donde el capital ubica cuadros técnicos formados según sus necesidades. El capital de conjunto distribuye así su influencia por diversas vías, y puede aceptar que una fracción (o grupo de fracciones) tenga mayor llegada sobre el gobierno: siempre que este se limite a ese espacio. Por esto defienden a rajatabla la división de poderes, argumentando un republicanismo ético. En un sentido semejante, arguyen mediante la apelación a un constitucionalismo vetusto que es central el respeto del Estado de Derecho: es decir, los acuerdos sustanciales alcanzados por el conjunto, cuestionando cualquier avance particular sobre ese marco general.

Pero incluso más. El documento afirma la necesidad de sostener ciertas contenciones sociales, como –explícitamente- la Asignación Universal por Hijo. El capital no es ciego frente a los contextos políticos: saben que quitar estos resguardos significaría una explosión social, ante el estancamiento prolongado de la inclusión por la vía del empleo (desde 2008 a esta parte, este mecanismo está agotado). El Estado, para el Foro del capital, debe ser fuerte, capaz de intervenir no sólo para garantizar el respeto de la ley sino también para contener cualquier descontento social.

Las dudas comienzan en los avances ulteriores, especialmente en la arena productiva. En su visión del asunto, el Estado –fuerte- debe limitarse a lo anterior. “En una sociedad moderna es crucial mantener claramente diferenciados el rol del Estado del que les corresponde a las empresas. Le cabe al Estado establecer reglas de juego claras y hacer cumplir las leyes, pero más allá de este marco, su injerencia en el ámbito propio de la actividad privada, interviniendo arbitrariamente en la toma de decisiones empresarias lesiona gravemente la economía y obstaculiza el desarrollo económico y social”. Establecidas las reglas, el Estado debería dejar al capital operar, y atender los perjuicios que ocasiona su accionar.

Sus críticas son explícitas respecto de 3 medidas. Primero, la posibilidad de designar directores en las empresas a través de ANSES. Segundo, la Ley de Abastecimiento. Tercero, la nueva Ley de Mercado de Capitales. En los tres casos, las medidas son leídas como la posibilidad de injerencia discrecional del gobierno sobre el capital, y he ahí donde se ubican sus mayores miedos. Atender a este reclamo es una pista de qué ofende realmente al capital: no es la AUH, ni tampoco la inversión a través de YPF o Aerolíneas, como los medios promocionan. En esas empresas, se están realizando actividades que el capital no está dispuesto a costear. El problema es cuando intercede en los espacios donde sí hay negocio rentable.

Una lectura detenida del documento resulta muy importante para las fuerzas populares y progresistas, evitando distorsiones e ilusiones sobre lo que molesta al capital. Y que le preocupa lo suficiente como para necesitar conciliar posiciones de conjunto, aún cuando en sus corporaciones particulares encuentren distancias: si ellos son capaces de encontrar puntos en común… ¿no valdría la pena indagar los nuestros?

(*) Francisco Cantamutto es economista y Maestro en Ciencias Sociales. Nota publicada en Marcha.